La Inspección de Trabajo ha comenzado una nueva campaña para combatir los posibles fraudes laborales realizados por las empresas en materia de contratación. En esta ocasión, el foco se pondrá sobre las Empresas de Trabajo Temporal, comúnmente conocidas como ETT. Así lo había anunciado Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía social, el pasado fin de semana y a comienzos de esta semana el organismo competente se ha puesto manos a la obra. Un total de 4.600 cartas han sido remitidas a estas empresas, afectando a aproximadamente 45.000 relaciones laborales, según los datos aproximados que maneja el Ministerio de Trabajo.
“Esta semana lanzo una nueva campaña desde la Inspección para revisar fraudes en las ETT”, confirmaba Díaz desde Las Palmas, donde celebraba un acto de su plataforma Sumar. “El principio de legalidad se cumple también para las empresas en nuestro país”, espetaba la vicepresidenta, dejando claro que “esto de las empresas grandes o pequeñas se ha acabado” porque “aquí la ley la cumple todo el mundo, por muy grande que sea la empresa". De esta manera, este tipo de empresas, que ya sufrieron un duro golpe tras la aprobación de la reforma laboral, seguirán bajo la lupa de la Inspección.
184.000 trabajadores de ETT
Las empresas de trabajo temporal son aquellas cuya actividad fundamental se centra en poner a disposición de terceras empresas, con carácter temporal, a trabajadores que han sido contratados por ellas mismas. En España existen casi 250 empresas dedicadas a este tipo de actividad y aglutinan más de dos millones de contratos firmados al año. Según los últimos datos de la Seguridad Social, existen algos más de 180.000 personas afiliadas a través de estas empresas, motivo por el que realizar una inspección a 45.000 es una actuación determinante para el sector.
Hace tan solo un año, en febrero de 2022, estas compañías empleaban a 229.513 trabajadores, cifra que noviembre de 2021 alcanzó su cifra más alta según los datos de la Seguridad Social (249.206). Durante ese año récord, último del que se disponen datos, la Inspección de Trabajo realizó en este tipo de empresas un total de 415 actuaciones, de las cuales toparon con irregularidades el 25% (104). Además, el órgano emitió propuestas de sanción a ETT que ascendieron hasta los 404.689 euros.
La contratación a través de ETT, que habitualmente utilizaba el derogado contrato de obra y servicio, se ha reducido notablemente desde la entrada en vigor en enero de 2022 de la nueva reforma laboral. En diciembre se superaban los 242.000 contratos, cifras que ha ido remitiendo hasta situarse en valores actuales que no se conocía desde 2017. No obstante, con la nueva normativa laboral, estas empresas tienen la posibilidad de realizar contratos de carácter fijo discontinuo que, al finalizar un periodo de una empresa, mantenga en suspensión la relación entre contratante y contratado y no conlleve el despido.
Una Inspección concienciada
Desde la llegada de Díaz a Trabajo la Inspección de Trabajo ha incrementado sus actuaciones y, sobre todo, ha centrado su orientación. Si bien la plantilla reclama más recursos y personal, aceptados y negociados con el Ministerio, aunque tiene que ir sumándose progresivamente, lo cierto es que las actuaciones han crecido y han afectado a sectores que habitualmente quedaban alejados del control de la ‘policía del trabajo’. El último caso sonado fue el de las Big Four (Deloitte, PwC, EY y KPMG), sorprendidas a la vuelta de las vacaciones de navidad.
Tan solo hay que atender a las cifras, que muestran que durante el pasado año el órgano realizó un total de 13.450 investigaciones en empresas, que concluyeron con 27.183 infracciones y 38.779 empleos regularizados. Estos empleos por cuenta ajena se encontraban en fraude de ley bajo la figura del falso autónomo, estrategia que ahorra a las empresas costes laborales y deja al trabajador en una situación de desprotección. Más de 80.000 empleos han aflorado desde el inicio de la legislatura, cifras que chocan con las presentadas por el Gobierno de Rajoy entre 2015 y 2017, tres años en los que tan solo se regularizaron 4.522 empleos.
Una de las empresas que habitualmente reciben la llamada de la Inspección, por lo reiterado de sus incurrencias en ilegalidades laborales, es Glovo. La última respondía a la presencia en la compañía de 7.022 falsos autónomos y 833 trabajadores extranjeros contratados de forma irregular, que supusieron una sanción de 56,7 millones de euros que suman ya un total de 205 millones de euros en multas.
