La infrafinanciación de Ayuso obliga a la Complutense a prolongar hasta 2028 los recortes en gastos para paliar su deuda

Según se desprenden de los datos arrojados por el Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), y tal y como ha adelantado El País, la institución deberá prolongar hasta 2028 un retención del crédito del 35% para poder hacer frente al déficit que arrastra desde 2024, cuando presentó un resultado negativo de 33,19 millones de euros. 

Un escenario que bebe de la infrafinanciación a la que la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso arroja a las universidades públicas y ante la que diferentes sindicatos como CCOO, UGT y CGT se han pronunciado para exigir “transparencia” al rector de la universidad, Joaquín Goyache, sobre la situación financiera, así como para reclamar una inversión “adecuada” para la UCM. 

Todo ello se produce después de que hace apenas unos días se conociera que la Comunidad de Madrid dará un préstamo al centro universitario de 34,5 millones, como consecuencia de la situación que enfrenta la institución. Así, este mismo otoño se conoció que a la universidad le resultaba imposible pagar las nóminas de sus 11.400 empleados a finales de año, siempre y cuando no recibiera un préstamos de la Comunidad de Madrid, que se acabó materializando en la cifra de 34,5 millones. Ante este escenario, el rectorado reconoció que sin ello resultaría “insostenible” afrontar los sueldos de diciembre y la paga extra de Navidad. 

A raíz de todo ello, la UCM ha emitido un comunicado para recordar que esta situación financiera a la que se ha visto abocada es el resultado de una “infrafinanciación” que vienen arrastrando desde 2008. Ello pone de manifiesto "la necesidad de un nuevo modelo de financiación acorde a las necesidades actuales". Asimismo, según sostiene la UCM, esta circunstancia ha generado "tensiones" que, en su caso, hicieron necesaria la solicitud de un préstamo a la Comunidad de Madrid. "La Universidad Complutense no se encuentra en una posición singular, sino dentro de una realidad que comparten las universidades públicas madrileñas. Tal y como señaló la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid, la combinación del incremento de los costes energéticos, la inflación y la necesidad de actualizar los modelos de financiación ha afectado de forma generalizada a los presupuestos universitarios", ha señalado la institución. 

Infrafinanciación de Sol y crisis interna

En este contexto, lo cierto es que los rectores de la Complutense llevan años denunciando la situación y que los recursos que se aportan desde la Comunidad de Madrid no van en concordancia con el aumento de los costes y las necesidades. Ejemplo de ello es que las transferencias anuales del gobierno regional a la UCM siguen por debajo de niveles de 2010 en términos reales, pese a que la inflación ha subido en torno a un 40% en ese periodo. Esto ha obligado a Goyache a aplicar recortes drásticos: a finales de 2024 se congelaron los presupuestos y se ordenó una reducción del 35% en las partidas de facultades y vicerrectorados, un tijeretazo histórico que ha dejado a muchas áreas sin recursos para actividades básicas.

Fruto de todo ello es que la universidad haya llegado al día de hoy obligada a retrasar contrataciones de profesores, recortar ayudas de investigación y limitar prácticas externas de alumnos por falta de fondos. Y enfrente de todo ello, el Ejecutivo de Ayuso sostiene que la Complutense “debe hacer su parte” ajustando el gasto, mientras le otorga un préstamos que, para buena parte de la comunidad universitaria, es tan solo un parche que incrementa la deuda.

Con todo, un panorama que también sufren a nivel interno. Sindicatos, profesores y estudiantes advierten que, de no solucionarse el déficit estructural, la UCM se encamina a un colapso financiero. Ya en primavera de este año una huelga paralizó las clases en protesta por la falta de recursos, y no se descartan nuevas movilizaciones. La mayor universidad de España, emblema de la educación pública, enfrenta así un momento delicado en que su viabilidad económica está en entredicho.

Un plan hasta 2028

Durante el ejercicio 2025 ya se han adoptado diversas medidas que permitirán alcanzar un ahorro estimado del 36% del importe del déficit. Para 2026 y 2027 se prevé mantener estas políticas de contención y control presupuestario, conservando la retención del 35% y las medidas de racionalización del gasto de personal, lo que permitirá reducir el déficit en un 33% y un 9% cada año, respectivamente. Asimismo, la modificación de la Normas de Ejecución Presupuestaria aprobadas en 2025, generarán ingresos adicionales, como, por ejemplo, el incremento de la retención de títulos propios del 15% al 20%.

De cara al ejercicio 2028, se proyecta culminar la reducción total del déficit conforme a las previsiones del plan. Además, se contempla la inclusión de medidas complementarias, entre las que destacan la optimización de la gestión patrimonial y la mejora en la eficiencia del gasto.

En noviembre se presentará el Plan Económico Financiero en la Comisión Económica y, posteriormente, en el Consejo de Gobierno del mismo mes para su análisis y aprobación. Finalmente, el plan será sometido a la aprobación del Consejo Social.