Vicent Marí, presidente del Consell d’Eivissa, sigue en el ojo de la tormenta. El dirigente del Partido Popular, al que la Fiscalía Anticorrupción le acusa, presuntamente, de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y coacciones, recibía este jueves un capote de la justicia, que aceptaba que este declare después de las elecciones municipales de mayo -según han informado fuentes próximas al proceso, la citación inicialmente prevista para el pasado 9 de febrero ya se trasladó a marzo, pero finalmente esa fecha también ha sido suspendida y se ha señalado la declaración del político para el 2 de junio-. Sin embargo, las buenas noticias para Marí han durado poco, puesto que este sábado, en vísperas de la presencia de Alberto Núñez Feijóo en Ibiza, el Partido Socialista de las Islas Balares (PSIB-PSOE) ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza solicitando personarse como “acción popular” en la causa.

Así lo ha manifestado este sábado la portavoz de los socialistas, Pilar Costa, tras la reunión celebrada por el Comité Insular de la Federación Socialista de Ibiza (FSE-PSOE). De esta manera, según ha defendido Costa, el partido ha tomado esta decisión por la “necesidad de defender” el interés general “frente a las graves acusaciones contra Vicent Marí por prevaricación, tráfico de influencia y coacciones a un alto funcionario del Consell Insular”.

Además, la portavoz de los socialistas balares también ha recordado que fue el PSOE quien alertó, en un primer momento, de los hechos ante la Oficina de prevención y lucha contra la corrupción en las Islas Baleares en 2020, quien después lo denunció ante la Fiscalía, que es quien finalmente ha presentado la querella contra Marí por el vídeo ‘La Vida Islados’.

De esta manera, Costa ha reclamado al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que este domingo estará en Ibiza, y a la presidenta popular balear, Marga Prohens, a pronunciarse sobre los hechos. “Tienen que decir si creen que la ciudadanía merece saber qué está pasando, o si piensan que este asunto se puede tapar hasta después de las elecciones como si una imputación por corrupción a un presidente no tuviera la más mínima importancia”, ha subrayado.

Desde el PSOE tildan los hechos de “enorme gravedad” al ser un contrato adjudicado a dedo, por 250.000 euros, por decreto de presidencia y “aprovechándose” del estado de alarma durante la pandemia sanitaria para, presuntamente, “beneficiar a una determinada empresa con vínculos con el PP”.

El PP reacciona atacando al PSOE: “No les importa la verdad”

Tras conocerse las intenciones del PSOE, el PP del Consell de Ibiza, como era fácil de prever, ha reaccionado atacando y asegurando que esta decisión constante que "los socialistas han decidido que su única campaña en Ibiza va a ser la judicial", que “no aporta absolutamente nada desde el punto de vista judicial” y que “muestra claramente que el único objetivo es practicar el juego sucio, sometiendo al presidente a un juicio mediático con el único objetivo de erosionar su imagen de cara a las elecciones”.

A través de un comunicado, los populares han criticado que "al PSOE no le importa la verdad y sigue estirando un supuesto caso poniendo, por tanto, en tela de juicio los tres informes favorables de altos funcionarios del Consell", recordando que dichos informes avalan que la contratación fue "legal" y que "no se causó ningún perjuicio a la institución”.

La decisión de personarse, según la formación conservadora, “constata que no han tenido otro objetivo desde que se inventaran un relato que trasladaron a la Oficina socialista Anticorrupción para que, saltándose descaradamente su propio reglamento, negase audiencia al presidente del Consell para hacer llegar a Fiscalía una acusación sesgada, que no está basada en absolutamente ninguna investigación, más que en la propia palabra del PSOE”.

"Los hechos hablan por sí solos y dejan claro que la única estrategia del PSOE es la de confundir, manipular a la opinión pública y estirar un supuesto caso que ellos y su Oficina han fabricado", ha reiterado el PP, que ha añadido que en el PSOE "no tienen nada más que ofrecer, más que difamar al PP y a Marí".

Feijóo, en Baleares junto al propio Marí

De esta manera, tal y como se señalaba en las líneas anteriores, esta drástica decisión de los socialistas llega a menos de 24 horas de que Feijóo visite Baleares (por primera vez) para reunirse junto a la líder regional del PP, Marga Prohens, y el propio Marí. De hecho, este jueves ya el Govern balear, a través de su portavoz, Iago Negueruela, instaba a Feijóo a dar “explicaciones” de manera “urgente”: “Me imagino que cuando aterrice este domingo en Eivissa explicará qué está sucediendo en esa isla”. “Feijóo intenta trasladar la transparencia total del nuevo Partido Popular, pero parece que ha empezado con mal pie. Me imagino que hablaría de esto ayer con el señor Pablo Casado, de porqué se fue éste y entró Feijóo precisamente con un tema como el de Ayuso”, subrayaba el también consejero de Trabajo, Comercio e Industria del Ejecutivo que lidera Francina Armengol.

