Yolanda Díaz quiere cumplir con sus objetivos antes de finalizar el 2023 y empezar el nuevo año con buen pie y nuevos horizontes. Dos grandes reformas esperan en la recámara: la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la reforma del subsidio de desempleo. Ambas políticas se encuentran inmersas en el debate del diálogo social y tan solo existen dos fechas posibles para su aprobación. La subida del SMI de este año llegó a mediados de febrero con efectos retroactivos y la ministra de Trabajo y Economía Social quiere evitar que le pille el toro un año más.

Dos martes, 19 y 26 de diciembre, son las ventanas de oportunidad del Ministerio de Trabajo. El Consejo de Ministros, que se reúne el segundo día de cada semana, podría aprobar ambas medidas, vía Real Decreto-ley, cualquiera de los dos días. El final de 2022 sorprendió con un macrodecreto, aprobado el 27 de diciembre, que componía el tercer escudo social lanzado por el Gobierno de coalición. Este proceder podría repetirse estas navidades, apuntando a la fecha más lejana, pero las discrepancias internas y la lucha entre los agentes sociales podría alargar los tiempos y dinamitar el plan de Díaz.

La aprobación previa a la finalización del año sería una buena noticia para las personas más precarizadas, tanto para las que perciben la mínima cantidad legal por el desempeño de su trabajo, como para aquellos desempleados sin derecho a paro que perciben una mínima ayuda para subsistir. Además, el Gobierno podría aprovechar también para transponer la directiva europea de condiciones laborables transparentes previsibles y rectificar los errores de la ley referida a la directiva de conciliación personal y familiar de los progenitores y cuidadores, evitando más tirones de oreja de Bruselas y posibles sanciones a futuro.

La subida del SMI apunta al 4%

Los agentes sociales no consiguen encontrar un punto común sobre el SMI, pero en esta ocasión parece que el principal problema no es porcentaje de subida. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) exige una revisión de las contratas públicas, trasladando a estas lo correspondiente al ascenso del SMI. La competencia corresponde a Hacienda y María Jesús Montero, ministra de la cartera, ha garantizado que esto no sucederá. Trabajo y sindicatos secundan la propuesta de la patronal que, sin indexación de la subida del mínimo salario legal a los contratos públicos, no firmará.

Díaz podría volver a sacar adelante la subida sin el apoyo empresarial. La subida del 4% propuesta por Trabajo no es un problema y, aunque no gusta a ninguna de las partes, estas podrían aceptarla. De ser esta la cantidad, el SMI pasaría de los 1.080 a los 1.123 euros en 14 pagas (1.310 euros en 12 pagas prorrateadas). El aumento anual sería de (de 15.120 a 15.722 euros) de 602 euros, 43 euros al mes (50 en doce pagas).

Los sindicatos la consideran insuficiente y han propuesto un 5%, que elevaría la cuantía anual a los 15.876 euros, lo que significa 1.134 euros al mes (1.323 en 12 pagas) y un aumento de 54 euros mensuales. Por el lado patronal las críticas se centran en la situación de sectores como el campo, que aseguran no pueden asumir con la misma holgura la cuantía, y sugieren un 3%. Este porcentaje elevaría el SMI hasta los 1.112,4 euros al mes en 14 pagas (1.297 en 12 pagas), lo que representaría un aumento de 32,4 euros mensuales.

Subsidio por desempleo

La reforma del subsidio por desempleo, última opción que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) da a los desempleados con el paro agotado antes de pasar al ámbito de las ayudas sociales, también se encuentra en disputa. En este punto, los choques no se están produciendo en la negociación tripartita con los agentes sociales, sino en el seno del propio Gobierno. Nadia Calviño ha decidido presentar batalla antes de abandonar su puesto y encaminarse al Banco Europeo de Inversiones (BEI), pero Díaz se hace fuerte y reclama las competencias.

El Ministerio de Economía propone “recortes” y modificaciones lesivas, aseguran desde Trabajo, cuyo planteamiento es elevar el subsidio de los 480 euros (80% del IPREM) a los 660 euros (110% del IPREM) durante el primer semestre. Durante los seis meses posteriores, la cantidad se situaría en los 540 euros (90% del IPREM) para mantenerse en los 480 euros durante los próximos 18 meses. Los sindicatos consideran la propuesta de Trabajo “insuficiente y parcial” y piden elevar los subsidios al SMI, mientras que la patronal pide extender la protección a los autónomos.

Sobre su duración, Trabajo garantiza que no se reducirá el tiempo máximo de cobro de la ayuda para expulsar a los desempleados a las prestaciones asistenciales de carácter social y que estos dejen de contabilizar en las estadísticas de parados, estrategia que aseguran que defienden desde el Ministerio de Calviño. Otra de las modificaciones es la manera de cálculo del requisito de renta que actualmente atiende a la renta individual. La reforma pretende tener en cuenta a la unidad familiar, siempre y cuando esto sea beneficioso para el posible perceptor.

Más allá de mejorar la cuantía, el departamento de Díaz también apuesta por ampliar los subsidios a los menores de 45 años sin cargas familiares y a los trabajadores eventuales agrarios de comunidades autónomas que no sean Extremadura o Andalucía, dado que ya cuentan con una cobertura específica. Además, también se eliminaría el mes de transición obligatorio antes de pasar a cobrar el subsidio, la revisión pasaría a ser trimestral, aliviando cargas burocráticas, y sería compatible con la aceptación de un nuevo empleo durante 45 días para evitar el temor a la inestabilidad del nuevo trabajo.