La "prioridad" de la entidad es el esclarecimiento de los hechos y la colaboración con la justicia, ha afirmado Carlos Torres presidente de BBVA, después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón haya acordado este lunes imputar como persona jurídica al BBVA en el marco de la pieza número 9 del caso 'Tándem' por los presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios relacionado con la una operación de espionaje encargada en 2004 al comisario jubilado José Manuel Villarejo.
Asimismo, resalta que ha compartido también con la justicia de manera "proactiva" los hallazgos relevantes de la investigación 'forensic' encargada a Garrigues, Uría Menéndez y PwC. De hecho, subraya que tanto el escrito de la Fiscalía como el auto del Juzgado de este lunes "citan la colaboración activa de BBVA en la causa".
Antonio Béjar, exresponsable del área Inmobiliario del banco, aportó ayer lunes al magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, informaciones relacionadas con la contratación por parte del BBVA, del Comisario Villarejo. Puso a disposición del juez toda la información sobre el área que llevo a cabo la entidad.
Torres: “La condición de investigado no implica, en esta fase preliminar del procedimiento, la acusación formal por ningún delito y, hemos venido aportando información a la causa desde su inicio”
De esta manera, Béjar, ya había anunciado el pasado viernes su predisposición a colaborar con la justicia, por lo que el magistrado prefirió esperar a conocer la información que iba a aportar para tomar una decisión sobre la fianza de 500.000 euros que la Fiscalía Anticorrupción había solicitado al exdirectivo para eludir la prisión. Aun así, cabe destacar que a pesar de la marcha atrás de Anticorrupción, el directivo permanece imputado en la causa por los delitos de cohecho activo y revelación de secretos.
Por lo que, el magistrado ha decidido en esta fase incipiente de la instrucción, no aceptar la solicitud de la entidad de personarse como parte perjudicada por los hechos investigados, y posponer su decisión definitiva sobre esta cuestión a una fase posterior, tal como indica el auto.
