El ejecutivo de Carlos Mazón hizo negocios con más empresas además de la compañía para la que trabajaba su jefe de gabinete. Por el momento, se sabe que el gobierno del PP concedió al menos otro contrato por el procedimiento de emergencia a compañías vinculadas al partido.

En este caso, se trata de la empresa Becsa S.A, dirigida por un empresario que confesó la financiación de la ‘Caja B’ del PP valenciano y fue condenado por la trama Gürtel. Según ha publicado este martes elDiario.es, se contrató a la compañía para la reparación de una presa seriamente dañada por la DANA por valor cercano a los cuatro millones de euros (3,9 millones de euros).

Y no es el único contrato de emergencia que ha obtenido Becsa, ya que el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, también ha dejado en manos de esta firma las obras del tramo de Cheste de la carretera CV-50. Aquí se desconoce el montante económico al no haberse publicado todavía en el Portal de Contratación.

A la mencionada compañía también se le han otorgado contratos de reparación de carreteras provinciales después de la tragedia por parte de la Diputación de Valencia, concretamente para la demarcación de Bétera y Serra y por un importe total de 1,5 millones de euros.

Empresario condenado en la trama Gürtel

El gobierno de Mazón ha hecho de la contratación de emergencia y a dedo su buque insignia tras la catástrofe que ha provocado el peor temporal que se recuerda en la historia reciente de Valencia.

En el caso de Becsa, la persona que se encuentra detrás de ella es el empresario castellonense Gabriel Alberto Batalla Reigada, accionista de la constructora y que fue condenado en 2018 por delito electoral y falsedad documental después de alcanzar un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción par confesar los hechos y, en consecuencia, que se rebajase su pena. El caso se trata de una pieza de la trama Gürtel de la financiación ilegal de los ‘populares’ valencianos.

Becsa también apareció en el caso Fabra 2.  El juez descubrió que la constructora en la que el expresidente de la Diputación aparece como principal procesado, abonó gastos de seguridad privada para el expolítico del Partido Popular una vez que abandonó sus cargos institucionales.

Ahora el Consell ha adjudicado el mencionado contrato de emergencia a la firma para la reparación de la presa de Buseo, localizado en el cauce del río Reatillo -denominado asimismo Sot guas abajo-, un afluente del río Turio que se ubica a unos 4 kilómetros aguas arriba de Sot de Chera.

En el momento de máxima crecida del cauce, la Generalitat Valenciana estima que el agua se situó entre 2 y 2,5 kilómetros por encima de la coronación de la presa, construida a su vez entre los años 1903 y 1915. La DANA causó “daños estructurales” en el cuerpo de la presa y en las instalaciones de regulación; y arrasó también “todos los elementos de seguridad” situados en los accesos al cuerpo de la presa y su coronación, según refleja la documentación de la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca.

Historia de la constructora Becsa SA

El accionariado de esta constructora con sede en Castellón se encuentra actualmente en manos de Simetría Fidentia SL, un ‘holding’ propiedad a su vez de Unanimitas Cinco Capital SL (de Otilla del Rosario Batalla Reigada); de Invernumber SL (propiedad de Gabriel Alberto Batalla Reigada, administrador único de la sociedad), y de Obinesa Grupo Industrial.

Este último estaría controlado de igual manera por las sociedades de los hermanos Batalla, por Mosaiq Grupo Empresarial SL, firma que pertenece a Atitlan Grupo Empresarial, el fondo al que pertenece el yerno de Juan Roig (Mercadona), Roberto Centeno.

Gabriel Alberto Batalla Reigada contempla una inversión de 6,7 millones de euros en Mosaiq Grupo Empresarial SL, lo que supondría un 43,8% de su capital. La misma persona que fuera condenada por el caso Gürtel también se apunta una inversión de cerca de 20 millones de euros en Simetría Fidentia SLU

El origen de Becsa se sitúa en otra compañía que es todo un símbolo de la construcción en Castellón -el Grupo Lubasa- desde que se creara en 1969. De hecho, Lubasa fue rebautizada como Becsa y quedó en manos de su hijo hasta la entrada del fondo Atitlan. Entretanto, Gabriel Batalla fue condenado por la Audiencia Nacional en el marco del caso de corrupción que se dio entre las filas del PP.