La Comisión Europea ha trasladado a España sus recomendaciones a través de un informe publicado sobre las políticas fiscales de los Estados miembros. Bruselas ha pedido a España prudencia debido al alto nivel de deuda pública del país, situado en torno al 118% del PIB, al déficit superior al 3% y a los altos niveles de desempleo. Por este motivo, la Comisión ha advertido ha España que “la vinculación de las pensiones a la inflación aumentará el gasto en pensiones”.

Esta posición de Bruselas contrasta con la asumida hasta el momento, que aplaudía las medidas tomadas por el ejecutivo español. Ahora, la Comisión solicita a España un plan de sostenibilidad fiscal que propicie un descenso en el déficit y la deuda pública. Desde Europa se solicita “la introducción de medidas compensatorias que habrán de adoptarse en 2022 en el marco del plan de recuperación”. Su inclusión es “necesaria para mitigar los riesgos para la sostenibilidad fiscal a largo plazo”, concluye el informe realizado por la Comisión.

Relacionado Escrivá: "La sostenibilidad del sistema de pensiones está asegurada”

El texto emitido por la institución europea reconoce que “una reforma del sistema de pensiones pretende mejorar su adecuación, limitando al mismo tiempo el impacto de la demografía en la sostenibilidad fiscal”, pero a su vez pide medidas que garanticen la sostenibilidad fiscal. Algunas de estas medidas son “aumentar la edad efectiva de jubilación, vincular más las cotizaciones y los derechos, reducir la brecha de género en las pensiones, cambiar los incentivos fiscales, modificar el sistema de cotización de los trabajadores autónomos, la ampliación del periodo de referencia para el cálculo de las pensiones y un mecanismo de equidad intergeneracional”.

Aspectos tributarios

A pesar de que Bruselas ha apostado por suspender los límites de deuda y déficit públicos hasta finales de 2023, solicita cambios en las reformas que se están implementando. En materia impositiva, ha destacado que “parece haber margen de mejora al enfatizar en los impuestos que se consideran más propicios para el crecimiento económico y que pueden reducir la gran proporción que los ingresos al trabajo representan en los ingresos totales”.

La Comisión le ha pedido a España que se aproxime a los parámetros impositivos europeos porque los ingresos fiscales “son relativamente bajos en relación con el PIB, con una gran contribución de la fiscalidad laboral”. El porcentaje de ingresos fiscales sobre el PIB se sitúa en España, según los últimos datos conocidos, casi cuatro puntos por debajo del agregado de la UE.