“El PP tiene un grave problema de calidad democrática siempre. Y por una isla que gobierna estamos así otra vez. Estas islas no merecen esto. Se merecen explicaciones. Si uno dice que quiere declarar, que declare y no que lo postergue precisamente para después de las elecciones, porque eso no es calidad democrática. Que no se oculte más”, añadía Negueruela.

“Políticas clientelares y caciquiles”

El caso que se investiga se remonta a junio del 2020, en plena pandemia por la Covid-19, cuando Vicent Marí adjudicó por 250.000 euros un contrato para la grabación de un vídeo de promoción turística de Ibiza titulado La vida islados. El contrato para la filmación y promoción del vídeo se adjudicó por el trámite de emergencia, sin concurso público ni publicidad, a la empresa Fuera de Escena Ibiza S.L., cuya administradora era una exconcejala del PP en el primero de los tres mandatos en los que Vicent Marí fue alcalde del municipio ibicenco de Santa Eulària des Riu, el segundo más importante de la isla.

Todavía con Vicent Marí de alcalde, entre 2015 y 2019, la empresa del vídeo turístico facturó un total de 1.240.628,08 euros al Ayuntamiento por la gestión, también sin concurso público, de dos espacios culturales del municipio. La situación irregular de los contratos con esta empresa la venía denunciando públicamente desde el año 2018 el grupo municipal del PSIB-PSOE en ese ayuntamiento, donde el PP ha gobernado los últimos más de cuarenta años “con políticas clientelares y caciquiles”, según denuncian los socialistas.

Alarmas por el contrato del vídeo

Las alarmas por el contrato del vídeo de promoción turística saltaron en el pleno del Consell de Ibiza celebrado en setiembre de 2020, después de que la entonces viceinterventora general de la institución, y actual interventora, emitiera un informe de reparo al pago de la primera factura del vídeo, al considerar que en el proceso de contratación se había “prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para la contratación del servicio por lo que procedería declarar la nulidad del procedimiento”.

Entre otras cuestiones concretas, la viceinterventora apuntaba que “la motivación de una situación de emergencia no es sólo de la situación, sino del contrato que pretende celebrarse para paliarla, al menos de su objeto y de la elección del adjudicatario, así como del importe adjudicado a cada contratista, aunque no deba ser una justificación de manera exhaustiva dada la situación sí que debe tener el mínimo rigor técnico”.

Marí y el PP hablan de un caso “orquestado” con “intereses ocultos”

Tras conocerse la noticia, Marí lanzaba balones fuera y denunciaba que el caso estaba “orquestado” y que detrás de la querella de la Fiscalía y de la citación del juez habrían supuestos “intereses ocultos”, sin aportar más datos.  Además, a los pocos días de conocerse su imputación, trascendía que Marí había ordenado al Consell Insular que no se personara en la causa, a pesar del ofrecimiento que el juez había hecho en este sentido a la institución que preside, al entender que esta podría haber sido perjudicada por los hechos que se investigan.

Por su parte, en lo que respecta a Prohens, la presidenta del PP balear, tras varias semanas sin pronunciarse, rompía su silencio el pasado lunes forzada por las preguntas de los medios, para manifestar que Vicent Marí era una “víctima” de la “oficina anticorrupción socialista”. La respuesta del PSIB-PSOE no se hizo esperar, en boca de su portavoz parlamentaria, Pilar Costa, quien el mismo día criticó las “mentiras” de Marga Prohens, recordando que la querella ante el juzgado la presentó la Fiscalía especial anticorrupción, y no la oficina administrativa de prevención y lucha contra la corrupción en Baleares

La incógnita que sigue sin despejarse

Lo que sigue siendo la gran incógnita, que Vicent Marí y el Partido Popular se niegan a desvelar, es el contenido de la querella, de la que solo se han filtrado los delitos que se le imputan (prevaricación, tráfico de influencias y coacciones). Se desconoce, por tanto, si la investigación únicamente tiene que ver con la adjudicación del contrato del vídeo de 250.000 euros a la empresa de su ex concejal, o si abarca también los contratos realizados durante su etapa como alcalde del PP de Santa Eulària des Riu. Un Ayuntamiento que Vicent Marí gobernó hasta 2019, cuando después de tres mandatos dio el salto a la presidencia del Consell de Ibiza, la más importante de las instituciones que gobierna actualmente el PP en Baleares, y dónde se ha acabado convirtiendo en el primer imputado por corrupción al frente de una institución desde la época de Jaume Matas.