El Ministerio de Vivienda, dirigido por Isabel Rodríguez, ha presentado este martes el nuevo índice de precios del alquiler de vivienda con el que se habrá mayor claridad para declarar aquellas zonas tensionadas en las que las comunidades autónomas podrán intervenir en el mercado inmobiliario para bajar los precios.

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha señalado que este sistema, disponible a partir de este martes, permite a partir de ahora “establecer un control de los precios del alquiler que distan mucho de lo que ahora se está cobrando”; es decir, un indicador con el que se medirán los precios máximos y mínimos de una vivienda a partir de sus propias características.

Este índice es homogéneo para toda la geografía nacional, de base tributaria y que se actualizará anualmente, y el cual consiste en un sistema de rangos que parten de cómo sean la superficie del inmueble, su estado de conservación, si cuenta con ascensor y aparcamiento, año de construcción y zonas comunes, entre otras características.

Turno de las comunidades autónomas

El nuevo índice de precios del alquiler ya está disponible para consultar en la web del Ministerio de Vivienda, pero se habilitará un plazo de 10 días hábiles para examinar las propuestas de cara autonomía para establecer el índice de cada zona. Una vez hecho el estudio, y en el caso de que todos los detalles se marquen como correctos según rige en la Ley de Vivienda, se declararán las zonas tensionadas y, dentro del marco legal en torno a uno o dos días, se aplicará el límite del precio del alquiler.

Cabe remarcar que este freno a la subida del precio “sólo” se podrá llevar a cabo si la comunidad autónoma en cuestión solicita declararlo zona tensionada, ya que la competencia en materia de vivienda corre a cargo de las administraciones regionales, según ha remarcado el ‘número 2’ del Ministerio este martes.

Hasta la fecha, tan sólo Cataluña ha reclamado declarar áreas tensionadas 140 de sus municipios. “Invito a otras comunidades a que puedan declarar zonas tensionadas”, ha señalado el secretario de Estado de Vivienda, incidiendo en que Asturias y Navarra ya se han mostrado dispuestas a dar este paso.

En paralelo, desde Vivienda también han subrayado que, al menos por el momento, ni País Vasco ni Navarra podrán tener este índice aún disponible al no hacer podido acceder a través de su Agencia Tributaria a las rentas de los propietarios.

Una vez quede declarada el área tensionada, en las viviendas ya arrendadas, el nuevo contrato de alquiler “estará referenciando al contrato anterior”, lo que se traduce en que se congelará la renta, una vez aplicada la cláusula de actualización anual, que en 2024 está limitado al 3%, por lo que el precio solo podrá disminuir a partir de la negociación entre arrendador y arrendatario y el índice funcionará "solo de referencia" para conocer el valor real del inmueble. 

Al terminar el proceso y, finalmente, se declare una zona mercado residencial tensionado, se publicará en el Ministerio de Vivienda, con carácter trimestral, una resolución en la que se recogerá la relación de zonas de mercado residencial tensionado que hayan sido declaradas de acuerdo con el procedimiento. En la misma, se sumará el periodo de vigencia y otras particularidades que puedan declararse en este área tensionada y que afectarán a la regulación de los contratos.

Los grandes tenedores

El cambio sustancial viene en el caso de que la vivienda sea propiedad de un gran tenedor -con más de diez viviendas o cinco en la misma zona tensionada-, por lo que el precio del nuevo contrato no sólo tendrá en cuenta el anterior, sino que sumará la referencia con el sistema de precios y se valorará "el menor", por lo que, llegados a este escenario, sí que podrán mermar la renta según este índice. 

Asimismo, Lucas ha indicado que para aquellas viviendas en zonas tensionadas que no hubieran estado arrendadas en los últimos cinco años y que se vayan a arrendar también será de referencia el sistema estatal de precios del alquiler.  "Hemos intentado garantizar la seguridad jurídica (...) para que se puedan cuidar de los arrendatarios, principalmente, pero también para que los arrendadores tengan seguridad jurídica", ha recalcado Lucas.

En la situación de los nuevos inquilinos, el secretario de Estado ha subrayado que serán las administraciones regionales las que deberán proporcionar esas informaciones particulares a través de los registros de finanzas. "Es verdad que no todas los tienen implementados [comunidades], pero hay que establecer esa información a través de las comunidades autónomas para garantizar ese acceso a la información a cada uno de los precios de los contratos que tienen cada una de las viviendas para poder seguir referenciando al contrato anterior", ha indicado.

El índice no subirá los precios

Desde Vivienda también han querido remarcar la gran preocupación de la ciudadanía de a pie: ¿seguirán subiendo los precios de los alquileres pese a la aplicación del índice? El Ministerio ha respondido así a la crítica procedente de la Generalitat catalana, donde señalan que este aplicador basado en los rangos provocaría una subida de los precios, ya que el indicador siempre apuntaría al más alto. 

Ante este escenario, en Vivienda han señalado que, en el caso de Barcelona, si una vivienda en un portal inmobiliario puede tener un precio de más 2.000 euros para alquiler, el rango de precios del índice de referencia lo establece entre los 600 y 900 euros. Así, han subrayado que la petición del Govern de establecer el índice catalán frente al estatal o una dualidad entre ambos sistemas, no es posible porque "no pueden estar conviviendo dos sistemas al mismo tiempo".

En este sentido, se ha recalcado que el Gobierno ha buscando con este índice establecer un sistema que "dote de seguridad jurídica" y sirva para controlar las rentas de la vivienda, con el objetivo de que "no se destine más del 30% de los ingresos al alquiler".

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