El Gobierno ha anunciado que realizará pruebas PCR obligatorias a turistas procedentes de países con alto riesgo de contagio de coronavirus en los aeropuertos españoles a partir del 23 de noviembre. Sin embargo, parece que la medida no ha gustado al sector turístico, tal y como han denunciado asociaciones, patronales del sector y algunas de las empresas más relevantes.

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Una de estas empresas es la cadena hotelera Meliá, cuyo vicepresidente y consejero delegado, Gabriel Escarrer, ha asegurado a Vozpópuli que "la obligatoriedad de que sea una PCR realizada 72 horas antes en origen puede convertirse en una medida disuasoria", a pesar de celebrar la decisión del Gobierno de aumentar la seguridad en los aeropuertos.

El CEO de Meliá considera que se haría mejor "dando facilidades al viajero que no pueda venir con la PCR hecha para no penalizar aún más al turismo". Así, pide flexibilizar la normativa, que aún no está en vigor, con la realización “alternativa” de test de antígenos en el propio aeropuerto, "muy seguros, rápidos y económicos" según Escarrer.

"Aena debería facilitar al máximo la realización de estos test de antígenos en sus aeropuertos, como otros países. Es, por otra parte, una medida más realista, ya que es imposible controlar desde España que todos los países obliguen a sus viajeros a hacerse los test antes de salir", reconoce en declaraciones a Vozpópuli.

Quejas del sector

Más allá del CEO de una de las empresas hoteleras más relevantes del sector, también la patronal CEHAT consideran que la medida “llega tarde”, además de que “resultaría muy costosa a los viajeros y poco operativa a la vista de los avances que existen ya en pruebas de detección de la covid-19".

El procedimiento consiste en que los viajeros tendrán que indicar en un formulario que disponen de una PCR negativa, realizada 72 horas antes de la llegada. Este formulario podrá ser solicitado en cualquier momento para comprobar el resultado negativo y tendrá sanción en caso de viajar sin ella. El Ministerio de Sanidad solo ha avanzado que las multas irán de los 3.000 euros hasta los 600.000 euros.  

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) pide así al Gobierno que los test sean “rápidos y económicos”, así como un protocolo homogéneo para toda la Unión Europea.

Por otro lado, también la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha pedido al Gobierno replantear la propuesta, con un sistema de test “más eficaz” y pruebas “rápidas y asequibles”, tanto en origen como en destino.