Economía
El senador por Ciudadanos Francisco Javier Alegre, d., se dirige al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro,iz., durante el pleno del Senado. EFE
El senador por Ciudadanos Francisco Javier Alegre, d., se dirige al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro,iz., durante el pleno del Senado
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EFE

Aprobado definitivamente el cupo vasco en el Senado

Su revisión, pendiente de 2011, ha estado plagada de quejas y acusaciones de oportunismo, especialmente por parte de Ciudadanos

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Mié, 13 Dic 2017

El pleno del Senado ha dado este miércoles la aprobación definitiva a la reforma de la ley del concierto económico vasco y del nuevo cupo para el quinquenio 2017-2021, de 1.300 millones de euros, en medio de las críticas de la mayor parte de los grupos políticos a la “opacidad” en su negociación.

Al igual que se hizo en el Congreso el pasado 23 de noviembre, la ley del concierto y la del señalamiento del cupo se han tramitado en el Senado de forma exprés, por procedimiento directo y en lectura única, con los vetos de Ciudadanos y Compromís, rechazados por la mayoría de la Cámara.

Ciudadanos precisamente ha sido foco de las quejas del resto de partidos, que le acusan de oportunismo y populismo y de estar usando el cupo pensando en obtener rédito electoral en los comicios catalanes del próximo día 21.

Durante el pleno, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha subrayado que el concierto y el cupo vasco son “el reconocimiento de las singularidades de España” y no un motivo de agravio ni de privilegio.

El cupo es la aportación que hace Euskadi cada año a las arcas comunes del Estado por las competencias no transferidas al Gobierno autonómico, como infraestructuras, defensa y representación exterior. Su revisión, pendiente desde 2011, ha llegado justo cuando está estancada la negociación de la financiación autonómica de las comunidades de régimen común, todas menos Euskadi y Navarra, lo que ha provocado malestar en varias autonomías e incluso entre expertos en la materia.

A unos y a otros se ha dirigido Montoro para señalar que no se puede comparar el sistema foral con el de régimen común y para negar que el cupo suponga privilegio alguno para los vascos, que, según ha incidido, pagan impuestos más elevados que la media. Tras admitir que a él también le hubiera gustado que se aprobara ya la financiación autonómica, ha dicho que no ha sido posible, entre otras cuestiones, por la crisis catalana.

Reproches al Gobierno

En el turno de portavoces, muchos de los grupos han reprobado la forma en que se han llevado las negociaciones del cupo, mediante un acuerdo bilateral entre los gobiernos central y vasco, tal y como marca la ley.

Iñaki Oyarzábal, del PP, ha defendido el procedimiento y ha criticado la “irresponsabilidad” de Ciudadanos al intentar, con su discurso lleno de “falsedades”, sembrar dudas “de un modo miserable” entre los españoles y las diferentes comunidades “para ver si rasca algún voto”.

La senadora del PNV María Dolores Etxano ha negado la “falsedad” de que Euskadi no aporte a la solidaridad interterritorial y ha explicado que con el cupo está establecida en el 6,24 %, superior al 4,5 % que representa la comunidad en población o al 6,1 % que significa en riqueza.

Juan María Vázquez, del PSOE, ha advertido de que la sensación de “opacidad” hace pensar en otros “acuerdos asociados, no públicos e inconfesables”, que podrían tener “contrapartidas beneficiosas” para una y otra parte, al tiempo que ha reprochado el “discurso del agravio” de Cs “sembrando dudas” de manera “tan oportunista como irresponsable”.

Desde Unidos Podemos, María Concepción Palencia ha criticado la “opacidad” en el cálculo del cupo, pero también la postura “profundamente irresponsable e inconstitucional” de Cs.

Ha sido después de la intervención del senador de Ciudadanos Francisco Alegre, que ha calificado de “vergonzoso apaño” el cálculo quinquenal realizado del cupo, así como la manera exprés de tramitarlo, “para hurtar un debate sosegado”.

Por su parte, el senador de Compromís Carles Mulet ha recalcado que su partido no quiere entrar en ese “pasteleo” con el que considera que el Gobierno está aprobando un nuevo sistema para el País Vasco a cambio del voto del PNV a favor de los próximos presupuestos generales del Estado.