El PNV quiere que la nueva Ley de Memoria Democrática garantice que, antes de que se cumpla un año de su entrada en vigor, se devuelva a las instituciones vascas toda la documentación que les fue incautada por el régimen franquista.

Así consta en una de las cinco enmiendas que los nacionalistas vascos han registrado al proyecto que se tramita en el Congreso y con las que también busca que garantice el ejercicio del derecho de restitución a particulares de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil.

El grupo parlamentario que capitanea Aitor Esteban defiende la necesidad de "reparar la expoliación con fines de represión" llevada a cabo por el franquismo. Por eso exige la devolución de la "documentación oficial" incautada al Gobierno de Euskadi, las diputaciones forales y sus "entidades dependientes en tiempo de la II República y el exilio" que, recalca, "forma parte del patrimonio colectivo de la sociedad vasca, a la que sus instituciones representan".

Partidos y sindicatos

Además, sugiere el establecimiento de nuevos plazos para el ejercicio del derecho de restitución a particulares de los documentos que les fueron incautados y que la nueva ley deje claro que los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones vinculadas a los mismos podrán reclamar "todo tipo de efectos, entre otros, enseñas, emblemas y banderas que se conserven en cualquier dependencia u órgano de la Administración General del Estado y su sector público".

El PNV plantea también que se introduzca una nueva disposición con el objetivo de garantizar que el derecho de acceso a los fondos documentales depositados en los archivos públicos no se vea limitado por la Ley de Patrimonio Histórico Español.

También Junts ha registrado sus enmiendas al proyecto del Gobierno para que se declare "ilegal" el golpe de Estado de 1936 y "fascista" el régimen que instauró, para que se indemnice con 60.000 euros a las familias de las personas que fueron ejecutadas y se aprueben pensiones para los represaliados y para que sus legítimo dueños o sus descendientes puedan recuperar el dinero republicano expoliado.

Polio y terrorismo de Estado

El partido de Carles Puigdemont también busca que se repare a los gobiernos catalán, vasco y valenciano por "los daños causados en sus patrimonios" por el régimen y que se reconozca como "negligencia" la "falta de prevención y tratamiento en las enfermedades de la Polio y la Talidomida".

Junts demanda, asimismo, que se ponga el foco "en la represión sufrida por el colectivo LGTBI" y que se investigue "el terrorismo de Estado y la violencia organizada fascista".

Finalmente, y a pesar de reconocer que se trata de un hecho anterior a la dictadura, esta formación solicita incluir en la ley "una reparación por los daños causados en la población amazigh (bereber), por parte del Ejército español con armas químicas".