l runrún viene de lejos, pero los hechos siguen alimentándolo. El anuncio de la Consejería de Medio Ambiente en Castilla y León de avanzar en la implantación de cámaras de videovigilancia para detectar el fuego en los montes de la comunidad autónoma provoca en los vigilantes de incendios el creciente temor a que los aparatos no sean complementarios, sino sustitutivos de sus puestos de trabajo.
Los llamados “escuchas” —quienes vigilan kilómetros a la redonda en jornadas interminables desde sus torres enclavadas en lo más alto y profundo del medio natural, anclados a una emisora de radio a través de la que alertan al centro provincial de mando del humo que avistan en sus prismáticos— sospechan que las intenciones de la Consejería de Medio Ambiente no son las de ubicar cámaras en su entorno para ayudarles en su cometido, sino para ocupar su lugar y destruir sus empleos.
Un millón y medio de euros en cámaras para Segovia
Lo cierto es que Medio Ambiente ha publicado en diciembre en la Plataforma de Contratación del Estado la licitación para el suministro e instalación del sistema de videovigilancia, detección y seguimiento de incendios forestales en la provincia de Segovia por un importe de 1,5 millones de euros. El plazo de presentación, señalaba la convocatoria, finaliza este 20 de enero de 2025.
El sistema comenzó a implantarse en 2006 en Soria y se ha ido implementando progresivamente en las provincias. La Consejería, que firmó un acuerdo con los sindicatos en septiembre de 2022, después de los gravísimos incendios de Zamora, para extender la temporada de contratación de los vigilantes del verano a todo el año, explica que las cámaras “permiten ofrecer imágenes los 365 días del año y las 24 horas del día”.
Es difícil estimar cuántos sueldos de escuchas durante cuántos años cubriría el millón y medio de euros que cuesta el sistema de cámaras que se va a instalar en Segovia, pero es fácil calcular que diera para muchos salarios, más allá de las 25 personas que componían el equipo de torres de vigilancia en esta provincia en 2024 de las cuales solo se incorporaron 20 tras la denuncia que provocó el cierre de 5 de las 13 torres este verano por parte de la Inspección de Trabajo debido a vicios de seguridad.
Un sistema “eficaz” controlado desde los puestos de mando
El objetivo de la instalación de cámaras, que Medio Ambiente defiende como “eficaz” parece claro. “La previsión es que sea”, dice la Consejería, “junto con las alertas del 112, el principal sistema de detección de incendios forestales”. Y añade, al final: “junto con los vigilantes de los puestos fijos”.
El sistema, como la propia Consejería explica, se gestiona desde los centros de mando por medio de un software que facilita la programación de las cámaras de las diferentes ubicaciones para ofrecer imágenes en tiempo real. Añade la Junta de Castilla y León que evita las falsas alarmas y el despliegue de medios innecesario y permite geoposicionar el punto, así como la visualización del incendio y zona afectada. El objetivo, finalmente, es “ampliarlo a toda la comunidad” para “cubrir el mayor porcentaje posible de superficie”.
La versión oficial es que, estudiada la visibilidad de los puestos de vigilancia existentes del operativo y localizada la superficie sobre la que no se tiene una observación directa, “se han buscado las ubicaciones más interesantes de modo que se mejore y aumente el total de superficie observada”.
171 torres y 403 personas solo unos meses
Desde la Consejería se afirma que, a pesar de que los trabajadores que ocupan los puestos de vigilancia durante el verano —403 personas en 171 torres— siguen sin estar contratados todo el año, se están cumpliendo los acuerdos del diálogo social con respecto a este colectivo.
Medio Ambiente fía a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo que esos empleados dejen de ser temporales y, por tanto, dejen de trabajar únicamente durante tres meses y medio, cuatro o diez, dependiendo del caso, siendo avisados mediante “llamamientos extraordinarios”, con escaso tiempo de reacción, cuando se les necesita.
Despidos y casetas de obra
Fuentes del colectivo tildan de “patético” e “increíble” que la Junta de Castilla y León gaste un millón y medio de euros en “cámaras que dan fallos y no sustituyen al ojo humano ni de broma en donde se están usando, en vez de arreglar las torres que la Inspección de Trabajo cerró el pasado verano e invertir en personas y operativo”.
Estas mismas fuentes afirman que, en cambio, “se está mandando a la gente a la calle, o se los tiene en casetas de obra” y rechazan que se esté cumpliendo lo acordado en el pacto del diálogo social que se firmó después de los incendios de la Sierra de la Culebra.
