"Es todo una performance, propaganda, mentira, con sólo dos objetivos: contraprogramar al presidente de la Junta en la firma del acuerdo para salvar Siro junto a la ministra en Madrid, y darle argumentos a Olona en la campaña andaluza".

Esta es la máxima que, finalmente, han lanzado los sindicatos UGT y CCOO durante una comparecencia conjunta en Valladolid, cuando termina la semana del aciago lunes en el que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, compareció con su consejero de Industria y Empleo, Mariano Veganzones, también de Vox, para anunciar un recorte de 20 millones de euros a empresarios y sindicatos de la comunidad autónoma destinados a programas relacionados con el diálogo social, justo a la misma hora en la que estaba a punto de celebrarse el acto de firma del acuerdo para salvar los empleos de 1.700 familias de la galletera Siro en Madrid, a la que asistía el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, junto a la ministra de Industria, Reyes Maroto.

"Estos indocumentados", lanzó rotundo el secretario general de CCOO en Castilla y León, Vicente Andrés, en referencia a los miembros de Vox en el Gobierno, "vienen, con su política salvaje de persecución, a destruirlo todo, y empiezan por el diálogo social, que es una forma de libertad participativa".

"Estamos ante una amenaza seria a la que vamos a resistir, pero la llave la tiene el presidente Mañueco", continuó, "porque estamos haciendo el ridículo en el conjunto del planeta, damos una imagen pésima, y se supone que los dos grupos políticos que conforman el Gobierno tienen aparentemente discursos contrarios, incluso con respecto a la violencia de género, que los otros llaman intrafamiliar, así que no pueden convivir".

Por este motivo, los sindicatos de Castilla y León pidieron al presidente de la Junta que destituya a los consejeros de Vox y gobierne en minoría, con apoyos de los partidos de la oposición, PSOE, Ciudadanos, Podemos, y las formaciones locales con representación en el Parlamento Autonómico, para "construir la Comunidad Autónoma sobre la base del consenso, y no sobre la confrontación civil".

Actuar en el ámbito nacional e internacional

Los sindicatos de Castilla y León advirtieron de que si "la muerte del diálogo social" saliera adelante, algo sobre lo que se muestran escépticos, acudirían a organismos nacionales e internacionales como el Comité de las Regiones de Europa, que el "padre" del diálogo social en Castilla y León, el ex presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, llegó a presidir; a la OIT, en Ginebra; al Parlamento Europeo; al Consejo Económico y Social y a comunidades autónomas del entorno, así como a centros de trabajo, para explicar lo que es Vox, y, en caso de que Mañueco confirmara lo que ha dicho su vicepresidente, "lo que es la Junta de Castilla y León, incluido el Partido Popular".

El vicepresidente y los consejeros de Vox, dicen, no están cumpliendo con lo que prometieron en su toma de posesión: el respeto a la Constitución y las leyes, ni con el Estatuto de Autonomía, que oficializó la Ley del Diálogo Social en 2008.

Sobre el consejero de Industria y Empleo, Mariano Veganzones, el secretario general de UGT, Faustino Temprano, señaló que "nos llama antiobreros, y hay que recordar el recorrido de cada personaje, porque él nos llamaba cuando estaba en puestos técnicos para que solucionáramos los problemas de los trabajadores".

"Ahora", añade Vicente Andrés, "ven comunistas por todas partes, después de 35 años de gobiernos del Partido Popular en Castilla y León, como si esto fuera el Soviet, una distopía".

Los sindicatos consideran que "hay un total desconcierto en el Gobierno de la Junta, el portavoz no sabe qué contestar, porque están desbordados con Vox, y saben que cargarse el diálogo social afectaría a la historia personal del presidente como destructor de un modelo", pero, afirman, "el partido se está jugando en este momento, entre ellos, a ver cómo salen del paso, y tienen que definir si es un bulo o  una manipulación".

Los datos

Temprano y Andrés cifraron la gestión de sus programas de servicio público, concertados con la Junta de Castilla y León, en concurrencia competitiva y según los criterios técnicos de la administración.

"El dinero que la Junta de Castilla y León transfiere a patronal y sindicatos no se queda en patronal y sindicatos, sino que se vuelca directamente en la sociedad", señalan.

En 2004, los sindicatos plantearon la Ley de Servicios Sociales y Dependencia. Como consecuencia, 125.000 personas mayores son atendidas por el sistema público o concertado. Otras 15.000 recibieron la Renta Garantizada de Ciudadanía hasta que entró en vigor el Ingreso Mínimo Vital del Gobierno de España, y gestionaron 10.000 empleos públicos en ayuntamientos de Castilla y León; negociaron las tasas universitarias, los Erasmus, las condiciones de los autónomos y las ayudas a las empresas de la Comunidad, los comedores escolares y programa madrugadores para los alumnos y alumnas de Castilla y León que benefician a otras 40.000 personas.

Temprano recordó que hay 18 acuerdos vigentes del diálogo social que hay que renovar cada año, pero siguen esperando a que el consejero de Industria de Vox les convoque a una reunión, y han solicitado tres al presidente de la Junta, en abril, mayo y en estos últimos días, a las que no han recibido respuesta, mientras hay 300 millones de euros, aprobados en la prórroga de los Presupuestos 2022, que afectan a desempleados y contrataciones de los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma "que están en el limbo" y se van a perder.

"Tratan de construir su sociedad con libertades limitadas, pero nosotros somos sindicatos libres", y "ellos aspiran a un sistema franquista sin Franco", concluyó Andrés. "Si quieren volver al sindicato vertical, que lo digan".