Los sindicatos han exigido que se convoque la mesa de diálogo social donde se aborda la protección por desempleo después de las polémicas palabras del secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés. El miembro del Gobierno apuntaba este lunes que “en las próxima semanas” llegaría una reforma del nivel asistencial del desempleo, buscando incentivar la reinserción al mercado laboral y dejando abierta la puerta a sancionar a aquellos parados que rechacen una oferta de trabajo. Este martes, CCOO y UGT han reaccionado conjuntamente.
Las palabras “generan sorpresa”, han reconocido las organizaciones sindicales, que aseguran que “no se ha trasladado propuesta alguna a los interlocutores sociales”. Además, han añadido que las declaraciones de García “no se corresponden con la reforma de la protección asistencial por desempleo que necesitamos”, medida que han calificado como “una necesidad y un compromiso asumido, reiteradamente por sucesivos Gobiernos, e incluida en distintas ofertas electorales y acuerdos de legislatura, que aún no se ha materializado”. Esta reforma, además, está incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El secretario de Estado pretende agravar los mecanismos de control a los parados ante un posible rechazo de ofertas. Incentivar la “reciprocidad en la búsqueda activa de empleo y en la aceptación de una oferta adecuada” es la máxima de García, pero CCOO y UGT ven una falta de respeto lo insinuado por el miembro de Gobierno. Los sindicatos han lamentado que, atendiendo a sus palabras, la prioridad de la reforma del nivel asistencial no es la mejora de las condiciones y acceso a estas prestaciones, sino que ponen en duda la “honradez” de las personas beneficiarias de los subsidios por desempleo.
Los representantes de los trabajadores tienen claro que ninguna persona que cobre un subsidio por desempleo preferiría rechazar un empleo digno y malvivir con 480 euros mensuales como máximo. Además, recuerdan que ya existe una reducción progresiva del desempleo a partir de los seis meses y, tras esto, es cuando se accede a los subsidios que no alcanzan los 500 euros. En esta línea, los sindicatos han dejado claro que no se puede culpar a los trabajadores de fallos del mercado de trabajo que, precisamente, les excluyen.
Por el contrario, los mayores problemas destacados por ambos es la suficiencia de las prestaciones, los vacíos de cobertura, las personas sin prestación, especialmente en personas en paro de larga y muy larga duración, la necesidad de mejorar los resultados de las políticas activas de empleo a las que se destinan una importante cantidad de recursos. “Los niveles de intermediación de los servicios públicos de empleo son bajos y el éxito de las políticas activas, muy mejorable”, recoge el comunicado conjunto.
Además, han recordado que durante la pasada legislatura, el Ministerio de Trabajo anunció la reformulación del sistema de protección por desempleo en su fase asistencial, con cambios en el subsidio de desempleo, simplificando su estructura y facilitando los criterios de acceso para llegar a más beneficiarios y ampliar la cobertura, pero que todavía no se ha abordado.
Propuesta sindical
Más allá de criticar las declaraciones del secretario de Estado, CCOO y UGT han expuesto las que consideran que deberían ser las líneas a seguir para mejorar la empleabilidad y acercarse al tan ansiado pleno empleo. En primer lugar, se antoja necesaria una "revisión en profundidad" del entramado de prestaciones asistenciales con distintos requisitos, como edad, tiempo cotizado, cargas familiares, rentas propias, rentas familiares, períodos de espera, búsqueda activa de empleo y compromiso de actividad, que dificultan el acceso y la gestión de las mismas.
En segundo lugar, ambas organizaciones han llamado a simplificar “el amplio abanico de subsidios asistenciales existentes, facilitar los criterios de acceso para llegar a más beneficiarios y ampliar la cobertura, junto con el refuerzo de las plantillas del SEPE, incluido el número de orientadores y su capacidad de intermediación en el mercado de trabajo para conseguir mejorar la adecuación de la formación y capacitación para el empleo de las personas”.
Los sindicatos comparten con Economía la necesidad de reforzar el sistema de protección social en su conjunto, pero dejan claro que la prioridad debe ser que todos los colectivos que carecen de rentas puedan encontrar prestaciones económicas y sociales adaptadas a su situación particular, con itinerarios de inserción laboral o social. Desde luego, han dejado claro que la reforma “no debe acometerse confundiendo los distintos niveles de protección que ya existen”. "Necesitamos unas prestaciones que protejan a más personas y en mejores condiciones", es el mejor resumen del amplio comunicado de UGT y CCOO.
