El Ministerio de Trabajo ha movido ficha en la guerra abierta que mantienen Yolanda Díaz y Nadia Calviño por el subsidio de desempleo. La cartera comandada por la líder de Sumar apuesta por una subida de la cuantía y un aumento de los beneficiarios que podrían acceder a ella. Por el contrario, fuentes de Trabajo denuncian que la propuesta remitida por Economía plantea una reducción de la duración máxima del subsidio, de 30 a 12 meses, y un descenso progresivo que reduce la cuantía total, lo que han valorado como un intento de recortar.
El planteamiento del Ministerio de Díaz es aumentar el subsidio de los 480 euros (80% del IPREM) a los 660 euros (110% del IPREM) durante los seis primeros meses. Durante el semestre posterior, la cantidad se situaría en los 540 euros (90% del IPREM) para mantenerse en los 480 euros durante los próximos 18 meses. Sobre su duración, Trabajo garantiza que no se reducirá el tiempo máximo de cobro de la ayuda para expulsar a los desempleados a las prestaciones asistenciales de carácter social y que estos dejen de contabilizar en las estadísticas de parados, estrategia que aseguran que otras carteras defienden.
Más allá de mejorar la cuantía, el departamento de Díaz también apuesta por ampliar los subsidios a los menores de 45 años sin cargas familiares y a los trabajadores eventuales agrarios de comunidades autónomas que no sean Extremadura o Andalucía, dado que ya cuentan con una cobertura específica. De sumarse estos colectivos discriminados hasta la fecha, el número de potenciales perceptores aumentaría en 400.000 (152.000 menores de 45 y 250.000 eventuales agrarios), que se sumarían a los 800.000 actuales.
Además, también se eliminaría el mes de transición obligatorio antes de pasar a cobrar el subsidio, la revisión pasaría a ser trimestral, aliviando cargas burocráticas, y sería compatible con la aceptación de un nuevo empleo durante 45 días para evitar el temor a la inestabilidad del nuevo trabajo. Otra de las modificaciones es la manera de cálculo del requisito de renta que actualmente atiende a la renta individual. La reforma pretende tener en cuenta a la unidad familiar, siempre y cuando esto sea beneficioso para el posible perceptor. Con todo, la propuesta debería ser aprobada próximamente y entraría progresivamente en vigor a partir de junio de 2024.
Propuesta de Economía
Por el contrario, el planteamiento del Ministerio de Calviño, que han revelado fuentes de Trabajo, era elevar a 60 años el subsidio de mayores de 52, aspecto al que aseguran que han renunciado. En lo referido a cantidades, Economía defiende situar el subsidio en los 600 euros (100% del IPREM) durante los tres primeros meses y, posteriormente, reducirlo nuevamente a los 480 euros durante el trimestre siguiente. A partir de ese momento, la cuantía comenzaría a reducirse, ubicándose en los 390 euros entre el séptimo y el noveno mes y concluyendo en los 300 euros en el último trimestre de los doce meses planteados.
Esta maniobra supondría reducir la suma total cobrada por el perceptor y situar la media mensual en los 442,50 euros al mes. Además, fuentes del Ministerio de Díaz también aseguran que la intención de Economía era establecer sanciones que incentivasen la reincorporación laboral y combatiesen la economía sumergida. Esto ha sido directamente descartado por trabajo, al considerar el argumento de base clasista, guiado por clichés y estereotípico. En este sentido, se han posicionado en contra de amenazar a los desempleados con perder la ayuda o acosarles unas prestaciones menguantes que no les permita vivir con dignidad, vías que aseguran que pretenden instaurar desde la otra parte.
Además, las cifras no respaldan ese argumento basado en la desconfianza, apunta Trabajo blandiendo en datos. El 80% de los perceptores de desempleo no agotan su cuantía y el 56% encuentra un empleo antes de llegar el final del periodo. El equipo de Díaz defiende las políticas activas de empleo, a las cuales considera más efectivas y motivadoras que ir recortando dinero a personas en una situación precaria.
Bruselas, fondos europeos y competencias
La aprobación de la reforma es clave para la percepción del cuarto desembolso de fondos europeos, al ser esta uno de los hitos del componente 23, y debe de llegar antes de concluya el año. Desde el Ministerio comandado por Díaz continúan defendiendo que las competencias le pertenecen y aseguran que las negociaciones con Bruselas ya se resolvieron hace mucho tiempo, cumpliendo con la línea que defienden. De hecho, revelan que el texto está listo desde hace un año, pero que Economía lo ha bloqueado todo este tiempo.
Las negociaciones internas no han sido sosegadas y las fricciones lo han atrasado todo, pero desde Trabajo ponen en valor su papel en Bruselas y aseguran que todo lo relacionado con el componente 23 ha sido negociado por ellos, poniendo de premisa que no se recortaría en materia de reforma laboral, incentivos de empleo o desempleo. Además, también han recordado que su propuesta es la que consta en el acuerdo de investidura alcanzado entre Sumar y el PSOE.
