El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha confirmado que está desarrollando un escrito contra Glovo por el incumplimiento reiterado del artículo 311 del Código Penal. De esta manera, la cartera liderada por Yolanda Díaz pretende castigar a la empresa de reparto por ignorar continuadamente los requerimientos de la Inspección de Trabajo referidos a la regularización de trabajadores. La compañía acumula ya 205 millones de euros en multas por contratación irregular, bajo el uso de la figura del falso autónomo.

El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, que ha comparecido para hacer una valoración de los datos del paro conocidos este jueves, ha aprovechado para explicar que, aunque desde el Ministerio ya habían remitido la documentación necesaria a la Fiscalía, ahora reenviarán el nuevo documento que están preparando para incluir los nuevos artículos añadidos en el Código Penal y adaptar su redacción a la legislación actual. Si bien, como señala Glovo, las infracciones por las que han sido sancionados son previas a la nueva legislación, Trabajo considera que la actitud de ‘oídos sordos’ asumida por la compañía a posteriori si podría ser castigada con la nueva legislación.

"Es evidente que las leyes penales no son retroactivas”, ha reconocido el secretario de Estado, pero ha recordado a la empresa de reparto que la nueva redacción del artículo 311 "es muy clara" y castiga "los incumplimientos reiterados posteriores a una exigencia o reclamación por parte de la Inspección de Trabajo". Y estos incumplimientos sí se han producidos después de la aprobación de la nueva legislación. De hecho, Pérez ha recordado que el Ministerio ha advertido "en reiteradas ocasiones" a Glovo por su comportamiento "tenazmente incumplidor" de las leyes laborales.

"No es tan importante cuándo se produjeron los incumplimientos, sino el hecho de que no se reparen, a pesar de que la Inspección insista a la empresa a que lo haga […]. El incumplimiento se produce por no atender a la Inspección de Trabajo y no por haber negado la condición de trabajadores, se haya producido cuando se haya producido", ha señalado Pérez. Para concluir, el secretario de Estado de Empleo ha recomendado a Glovo que aplique "estrictamente el ordenamiento jurídico español" y garantice los derechos laborales y sindicales de sus trabajadores. Esta es la mejor manera de evitar sanciones futuras.

Los responsables podrían acabar en la cárcel

La situación es tan grave que, de continuar con los incumplimientos, ignorando la legislación, los responsables de la compañía podrían enfrentarse a penas de cárcel. Con el nuevo Código Penal en la mano, el delito podría llegar a suponer hasta seis años de cárcel por el abuso de la figura ilegal del falso autónomo. "Ninguna empresa en España, por muy grande o pequeña que sea, se va a quedar al margen de la ley", advertía la ministra la pasada semana, cuando se conoció la última infracción de Glovo.

En esta ocasión, a las habituales infracciones ligadas a falsos autónomos cometidas por la multinacional se añadió la contratación de 813 trabajadores extranjeros de forma irregular, es decir, sin contar con el permiso de trabajo. Los nuevos falsos autónomos destapados por el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social ascienden hasta los 7.022. En suma, el montante de la sanción alcanza los 56,7 millones de euros. Con esta última, la multinacional supera ya los 205 millones de euros en multas.