¿Qué tienen en común la trama Koldo, el nuevo circuito de Fórmula 1 de Madrid y los escándalos de obra pública del pasado? Un nombre: Acciona. La constructora dirigida por la familia Entrecanales emerge como un actor recurrente en investigaciones que sacuden a gobiernos del PSOE y del PP. La última sacudida, el caso Cerdán, apunta a pagos millonarios vinculados a adjudicaciones amañadas. Pero esta historia no empieza ni termina ahí.
La sombra del caso Cerdán
El último caso que pone a Acciona en el foco es el que involucra al ya exdiputado socialista Santos Cerdán, investigado por supuestos cobros en metálico a cambio de facilitar adjudicaciones públicas. Según la Guardia Civil, la filial Acciona Construcción habría canalizado más de un millón de euros mediante facturas falsas y sociedades pantalla. Parte de ese dinero, presuntamente, fue entregado en efectivo en un bar de Pamplona a personas del entorno de Cerdán y del exministro José Luis Ábalos.
El nombre del directivo Fernando Agustín Merino, vinculado a la compañía hasta 2021, aparece en el informe de la UCO como la figura interna que habría facilitado los contactos y los pagos. La empresa ha confirmado que Merino ya no forma parte de la plantilla y ha asegurado que colaborará con la Justicia, además de haber iniciado una investigación interna. Pese a ello, los documentos judiciales apuntan directamente a la implicación de Acciona en un esquema de contratos amañados que benefició a altos cargos del PSOE durante la pandemia.
Ayuso entrega el circuito de F1 a Acciona
Casi al mismo tiempo que salía a la luz esta investigación, IFEMA Madrid adjudicaba a una UTE liderada por Acciona la construcción del nuevo circuito urbano de Fórmula 1 en Valdebebas. El contrato asciende a 83,2 millones de euros, una cifra inferior al presupuesto de licitación (111 millones), pero que ha despertado dudas en la oposición por coincidir con la aparición de la empresa en un caso de presunta corrupción.
El proyecto del Gran Premio, impulsado por Isabel Díaz Ayuso, se presenta como un motor económico que generará más de 8.000 empleos. Sin embargo, el recuerdo del Gran Premio de Valencia —prometido como gratuito y que acabó costando más de 230 millones a la Generalitat— planea sobre Valdebebas. En ese caso, también hubo constructoras señaladas, costes inflados y una instrucción judicial que acabó en condenas.
Que una empresa bajo sospecha por pagos irregulares a cargos del PSOE sea la misma que encabeza el proyecto estrella del Gobierno del PP en Madrid no ha pasado desapercibido. Desde la izquierda madrileña ya se han alzado voces que reclaman una revisión urgente de la adjudicación. El riesgo no es solo reputacional: si las pesquisas sobre el caso Cerdán avanzan y confirman la implicación de Acciona como “corruptora”, la constructora podría enfrentarse a inhabilitación para contratar con la administración pública, una medida prevista en la Ley de Contratos del Sector Público.
Veinte años de contratos y controversias
Diversas investigaciones y sentencias judiciales han puesto en evidencia que la implicación de Acciona en prácticas opacas no es un fenómeno reciente, sino que habría comenzado con su participación indirecta en la trama Gürtel. En aquel momento, se descubrió que varias constructoras, incluida Acciona, financiaron eventos y entregaron comisiones a través de sociedades vinculadas a la red dirigida por Francisco Correa. Uno de los puntos más destacados tuvo lugar en el Ayuntamiento de Arganda del Rey, donde altos cargos del Partido Popular habrían amañado contratos públicos a cambio de sobornos en especie, viajes y regalos, con la intermediación de Correa y asociados.
En este sentido, aunque Acciona no ha sido formalmente imputada en la trama Gürtel, su trayectoria está lejos de ser ajena a otros grandes escándalos de corrupción en obra pública. En Aragón, fue una de las protagonistas del caso Plaza, la trama sobre los sobrecostes millonarios en la plataforma logística de Zaragoza. Allí, Acciona acabó reconociendo su responsabilidad civil y pagando 60 millones de euros tras el estallido del caso. La obra, adjudicada inicialmente por 167 millones, terminó costando más del doble.
En aquel caso, varios directivos de Acciona —entre ellos José María Jordán y Miguel Ángel Bretón, vinculados a la UTE junto a la firma MLN— fueron acusados por delitos que van desde la malversación y la falsedad documental hasta el blanqueo de capitales. Los imputados tuvieron que responder con fianzas millonarias (hasta seis millones) y quedaron sometidos a procedimiento judicial, aunque la empresa consiguió limitar su exposición penal mediante el acuerdo económico.
Este episodio convirtió a Acciona en la primera empresa del IBEX 35 en aceptar un acuerdo económico por un caso de corrupción. Desde entonces, su nombre ha reaparecido en investigaciones que afectan tanto al PP como al PSOE. En paralelo, ha continuado siendo adjudicataria habitual de grandes infraestructuras en todo el país, lo que refuerza la percepción de que existe un ecosistema empresarial que trasciende ideologías y gobiernos. Así, Acciona fue adjudicataria de obras en Cataluña, Aragón, Madrid, Valencia y Navarra, muchas de las cuales ahora están bajo sospecha
¿Quién vigila a los contratistas del Estado?
La concatenación de escándalos ha reavivado el debate sobre la relación entre grandes empresas y administraciones públicas. La figura del “corruptor” —la empresa que ofrece comisiones para obtener ventajas— ha sido tradicionalmente olvidada en las investigaciones judiciales centradas en políticos. Pero los informes de la Guardia Civil en el caso Cerdán sitúan por primera vez a Acciona en esa categoría.
Juristas y entidades anticorrupción llevan años reclamando que, además de castigar a los cargos públicos implicados, se tomen medidas estructurales contra las empresas que participan en estos entramados. Entre ellas, la inhabilitación automática para contratar con el Estado durante un periodo determinado, o incluso de forma indefinida en los casos más graves.
