La carretera D-900 atraviesa Les Perthus, un pueblo fronterizo mitad español, mitad francés, aprovechando que éste es el paso a menor altura de los Pirineos Orientales. Aun así, la carretera, que discurre casi paralela a la autopista francesa A9, no es apta para sensibles. Está mal asfaltada, tiene un arcén estrecho y las curvas se suceden unas tras otras. Por aquí cruzaron cientos de ciudadanos anónimos la frontera francesa para visitar imprentas y almacenes para colar en España material ilegal. No hablamos del franquismo ni de la impresión de pasquines. El peluquín de Carrillo no aparece en esta historia y hace tiempo que Radio París dejó de emitir. Es septiembre de 2017 y Cataluña está realizando la mayor burla a los servicios de inteligencia españoles.

Bruno Salvador es el francés que se encargó de imprimir “6 millones de papeletas” y recibió el encargo “una semana antes del referéndum”. Lo hizo en Salvador Imprimerie, la imprenta que regenta en el pueblo francés de Elna, en la Cataluña francesa, a 13 kilómetros de Perpiñán. Dice que a los independentistas les cobró sólo 10.000 euros porque les hizo un descuento “por solidaridad” porque “al fin y al cabo yo también soy catalán” y apenas ganó dinero: sólo el material de las papeletas valía 8.000 euros-

Por si semejante despliegue no fuera aún lo suficiente evidente, Salvador ha reconocido a El Confidencial Digital que nunca llegó a almacenar las papeletas del referéndum en su imprenta. En realidad, con el diálogo con un intermediario, voluntarios acudían al negocio y “se llevaban poca a poco las papeletas que imprimíamos a lo largo del día”. Desmiente así la información de la prensa francesa que señalaba que, de golpe, se llevaron los 6 millones de papeletas con los que cruzaron la frontera.

Cualquiera de las dos opciones deja en muy mal lugar al Estado español. La primera, porque la frecuencia continua de ciudadanos catalanes visitando un municipio francés de 8.000 habitantes debería haber alertado a los servicios de información españoles. La segunda, porque tal volumen de transporte en un solo día debería haber hecho lo propio.


El Centro Cívico de la Sedeta, en Barcelona, celebra la finalización de la jornada de referéndum del 1-O. EFE

Aun así, lo de las papeletas podría habérsele pasado a los servicios de inteligencia de cualquier país, incluso si ese país es la cuarta potencia europea o la duodécima a nivel mundial, tal y como presumen sus dirigentes. Pero lo de las urnas es un fiasco para el Estado español y un triunfo organizativo del independentismo catalán que se estudiará en las clases de Historia.

Las famosas urnas que provocaron la mofa en Internet tuvieron su origen en esa misma fuente. De manera online se encargaron 10.000 urnas de plástico a la empresa asiática Smart Dragon Ballot Expert, a través de Aliexpress, el Amazon chino, para que fueran también enviadas a Elna. Había que distribuirlas en casi 1.000 municipios catalanes con un total de 2.315 puntos de votación. Y cada punto de votación tenía a tres o cuatro voluntarios que dependían de un organizador.

Del nivel de organización, al menos la Guardia Civil debería haberse dado cuenta ya durante la Operación Anubis, cuando los voluntarios dieron un ejemplo de sus modus operandi, cuando rodearon la Conselleria de Economía y la Agencia EFE lo contaba así: "Y, a medida que avanzaba el día y crecía el número de asistentes, la Guardia Civil constata que la protesta estaba coordinada y organizada, incluso con avituallamiento y con voluntarios que formaron una cadena humana para permitir la salida del edificio de las autoridades y trabajadores, pero no de la comitiva judicial". 

Entre los activistas y el resto de grupos, nadie sabía lo que hacían los demás para evitar filtraciones. Se llegaron a dar casos en que los que estaban implicados no contaban lo que hacían ni a sus parejas. Poco a poco, iban a recoger las urnas y las papeletas en sus coches particulares o en las famosas furgonetas blancas; esas furgonetas que hoy hemos visto a los Mossos d’Esquadra cargando con urnas. Unas operaciones que se hacían en polígonos industriales o puntos discretos, que después movían por el territorio escondidas en bolsas de basura. Llegaron a los municipios y fueron ocultadas durante días en talleres, negocios privados, incluso iglesias…

 

Como ya adelantó El Plural, en la Guardia Civil había inquietud porque se fuera a votar en parroquias y sacristías. Si alguien detectó urnas en iglesias, esto fue lo más cerca que los servicios de información estuvieron de localizarlas. O casi. En El País, un alcalde del Empordà contaba el mal rato que había pasado cuando viajaba en una de las furgonetas, cargada hasta arriba con material de población, y fue parado por la Guardia Civil. Ni registro, ni identificación como alcalde… Sólo le pidieron indicaciones para llegar a un pueblo. “Se habían perdido. La verdad es que iban muy perdidos y no conocían ni el territorio”.

Es una buena muestra de lo perdidos que han estado los servicios de información, que sospechaban que las cajas de balotaje podían estar en el sur de Francia -cuando ya estaban en España- pero también en Andorra o en algún país bálticos. Hasta el punto de que, de 10.000 urnas, los cuerpos policiales sólo consiguieron confiscar cuatro, y cuando estaban ya llegando a un colegio electoral.

Nadie niega el nivel de organización de los independentistas. Omnium Cultural casi ha triplicado sus socios desde 2010, hasta llegar a los 68.000, que están infiltrados en importantes instituciones como ayuntamientos, empresas o colegios. Este mes de agosto pidieron a sus socios que pagaran una cuota extra equivalente a todo un año de membresía para pagar el referéndum del 1-O.

Ahora, la cuestión es saber qué falló en los Servicios de Inteligencia Españoles. ¿De verdad no se enteraron de todo este ir y venir de urnas y papeletas en furgonetas? ¿Nadie se ha planteado dimitir ante semejante ineptitud? ¿O no hay ningún cargo político en Vicepresidencia que fuerce ceses? Otra opción sería que sí se hubieran enterado de algo, por poco que sea, y hubieran dado aviso a sus superiores políticos, siendo ignorados. A preguntas de este periódico en la Guardia Civil, nos señalan que miremos hacia el Ministerio del Interior. En el CNI nadie quiere hablar, pero de seguir el criterio, señalarían a la Vicepresidencia del Gobierno. Ahí quien tendría que dimitir sería un político y, por relación con el desastre, serían Juan Ignacio Zoido o Soraya Sáenz de Santamaría... y eso ya es más difícil.