La percepción de fondos europeos, en la que España se destaca como el país más avanzado de Europa, depende del cumplimiento de una serie de hitos y objetivos. Uno de los contemplados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es el componente 23, basado en el desarrollo de “nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo”. Como no podría ser de otra manera, una de las materias abordadas es el desempleo endémico y estructural del país y una de las reformas la “simplificación y mejora del nivel asistencial de desempleo”.
La reforma diez del componente es la que está creando discrepancias en el interior del Ejecutivo de coalición y ha enfrentado a las dos facciones que habitualmente discrepan. De un lado, Yolanda Díaz propone ampliar los perceptores del subsidio de 480 euros y, de otros, Nadia Calviño apuesta por una modificación de su cobro que “incentive” la reincorporación al mercado laboral. La apuesta de la cartera económica es la que, aparentemente, el Gobierno ha prometido a Bruselas y la que el Ejecutivo europeo recomienda, pero las palabras del secretario de Estado de Economía y las quejas de los sindicatos han hecho saltar a Trabajo, que se opone.
Fuentes gubernamentales apuntaban a mediados de mes que se había alcanzado un acuerdo con la Comisión Europea relativo a la modificación del diseño de la ayuda. Esta está dotada con 480 euros mensuales para aquellas personas que han perdido el derecho a la prestación contributiva dependiente de la cotización y tiene una serie de requisitos de acceso y cobro. Desde la parte socialista del Ejecutivo no hay ninguna intención de modificar los derechos ni las cantidades de percepción, pero si la distribución de las cantidades.
La idea sería que el receptor percibiera la misma cantidad total que sumaría durante todo el periodo de cobro, pero que esta sea más alta de 480 euros al principio y vaya reduciéndose gradualmente con el paso del tiempo. Economía defiende esta reforma, que adecuaría a España al resto de modelos europeos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) también lo recomienda en su último informe, presionando aún más al Gobierno a seguir este camino.
Atendiendo a ejemplos internacionales también existen variaciones. Italia realiza una reducción progresiva y lineal, mientras que Alemania opta por escalones de mayor diferencia. El objetivo es común, incentivar, sino obligar, a la reincorporación laboral. El problema se presenta al analizar la difícil reincorporación de los parados de larga duración mayores de 50 años, principales perceptores del subsidio. Además, a nivel discursivo expande el discurso de “no quiere trabajar y prefieren cobrar una ayuda”, lo que ha molestado a sindicatos y Trabajo.
No obstante, el único ámbito en el que chocan Economía y Trabajo es la reducción progresiva de la ayuda. Fuentes de la cartera de Calviño han confirmado que están alineadas con el resto de puntos de la reforma: compatibilizar prestación, dar cobertura a colectivos como el de menores 45 años sin cargas familiares que hasta ahora no tenían protección, que haya una cartera de servicios e itinerarios formativos y laborales adecuados al perfil y situación personal del desempleado y demás modificaciones.
“Lo que queremos y compartimos es que todo el sistema se oriente a apoyar el empleo”, apuntan desde Economía. Por el momento, las partes se encuentran en negociaciones, tal y como han confirmado. “A nivel técnico en el seno del Gobierno se está intercambiando documentación para tener la mejor reforma posible, alineada con la reforma laboral, y alcanzar el pleno empleo en esta legislatura”, han zanjado.
Sindicatos protestan
Las organizaciones sindicales han denunciado que este planteamiento pone en duda la “honradez" de los trabajadores y han remarcado que ninguna persona renunciaría a un empleo digno para cobrar un subsidio que ni siquiera alcanza los 500 euros. Desde Trabajo apuntan en el mismo sentido y recuerdan que el 80% de los perceptores de esta ayuda no llegan a agotarla, dado que se reincorporan al mercado antes. Más allá de la posición contraria, CCOO y UGT han expuesto las modificaciones que consideran que deberían llevarse a cabo.
En primer lugar, reclaman una "revisión en profundidad" del entramado de prestaciones asistenciales con distintos requisitos, como edad, tiempo cotizado, cargas familiares, rentas propias, rentas familiares, períodos de espera, búsqueda activa de empleo y compromiso de actividad, que dificultan el acceso y la gestión de las mismas. En segundo lugar, ambas organizaciones han llamado a simplificar “el amplio abanico de subsidios asistenciales existentes, facilitar los criterios de acceso para llegar a más beneficiarios y ampliar la cobertura”.
