El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparecerá mañana en el Senado para exponer las líneas generales de su departamento en una sesión que se enmarca en plena polémica por los relevos en la cúpula de mando de la Guardia Civil y el cese fulminante del coronel Diego Pérez de los Cobos, y tras las peticiones de dimisión de los principales partidos de la oposición.

El 23 de abril, en la sexta semana bajo el estado de alarma por el coronavirus, Grande-Marlaska acudió al Congreso para explicar a los diputados su política al frente de Interior durante esta legislatura.

Por entonces tuvo que defender la gestión de la Guardia Civil en lo referente al rastreo de bulos tras las polémicas declaraciones del general José Manuel Santiago, portavoz de este Cuerpo en el gabinete técnico de Moncloa, acerca de combatir falsas informaciones que afectaban al Gobierno. Luego matizó que se refería a instituciones del Estado.

Grande-Marlaska defendió en el Congreso su política de multas bajo el estado de alarma por el Covid-19 --se han propuesto más de un millón de sanciones-- frente a la tesis de la Abogacía del Estado, que cuestionó el procedimiento.

La destitución el domingo --previa llamadas de mandos y de la directora de la Guardia Civil-- de Diego Pérez de los Cobos fue acogida con numerosas críticas dentro de la Guardia Civil y también por parte de los principales partidos de la oposición.

El coronel, que estaba al frente de la Comandancia de Madrid cuando se investigaba judicialmente la manifestación del 8M y el inicio del contagio de coronavirus, ha estado vinculado a la Secretaría de Estado de Seguridad desde la etapa de Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro del Interior y fue asignado coordinador policial para impedir el referéndum independentista del 1-O.

El PP solicitó que restituyera en el cargo al coronel Pérez de los Cobos y que se "marchara si le quedaba algo de dignidad", lo mismo que exigió Vox, que además anunció una querella por estas supuestas injerencias. Ciudadanos cuestionó la versión del Ministerio y acusó al Gobierno de querer una "administración servil" por los ceses sin justificación. La oposición preguntó si ordenó que se presionara al entonces jefe de la Guardia Civil en Madrid para conocer detalles de la investigación sobre el 8M.