La Dirección General de Consumo, integrada en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha reclamado más información a las principales cadenas de supermercados e hipermercados en España para comprobar que trasladan a los consumidores finales la reducción del IVA al 0% tal y como decretó el Consejo de Ministros el pasado 25 de junio y ratificó el Congreso posteriormente con su apoyo al decreto anticrisis, donde se encuadraba esta medida. La iniciativa es de obligado cumplimiento desde el pasado 1 de julio, por lo que el titular de la cartera de Consumo, Pablo Bustinduy, ha expresado públicamente su preocupación a este respecto.

Consumo se pone serio con el aceite de oliva ante una colección de denuncias, canalizadas a través de la plataforma Facua, que llevan meses advirtiendo de posibles subidas en los márgenes de beneficios de los supermercados en la venta del aceite de oliva, así como distorsiones en los precios. En este sentido, la obligación de la Dirección General de Consumo, integrada en la estructura de la cartera que dirige Pablo Bustinduy (Sumar), pasa por comprobar que la reducción del IVA al 0% se aplica de manera íntegra y alejada de subterfugios por parte de los supermercados.

Cabe señalar que Consumo tiene competencias de actuación sobre estas superficies. De hecho, es el único eslabón de la cadena productiva donde el ministerio puede ejercer cierto control. El Departamento que lidera Pablo Bustinduy ha redundado en que estas competencias tienen una naturaleza temporal, dado que se desprenden del escudo social que aprobó el Ejecutivo para contener el alza de los precios derivada de la invasión rusa de Ucrania. En este sentido, en virtud de la denuncia recibida por la Dirección General de Consumo, se ha puesto sobre aviso a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que pueda contribuir a esclarecer posibles distorsiones en el mercado del aceite de oliva.

La documentación recabada por los organismos pertinentes a lo largo de este proceso de actuación se remitirá, de igual modo, al Observatorio de la Cadena Alimentaria dentro de la estrategia de “transparencia y claridad” en la conformación de precios de los alimentos que está llevando a cabo el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con el objetivo de proteger a los consumidores y medir el impacto positivo de las medidas y políticas públicas adoptadas por el Gobierno.

A través de su perfil en redes sociales, el ministro del ramo, Pablo Bustinduy, ha señalado que esta iniciativa “amplía las actuaciones para asegurar que la bajada del IVA repercute íntegramente en las personas consumidoras y no va en ningún caso a alimentar el margen de beneficios de los distribuidores minoristas”. En este sentido, el ministro magenta ha reiterado en público su “preocupación” por la escalada en el precio de un producto básico como es el “aceite de oliva”, exhibiendo su “determinación” para actuar en caso de que las diligencias realizadas prueben que los supermercados no están aplicando correctamente la rebaja del IVA a las personas consumidoras.

De esta forma, esta nueva acción se suma a las actuaciones realizadas por la Dirección General de Consumo que ya requirió hace unos meses a las principales operadores de distribución minorista toda la información disponible para poder comprobar que se estaba respetando la bajada del IVA al 5% aprobada en el escudo social por el Gobierno.