El PSOE de la Comunidad Valenciana y Compromís han pedido tener acceso a los expedientes de los contratos de emergencia aprobados por la Generalitat para afrontar la reconstrucción tras la DANA que el pasado 29 de octubre asoló a varias localidades de la comunidad. La oposición pide esta información al advertir que sobre estos contratos sobrevuela “la sombra de la sospecha” y “un patrón” por parte del PP, después de haberse conocido que Carlos Mazón le ha dado un contrato de casi cuatro millones de euros a dedo a un empresario condenado por la caja B del PP en la Gürtel.
Pero el PP no ha hecho otra cosa que defenderse asegurando que se han adjudicado estos contratos en base a la urgencia y criticar la “hipocresía política” de PSPV y Compromís cuando a su juicio es momento de estar centrados en la reconstrucción.
El síndic del PSPV, José Muñoz, ha recordado que los contratos de emergencia “no tienen por qué ser a dedo” y ha asegurado que en ambas adjudicaciones “sobrevuela esa sombra de sospecha que siempre ocurre cuando gobierna el PP”. “Se demuestra que ni en las peores épocas, el PP y Mazón no dejan de hacer lo que hacen siempre: generar esa sombra de sospecha sobre los contratos públicos de la Generalitat”, ha aseverado.
Asimismo, ha remarcado: “Estaremos vigilantes para, si procediera, llevarlo ante los organismos que fueran oportunos”. Todo ello después de que se haya conocido que el Govern de Mazón haya hecho negocios tras la DANA con la compañía para la que trabaja su jefe de gabinete y con la empresa Becsa S.A., dirigida por un empresario que confesó la financiación de la Caja B del PP valenciano y fue condenado por la trama Gürtel.
Por su parte, Joan Baldoví, desde Compromís, ha anunciado que su grupo también ha pedido tener acceso a “todos los expedientes” de contratos de emergencia por la DANA para “saber qué está pasando”. “Estamos viendo un patrón: o bien caen en empresas condenadas en su momento por financiar al PP o en empresas donde han trabajado compañeros de piso y jefes de gabinete de Mazón”.
Además, Baldoví ha exigido explicaciones al Consell de por qué “están tardando tanto en hacer contrataciones de emergencia”, poniendo de ejemplo la situación tras la DANA de 2019 que asoló la Vega Baja de Alicante, cuando se empezaron a aprobar dos días después.
Ante ello, el síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, ha remarcado que el contrato a Becsa se ha adjudicado porque “ya estaba trabajando en la presa” de Buseo desde que en 2022 se le contratara por parte de la exconsellera Isaura Navarro. “Ante la urgencia de reparar la presa, como ya había una empresa contratada por el Botànic, se ha pedido a la misma empresa que continúe”, ha explicado, criticando a su vez que “no son momentos para la hipocresía política”.
Casi cuatro millones a dedo a un empresario condenado
El Gobierno de Mazón ha hecho de la contratación de emergencia y a dedo su buque insignia tras la catástrofe que ha provocado el peor temporal que se recuerda en la historia reciente de Valencia.
En el caso de Becsa, la persona que se encuentra detrás de la empresa es el empresario castellonense Gabriel Alberto Batalla Reigada, accionista de la constructora y que fue condenado en 2018 por delito electoral y falsedad documental después de alcanzar un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción para confesar los hechos y, en consecuencia, que se rebajase su pena. El caso se trata de una pieza de la trama Gürtel de la financiación ilegal de los ‘populares’ valencianos.
Becsa también apareció en el caso Fabra 2. El juez descubrió que la constructora en la que el expresidente de la Diputación aparece como principal procesado, abonó gastos de seguridad privada para el expolítico del Partido Popular una vez que abandonó sus cargos institucionales.
Ahora, el Consell ha adjudicado el mencionado contrato de emergencia a la firma para la reparación de la presa de Buseo, localizado en el cauce del río Reatillo -denominado asimismo Sot guas abajo-, un afluente del río Turio que se ubica a unos 4 kilómetros aguas arriba de Sot de Chera.
