El cerco de la número 3 de Isabel Díaz Ayuso, Ana Millán, se cerca cada vez más. El PSOE de Arroyomolinos, donde ejerció como alcaldesa, llevará este mes de febrero a pleno una moción para reprobar a la vicesecretaria de Organización del Partido Popular de Madrid después de su encubrimiento en el bautizado como ‘caso Móstoles’.
Desde el partido se refieren al documento, al que ha tenido acceso ElPlural.com, como un texto que “no debería ser necesario en 2026”. “Hay quien confunde poder con impunidad y silencio con estrategia. Y aquí hay un nombre que en Arroyomolinos no es desconocido”, indican, rememorando los años en los que Millán fue alcaldesa.
En este sentido, recuerdan que “dejó el Ayuntamiento para marcharse a la Comunidad de Madrid, priorizando su carrera política, buscando su aforamiento y dejando atrás el proyecto por el que había solicitado ese respaldo ciudadano”. “Y precisamente por eso tiene una responsabilidad pública mayor que otros, y cuando hay silencio, cuando se minimiza y se pone el foco en quien denuncia en lugar de en los hechos, ese silencio no es neutral”, aseveran los socialistas.
“No pedimos nada extraordinario, sino algo tan básico como decir que el acoso sexual es inaceptable. Pedimos que los partidos políticos tengan protocolos reales, evaluables y efectivos contra la violencia machista, no un documento metido en un cajón, sino un mecanismo que funcione y proteja a quien da el paso de denunciar”, dictan, subrayando que “no van a mirar para otro lado cuando el nombre de quien era su alcaldesa vuelve a aparecer ligado a controversias de esta magnitud”.
Esas “controversias”, al margen de la actual, responde al caso Neverland. Actualmente, se encuentra investigada por cuatro presuntos delitos -prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública-. Por unos hechos en los que también habría incurrido otro empresario, Francisco Roselló.
“No podemos fingir que esto no va con nosotros. Claro que sí. Va del tipo de municipio que queremos ser, uno que calla o uno que marca límites, pero mucho nos tememos que los mismos que evitan institualizar un minuto de silencio cuando se produce un asesinato por violencia machista vuelvan a confabularse y unan sus votos para evitar que esta moción salga adelante”, lamentan.
Además de la también vicepresidente de la Asamblea, el municipio apunta a la reprobación asimismo de Alfonso Serrano, número dos de Ayuso y secretario general del PP de Madrid; y Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la lideresa: “Entendemos que ocupar posiciones de poder implica asumir responsabilidades cuando se produzcan hechos graves”.
Imputada por cuatro delitos
La causa judicial que también arrincona a Millán se remonta a octubre de 2020 y tiene su epicentro en el territorio del que fue regidora, cuando el Juzgado Central de Instrucción Número 6 apunta a presuntos delitos de corrupción detectados en una pieza separada del caso Púnica.
El juez expuso en su momento que existían “una serie de circunstancias, que vincularían a Ana Millán, en la época en que era concejal en el Ayuntamiento de Arroyomolinos, y su entorno con Grupo Educativo, las cuales pudieron tener relación con posibles irregularidades en materia de contratación o con supuesta contraprestación por las adjudicaciones de contratos públicos del Ayuntamiento de Arroyomolinos al citado grupo empresarial, dirigido por Francisco Roselló”.
Centrada la Justicia en las actuaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y las diligencias judiciales acordadas con diversas declaraciones y documentación recabada, la jurisprudencia se refirió a “nueve contratos -siete mayores y dos menores- a varias empresas de Francisco Roselló entre 2005 y 2011”.
Apuntó a una “diferencia de trato” por parte de Millán, más si cabe sabiendo que, de forma paralela a la participación aludida, se sucedieron una serie de circunstancias que relacionarían a la dirigente popular con Grupo Educativo y Roselló como el hecho de recibir pagos por un valor global de 51.104,67 euros”.
El motivo fue el “pago del alquiler de un ático en Arroyomolinos, con opción a compra, por el valor de la hipoteca, la comunidad y los suministros” durante un tiempo en el que la compañía habría realquilado el inmueble.
En última instancia, la vicesecretaria de Organización también está en el punto de mira por las actuaciones con su hermana, quien habría recibido “pagos por un valor global de 88.642, 42 euros de GE Escuelas Urbanas y Fundación GE Social, en concepto de rendimientos del trabajo y de actividades económicas, por su desempeño profesional en estas sociedades”.
El marido de la acusada, Juan Pedro Santos Ceballos, se encuentra actualmente citado como testigo. Se trata de un paso previo al cierre de la Instrucción y a la previsible solicitud de imputación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), órgano competente después del aforamiento de la dirigente.
