El juez Juan Carlos Peinado, encargado de investigar a Begoña Gómez, propuso esta semana procesar a Cristina Álvarez, asistenta de Moncloa de la mujer del presidente del Gobierno, por hacer gestiones profesionales en lo relativo su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) o los patrocinios para su proyecto universitario.
Concretamente, el magistrado propone incautarle también los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida al entender el togado que una ayudó a la otra a operar, según la visión del juez, fuera de la ley con sus gestiones.
La manera de llevar la investigación por parte del juez Peinado ha recibido el aplauso unánime del PP y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con especial fuerza, ya que la lideresa regional ha censurado cconstantemente la actitud que el presidente del Gobierno, dice, tiene hacia los jueces y la separación de poderes.
Defensa de la presidenta
Sin embargo, siguiendo la doctrina del caso de la esposa del líder del Ejecutivo, la baronesa ‘popular’ podría ser acusada de malversación por usar a un asesor para temas privados, atendiendo a la información publicada en las últimas horas por elDiario.es que señala que un asesor de Presidencia ayudó a la máxima responsable de Sol en la compra de un piso que, finalmente, no adquirió.
Atendiendo al artículo que publica este jueves el medio mencionado, la representante madrileña habría utilizado a un cargo público para un asunto totalmente privado, si bien fuentes oficiales de la Puerta del Sol incluyen que un jefe de despacho “puede incluir gestiones particulares sin hacer negocio”, estableciendo aquí la diferencia que, consideran, existe entre un caso y otro.
Peinado finalizaba su instrucción esta misma semana procesando tanto a Gómez como a Álvarez, lo mismo que al empresario Juan Carlos Barrabés, y proponía juzgar a la mujer del presidente ante jurado popular. En el caso de la asistenta, el juez reiteraba el delito de intrusismo profesional por el que también había sido imputada.
Usó a un asesor para un tema privado
Este jueves ha salido a la luz que Ayuso utilizó la figura de un asesor para un asunto plenamente particular. El jefe de despacho de la Secretaría de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Álvaro Sanz, realizó las gestiones en torno a una vivienda de 100 metros cuadrados con cuatro habitaciones, garaje y jardín para que la propietaria terminara siendo la presidenta, aunque finalmente no ha sido así.
Las funciones de Sanz están marcadas de manera muy clara en los portales oficiales, y ninguna de ellas pasa por este tipo de gestiones. En el caso concreto que atañe a estas líneas, este alto cargo habría protagonizado la gestión de hacer los contactos, concertar la agenda de visitas -la presidenta habría acudido al menos dos veces, una con sus escoltas, y otra con su novio, Alberto González Amador- o participar en la negociación de la compra.
La figura de Sanz saltó a los medios de comunicación durante la pandemia del Covid, dado que se hospedó en uno de los 22 hoteles cedidos por la Consejería de Sanidad para albergar exclusivamente a personal de la Comunidad de Madrid. Él se alojó en el Slow Suites de Chueca alegando la Autonomía que vivía con sus padres y era una forma de protegerlos.
Lleva trabajando como secretario de la presidenta madrileña desde el año en el que Ayuso ganó sus primeras elecciones (2019). Está contratado en la administración pública eventual, lo que implica que obedece a un cargo de confianza, de nombramiento discrecional que, en la práctica, y si bien no ejerce como funcionario, contempla el estatus de empleado público mientras desempeña sus funciones.
Con ésta, Díaz Ayuso suma una nueva polémica a sus controversias inmobiliarias, de las que forman parte la deuda que su padre dejó a Avalmadrid de 400.000 euros o el piso de un millón de euros que comparte con su pareja en el mismo barrio. González Amador, cabe destacar, se hizo además con el ático que se encuentra encima de la vivienda con una hipoteca de 600.000 euros.
El empresario compró el piso en el que convive con Ayuso por un valor de 850.000 euros -el mismo precio de salida que tenía el inmeble que protagoniza estas líneas- y entregó una entrada de 350.000, cantidad muy similar a la que defraudó a Hacienda en el marco de los delitos por los que se encuentra investigado. Esa compra llegó apenas un mes después de que la presidenta reconociera estar ilusionada con comprarse una casa en una entrevista al diario El Mundo.
