La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha admitido que desde que el 21 de noviembre de 2018 se convirtió en su presidente, Antonio Garamendi (Getxo, Vizcaya, 64 años) ha cobrado y cotizado como autónomo. No será hasta ahora cuando el jefe de los empresarios regularizará su situación laboral, pasando de tener un contrato mercantil que le situaba como trabajador en el régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) a uno como alto directivo con un salario que se aproximará a los 400.000 euros al año.

Garamendi, falso autónomo a sabiendas

Fuentes especializadas en derecho laboral y asesoría fiscal consultadas por ElPlural.com sostienen que,“en parte”, el caso de Garamendi es un “ejemplo de libro” de lo que significa ser un “falso autónomo”. Una situación que habría permitido al máximo responsable de la patronal en negociaciones sobre salario mínimo interprofesional o reforma laboral “facturar y cotizar menos de lo debido”.

Sin embargo, en el caso de Garamendi hay una diferencia esencial con la mayoría de “relaciones laborales camufladas” de este tipo. Al ser máximo dirigente de la CEOE, el ejecutivo vasco no puede simular el desconocimiento de lo irregular de su situación ni de haber cotizado menos de lo estipulado a la Seguridad Social.

“Es un presidente ejecutivo que toma decisiones en la organización”, han admitido fuentes de la patronal a ‘El País’, diario que ha desvelado que Garamendi ejercía como presidente de la patronal a través de “un contrato mercantil como autónomo y emitiendo facturas a la patronal que él preside”. Es por ello por lo que Garamendi “no puede alegar que desconocía su situación”. Es decir, sostener que desconocía el “fraude cometido a la Seguridad Social”. “Es un falso autónomo a sabiendas”, insisten las fuentes consultadas.

La responsabilidad, del conjunto de la Junta

En este sentido, preguntados por ElPlural.com, desde la CEOE amplían la responsabilidad al conjunto de su Junta Directiva: “La remuneración actual del presidente de CEOE, así como su vínculo con la Confederación, ha sido aprobada por unanimidad en el seno de la Junta Directiva, compuesta por cerca de 300 representantes de las organizaciones empresariales miembros de CEOE, de acuerdo con los procedimientos internos y los principios de transparencia”.

Lo cierto es que en sus estatutos, la CEOE afirma en su artículo 18 que su presidente “podrá tener, o no, retribución, y en caso de tenerla deberá ser aprobada por la junta directiva y publicada en las cuentas anuales auditadas”. Aunque eso sí, en su última auditoria, la de 2021, la confederación de empresarios se limitaba a especificar que la remuneración de sus cargos directivos (sumando los sueldos, dietas y otras remuneraciones) se elevaba a 601.000 euros y que el total de las aportaciones realizadas a fondos o planes de pensiones de a favor de actuales miembros de la junta y cargos directivos fue de 35.000 euros. Nada se especificaba, por tanto, del sueldo de Garamendi.

Trabajo investigará y la CEOE se defiende

En declaraciones a este periódico, desde Seguridad Social recuerdan que “la inspección depende del ministerio de Trabajo”. La titular del ramo, Yolanda Díaz, ya ha indicado este jueves que desde Trabajo “estudiarán la situación, “como hacemos siempre”, para analizar si la patronal y su líder pueden haber cometido un fraude en la contratación. 

Pero desde la CEOE transmiten a ElPlural.com que esto no ha sucedido. "Estaba pagando todos sus impuestos y cotizando con base máxima" trasladan. Simplemente, continúan, "es un ajuste de condición" que ha recomendado los servicios jurídicos de la organización para acercar al presidente a figuras como la de los consejeros delegados del sector privado. "En ningún caso", reiteran, ha habido una infracción de ley ni incumplimientos normativos. Por el momento, trasladan que el cambio "está en proceso", por lo que aún no es efectivo, pero "se está realizando”.

Decisión adoptada hace tres semanas

Fue en la junta directiva celebrada hace tres semanas cuando el órgano de gobierno de la entidad decidió regularizar su relación contractual con Garamendi. Para ello se decidió que fuese la Comisión de Control Presupuestario, de la que forma parte Lorenzo Amor (ATA, en representación de los autónomos), la que determinara la forma y cuantía de la retribución de su presidente.

Según algunos de los presentes se esgrimió un informe jurídico que aconsejaba que el presidente pasara a tener un contrato de alta dirección esgrimiendo que un presidente ejecutivo que toma decisiones en la organización “requiere de un contrato de alta dirección” y no puede ejercer de falso autónomo.