El pasado 23 de noviembre el Consejo de Ministros daba luz verde al Anteproyecto de Ley Reguladora para el impulso de los planes de empleo que dará lugar a un cambio sustancial en los productos de jubilación que las empresas ofrecen a sus trabajadores. El Gobierno quiere incluir a los autónomos y pymes en estos planes de empleo que hasta ahora – y sin mucho éxito - ofrecen las grandes compañías españolas.
Un paso más en las pensiones. A las continuas modificaciones que el ministro del ramo José Luis Escrivá está llevando a cabo para reformar el sistema público y hacerlo más sostenible (sobre todo con la amenaza de la jubilación del llamado baby boom) se suma esta iniciativa del llamado segundo pilar de las pensiones. El tercero son los planes de pensiones individuales que tienen más éxito que los de empleo y que con esta reforma legislativa van a acabar en el olvido.
Este es, tal vez, un primer reproche que hace la industria de los fondos. La mejora de los planes de empleo empresariales se va a hacer en detrimento de los individuales que, como en el resto de fondos de inversión los hay buenos y malos, caros y baratos pero que, en general, no ofrecen una rentabilidad adecuada a sus participados. El Ministerio de la Seguridad Social argumenta, además, que los planes individuales cobran unas comisiones muy elevadas que se comen la ganancia posible con el paso de los años. Algo totalmente cierto que también se podría decir de los fondos de inversión y de otros productos como el simple mantenimiento de una cuenta corriente en un banco que goza de comisiones libres. Así, una de las fortalezas de los renovados planes de empleo será que su comisión de gestión no podrá superar el 0,3% de patrimonio invertido.
La forma que ha utilizado Escrivá con el beneplácito de Montero es reducir la cuantía de la desgravación en estos instrumentos individuales (antes 9.000 euros anuales, este 2021 cayó a 2.000 euros anuales y a partir del año próximo solo se podrán reducir 1.500 euros). En dirección contraria, los planes de empleo disfrutarán de una desgravación anual de 9.000 euros (suma de las aportaciones de los trabajadores y de las empresas dentro del acuerdo del convenio colectivo), más otros 1.500 si además se meten en un plan individual.
Con este cambio fiscal, los autónomos podrán desgravar para ahorrar en planes de empleo e individuales un total de 5.750 euros al año (4.750 en empleo y 1.500 en individuales si así lo desean). Una clara discriminación para el autónomo que no tiene quién le aporte.
El Gobierno se podría haber conformado con crear el marco legal para potencial este segundo pilar de las pensiones sobre el tercero, pero ha ido más allá. Crea una Comisión de control especial formada por 17 miembros para monitorizar la gestión de todos los fondos de promoción pública, supervisar a las gestoras y depositarías de los fondos que invierten, controlar la calidad del servicio y aprobar las cuentas anuales. La Comisión estará formada por 9 representantes de la Seguridad Social, 4 de los sindicatos y otros cuatro de la patronal empresarial (CEOE).
También se crea una Comisión promotora y de seguimiento para impulsar los fondos públicos de empleos, diseñar su oferta, seleccionar gestoras y depositarias y nombrar y revocar a los miembros que forman la Comisión de control Especial.
Frente a los modelos de otros países donde el Gobierno se ha limitado a crear el marco legal de los planes de empleo, sus beneficios fiscales, aportaciones y la lógica y necesaria supervisión, en España se ha ido más lejos. Desde el Ministerio reconocen que habría otras opciones de menor implicación, pero han preferido tomar cartas en el asunto para que los planes de empleo sean un éxito.
El mundo financiero es bien tortuoso y creo que el Gobierno ha hecho una apuesta demasiado fuerte. Estos planes de empleo se van a asociar en el futuro –está previsto que se pongan en marcha a mediados de 2022- con el propio Gobierno y eso no es recomendable. ¿Qué ocurrirá si aparecen las pérdidas o las rentabilidades son muy bajas como consecuencia del escenario que vivimos de tipos cero o negativos? Los ahorradores pueden acusar al promotor (Ministerio) de sus malos resultados, mientras en los individuales basta con quejarse a la gestora o cambiar a otro fondo. De todos los riesgos posibles, -amén de interpretaciones más o menos liberales de la economía- es el propio Gobierno el que innecesariamente ha asumido más riesgo.
