Esta misma semana, el Servizo Galego de Saúde anunció un convenio de carácter piloto por el que las farmacias de la provincia de Ourense se convierten en puntos en los que también se pueden realizar test para detectar positivos por COVID-19.

El encargado de dar a conocer este acuerdo del Sergas con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ourense fue el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña. Una vez más, desde Comunicación del Gobierno autonómico, se volvió a recurrir a una expresión que ha repetido en más de una ocasión, con independencia del resultado o consecuencias de lo anunciado.

Así, en la nota de prensa lanzada el viernes se decía que “Galicia se convierte así en la primera Comunidad Autónoma en establecer una colaboración con las farmacias para aumentar la capacidad diagnóstica de la COVID-19 y poder detectar positivos más rápidamente”.

A priori, la noticia es positiva porque se enmarca en las medidas para frenar el avance de la pandemia mediante cribados. Incluso, en su momento, se habló de una posibilidad así a nivel estatal. 

Sin embargo, una vez más, desde la administración regional no se han parado a analizar las consecuencias de un convenio de este tipo. Si se tiene en cuenta que de este tipo de test, hasta ahora, se encargaba personal sanitario y que, desde mucho antes de que apareciera este coronavirus, sindicatos y colectivos han venido denunciando la alarmante escasez de personal que sufre la sanidad pública de Galicia y la precariedad laboral que padece, la conclusión parece evidente: con un acuerdo de este tipo el Sergas y la Xunta evitan contratar a más personal especializado.

Es lo que piensan desde Enfermeiras Eventuais en Loita, una de las organizaciones más activas en la denuncia de las condiciones en las que este sector desarrolla su trabajo.

En concreto, su delegación de Ourense es categórica al “rechazar” el acuerdo entre Sanidade y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia para realizar algunos test de antígenos en concellos ourensanos.

Denuncian que las profesionales de Atención Primaria, “ya antes de esta pandemia, presentaban carga de trabajo y personal insuficiente”, de ahí que consideren que “esta medida lo que genera al Sergas es, de nuevo, ahorro de personal y una disminución, incluso mayor, de la calidad de nuestros cuidados”. Para este colectivo, la crisis sanitaria todavía está haciendo más patentes “los recortes en sanidad”.

Privatización sin transparencia

Las quejas de Enfermeiras Eventuais en Loita se apoyan en datos que ponen de manifiesto lo anterior. En Galicia, en la actualidad, “tenemos la tercera peor ratio enfermera por paciente de España” y esto a pesar de “tener una de las poblaciones más envejecidas”. Ahora mismo, el sistema gallego de salud cuenta con 5 profesionales sanitarias por cada 1.000 enfermos.

También recuerdan que “cualquier estudio epidemiológico requiere de unas condiciones adecuadas y un correcto registro”. En este sentido, insisten en que la extracción de sangre capilar debe llevarse a cabo “en las mejores condiciones y disponiendo de material apropiado”, de ahí que concluyan que, en este supuesto de los test de antígenos, al tratarse de un problema de salud pública y test aportados por un sistema sanitario público, “deben realizarse en los centros de salud” para que den una condiciones óptimas de “extracción, registro y seguimiento”.

Por último, este colectivo de enfermeras, tal y como publicó ayer ELPLURAL.COM, también recuerda el estudio de seroprevalencia anunciado por Feijóo en plena precampaña electoral, cuyos resultados se desconocen; asimismo, llama la atención sobre el hecho de que las pruebas que se van a realizar ahora están “a punto de caducar y no se publicó su ficha ténica ni su fiabilidad, sensibilidad o especifidad”, algo que admitió el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ourense cuyo presidente, Santiago Leyes, tras decir a Europa Press que “había una caducidad muy cercana”, indicó que, sin embargo, “el material es válido”.

Ante estos argumentos, Enfermeiras en Loita concluye que el acuerdo anunciado el viernes por la Xunta “marca claramente la línea” del Gobierno gallego, que pasa por la “privatización y la ausencia de transpariencia”. Del mismo modo muestran su “preocupación” por el precedente que se pueda crear puesto que el “seguimiento de otras patologías” acabe realizándose en las farmacias “para no tener que invertir en Sanidad Pública”.