La universidad pública, asfixiada y exhausta, ha dicho basta. Las seis instituciones públicas de la Comunidad de Madrid han anunciado este viernes dos jornadas de huelga a finales de noviembre para enfrentar la situación infrafinanciación que viven bajo el mandato del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, mandataria que, por su parte, actuará legislativamente a la contra de la normativa estatal en este ámbito.
Las plataformas que agrupan a las seis universidades públicas en la región -teniendo en cuenta que, en paralelo, la autonomía suma 14 centros privados- han confirmado que los próximos días 26 y 27 de noviembre la Complutense (UCM), la Rey Juan Carlos (URJC), la Carlos III (UC3M), la Autónoma de Madrid (UAM), la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) y la Politécnica (UPM) llevarán a las calles y a las aulas sus protestas.
La razón de ser de esta próxima convocatoria viene suscitada porque el presupuesto del Ejecutivo de Ayuso parar 2026 no contempla una “subida” realista para el ámbito universitario público, el cual sufre desde los últimos años una “fuerte infrafinanciación”. Y es que el próximo año se destinarán 1.239,7 millones de euros a la financiación universitaria, 75,3 millones más que este año, un incremento del 6,5%; cifras que el sector tilda de “insuficientes” debido al agravante continuado de la infrafinanciación prolongada.
Exigen el 1% del PIB para la pública
Bajo este contexto, el sindicato de estudiantes, que se ha unido a la movilización, ha remarcado que bajo el mandato de Ayuso se ha negado a “conceder 34,3 millones de euros” a la Complutense en forma de préstamo para poder hacer frente al inminente trimestre académico.
Sumado a ello, han puesto de manifiesto que, para subsanar esta situación, exigen que las cuentas del Gobierno de Ayuso alcancen el 1% del PIB de la región destinado a las universidades públicas: “Todo lo que no sea un acercamiento real a ese horizonte, no lo contemplamos. (…) La subida anunciada representa un paso del 0,44% al 0,46% del PIB. En términos de esfuerzo presupuestario, la Comunidad sigue dedicando el 4% de su presupuesto a universidades. No podemos hablar ni siquiera de subida, sino que nos encontramos con un presupuesto estancado y en el contexto de la fuerte infrafinanciación que venimos denunciando”, sentencia el conjunto de universidades públicas madrileñas.
En paralelo, la réplica del Ejecutivo de la Puerta del Sol se ha focalizado en que la motivación de la huelga no acontece por “ausencia de presupuestos”, sino por razones de “otra índole”, ha defendido el consejero en materia, Emilio Viciana, este viernes. “Desde que Isabel Díaz Ayuso es presidenta, se está destinando a universidades públicas más de un 20% más, tenemos 1.200 millones de euros”, ha defendido.
Sobre este escenario, fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de Diana Morant han precisado en declaraciones a ElPlural.com que, por un lado, "respetan" la decisión de la comunidad universitaria a impulsar esta doble jornada de huelga "frente a la asfixia financiera" del Ejecutivo madrileño. Asimismo, exigen a Ayuso "que cumpla con su obligación de financiarlas adecuadamente, ya que es competencia de las comunidades autónomas la financiación de las universidades públicas".
La ley madrileña de universidades, a la contra del mandato estatal
Bajo el mismo telón de fondo, la coordinación de las seis universidades públicas de la región ha advertido de que planean “parar” la elaboración e impulso de la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) del Gobierno de Ayuso, considerando que la huelga servirá de trampolín para lograr este objetivo, por lo que esperan que la movilización "se haga lo más masiva posible, tanto con la comunidad universitaria como con el conjunto de la sociedad madrileña que cree en lo público".
"Si queremos resistir y revertir a medio plazo estos ataques, nuestro objetivo también es que el coste político de atacar a las públicas sea el máximo para la Comunidad de Madrid. Si no hay respiro, no habrá paz para quienes nos asfixian: clase a clase, departamento a departamento, facultad a facultad. Vamos a construir una huelga que haga temblar a quienes maltratan el derecho a la universidad pública", han avisado.
La próxima normativa madrileña sobre universidades aún se encuentra en fase de borrador, pero lo de los detalles que han trascendido hasta la fecha algunos de ellos han suscitado polémica en el plano político y universitario. El pasado mes de junio, prueba de ello, cuando trascendió que el Ejecutivo de Ayuso plantea sancionar con multas de hasta 100.000 euros protestas “no autorizadas”, lo que despertó la pronta oposición de Moncloa y la propia institución académica.
Sumado a esta línea, a principios de este mes de octubre, el Gobierno de Sol avanzó que impugnará el decreto de universidades del Ministerio de Diana Morant por el cual se limita la creación de universidades privadas, considerando que el objetivo de Moncloa es perpetrar “un ataque sin precedentes contra la iniciativa privada, la libertad de cátedra, de empresa y de educación” de estos centros. En palabras de Viciana, advirtieron que se opondrán a la normativa “con todas las herramientas legales” en su mano.
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