Antonio Garamendi comienza el año 2023 con la regularización de su situación laboral y la asignación de un salario de entorno a 400.000 euros. El empresario, que ocupa la presidencia de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) desde 2018, la cual reeditó el pasado noviembre, ha desempeñado su papel durante todo este tiempo enmarcado dentro del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). La nueva junta directiva se ha apresurado a modificar la situación contractual del líder de la patronal, que podría llegar a considerarse que ha estado empleado falso autónomo, aunque salvando las distancias, para evitar problemas con la Seguridad Social.

Nada más lejos de la realidad, transmiten las fuentes de la CEOE consultadas por este periódico. "Estaba pagando todos sus impuestos y cotizando con base máxima" trasladan. Simplemente, continúan, "es un ajuste de condición" que ha recomendado los servicios jurídicos de la organización para acercar al presidente a figuras como la de los consejeros delegados del sector privado. "En ningún caso", reiteran, ha habido una infracción de ley ni incumplimientos normativos. Por el momento, trasladan que el cambio "está en proceso", por lo que aún no es efectivo, pero "se está realizando". 

Así, una de las primeras actuaciones de la junta directiva, presidida por el empresario vasco, será dar de alta a este en el Régimen General de la Seguridad Social. Esta modificación supondrá un aumento del 9% en la cuantía percibida por Garamendi, en línea con la evolución salarial del resto de la plantilla, y la totalidad de los rendimientos de trabajo deberán tributar en el IRPF. Además, la propia CEOE tendrá que hacerse cargo, como empleador, de una gran parte de los pagos a la Seguridad Social que, hasta el momento, asumía el empresario como supuesto autónomo.

La patronal se ha apresurado a resolver una situación que podría incurrir en una irregularidad por la elusión del pago de las cuotas que, además, en el caso de Garamendi se sitúan en las bases máximas por el groso del montante salarial. Así lo han considerado los servicios jurídicos de la CEOE, que han realizado un informe que recomendaba la corrección. Este ha sido presentado por Alejandra Kindelán, presidenta de la Comisión de Control Presupuestario y Financiero, ante la junta directiva y apoyado por unanimidad. No obstante, la relación contractual de Garamendi no será la de cualquier trabajador del Régimen General.

Con su nueva asignación, Garamendi se diferencia de sus antecesores en el cargo, que no recibían ninguna contraprestación directa por su desempeño desde José María Cuevas, que finalizó su mandato en 2007. No obstante, el presidente de la CEOE, de igual manera que otros altos cargos ejecutivos, no tendrá derecho a la prestación por desempleo ni al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). De igual manera, tampoco tendrá derecho a percibir indemnización cuando su relación laboral con la CEOE haya finalizado, es decir, cuando concluya su mandato.

En suma, el empresario vasco seguirá percibiendo una cuantía similar a la que recibía hasta el momento. Previa regularización, Garamendi se embolsaba en torno a 350.000 euros anualmente en conceptos de representación y dietas, con una retención del 35% en el IRPF. Ahora, la remuneración establecida se sitúa en los 400.000 euros, después del incremento del 3% aprobado por la junta directiva a finales de enero y los anteriores de 2022 (3,5%) y 2021 (0,8%), pero una vez descontados los impuestos y las cotizaciones, la cuantía se situará en un valor similar al anterior.