“Tanto la organización como su presidente se reservan el derecho a adoptar las acciones legales que consideren oportunas”, concluye el escueto comunicado publicado este lunes por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). De esta manera ha respondido la patronal a la información publicada por el periódico La Razón, que señala que el máximo responsable de la CEOE, Antonio Garamendi, ostentó su anterior cargo de presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) como falso autónomo, de igual manera que durante su anterior mandato al frente de la principal organización empresarial española.
El antecesor de Garamendi en CEPYME, Jesús Terciado, llegó a ser imputado en 2014 por cobrar 300.000 euros durante dos años de su presidencia y facturarlos a través de sociedades a su nombre. Este lunes, el periódico desvela que el actual líder de los empresarios utilizó la misma fórmula para percibir su retribución entre 2014 y 2019, periodo en el que ocupó la presidencia de la organización de pymes. Las acusaciones “son absolutamente falsas”, reza el comunicado de la CEOE. Sin embargo, la información publicada alude a fuentes de la directiva de Terciado, que aseguran que Garamendi fue el diseñador de la campaña que derribó a su antecesor y que posteriormente mantuvo el mismo proceder.
Además, en esta ocasión, desde La Razón señalan que Garamendi utilizó sociedades sin actividad empresarial para percibir el cobro, a diferencia de Terciado, que finalmente fue absuelto de los cargos imputados, que utilizó empresas con actividad. La cantidad que Garamendi percibía en aquel momento ascendías hasta los 120.000 euros y, de confirmarse que su facturación se realizó según los procederes denunciados, podría significar que el actual líder de los empresarios estuvo trabajando como falso autónomo durante ocho años (entre 2014 y 2022) hasta su regularización reciente.
La polémica por el régimen de contratación del empresario vasco dio comienzo el pasado mes de febrero, momento en el que se conoció que este regularizaría su situación laboral. Después de cuatro años (entre 2018 y 2022) ocupando el puesto de presidencia de la CEOE con un contrato de autónomo, a pesar de desempeñar un cargo de alto directivo con funciones regulares, la Junta Directiva de la organización anunciaba un “ajuste de condición” para evitar problemas con la Inspección de Trabajo. En aquel momento, de igual manera que refleja el comunicado emitido este lunes, la patronal señalaba a una campaña de “ataque a su prestigio”.
En aquel momento, la CEOE no amenazó con llegar a los tribunales ni se molestó en negar las informaciones que habían transcendido, simplemente señaló que el empresario “estaba pagando todos sus impuestos y cotizando con base máxima” y que “en ningún caso” había incurrido en un incumplimiento normativo. Sin embargo, en esta ocasión la patronal se muestra más dura y niega tajantemente lo publicado, dejando entrever que en la anterior ocasión las informaciones estaban en lo cierto. En esta ocasión, el presidente de la organización de autónomos ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, ha vuelto a salir en defensa de su compañero Garamendi.
“Ni por asomo” es un falso autónomo, asegura, porque “un falso autónomo no se organiza su trabajo, sino que sigue directrices de superiores, y ese no es el caso de Garamendi”, justifica. No obstante, los expertos laborales contactados por ElPlural.com aseguraban ya en la anterior ocasión que, “en parte”, el caso del empresario era “un ejemplo de libro de lo que significa ser falso autónomo”. Además, no podía alegar un desconocimiento de su situación, al ser el presidente ejecutivo encargado de tomar las decisiones de la organización. Esta situación, que la Inspección de Trabajo ya aseguró que investigaría, es muy similar a la que ahora desvela La Razón y niega la CEOE.
Anterior polémica
En la anterior ocasión, fue la propia junta directiva la levantó la liebre, al asumir copmo una de las primeras medidas tras la reelección de Garamendi la regularización de su contratación. Aquel cambio contemplaba un aumento del 9% en la cuantía percibida por Garamendi, en línea con la evolución salarial del resto de la plantilla, y que la totalidad de los rendimientos de trabajo pasaseb a tributar en el IRPF. Además, la propia CEOE pasaba a hacerse cargo, como empleador, de una gran parte de los pagos a la Seguridad Social que, hasta el momento, asumía el empresario como supuesto autónomo.
Todo esto propició la reacción de autoridades políticas y, tras conocerse la noticia, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aseguró que desde Trabajo estudiarían la situación, “como hacemos siempre”, para analizar si la patronal y su líder podrían haber cometido un fraude en la contratación durante años.
