La Audiencia Provincial toma este jueves una decisión trascendental en la investigación de los fallecimientos en residencias de la Comunidad de Madrid en marzo de 2020 como consecuencia de los bautizados como protocolos de la vergüenza, que imposibilitaron que personas que vivían en geriátricos recibieran atención sanitaria.
El organismo judicial escoge si los casos se acumulan una macrocausa como piden las víctimas, los abogados de las mismas e incluso algunos de los imputados o si, por el contrario, todo se mantiene como hasta el momento. Esto es, dividido en varias causas y varios tribunales.
Se trata de una lucha histórica que los familiares de quienes perdieron la vida en lo peor de la pandemia llevan años librando, prácticamente desde que se inició la investigación y se demostró que, a menos a su juicio, la forma actual implica mucho más trabajo y retrasa los plazos.
La Audiencia de Madrid ya dictó su veredicto sobre este asunto en el mes de febrero, cuando se pronunció en sentido contrario a la propuesta, haciendo así decaer los ánimos del entorno de las personas que murieron. Sin embargo, mantienen la esperanza con la mirada puesta en las próximas horas.
“Vamos a esperar”, indicaba en tono cauto, pero confiada María Jesús Valero, presidenta de la asociación 7291 Verdad y Justicia, quien explicaba esta semana a ElPlural.com que “el delito no quiere decir que el resultado sea la muerte”, sino que hace alusión a la “discriminación por sí misma”, la cual “han sufrido las 7.291 víctimas”.
De ahí la petición de que la denuncia colectiva quede en una sola. Por eso, y porque sería, a su parecer y el de su defensa, mucho más sencillo. “Ahora mismo está siendo un horror, sobre todo para los abogados, porque tienen que viajar a Colmenar, a Navalcarnero, a Getafe, a Fuenlabrada (…) El juzgado número 3 de Plaza Castilla empezó a investigar, pero por el momento no ha querido hacerse con todas las causas”, expresaba Valero.
Carmen López, portavoz de Marea de Residencias, también ha puesto de manifiesto la situación en varias conversaciones con este periódico, dejando claro que la manera en la que ésta en estos momentos lo hace “mucho más complicado para todos”.
Lo que defendió hace dos meses
Lo que defienden los organismos judiciales, concretamente hace un par de meses la Audiencia Provincial, para negarse a esa unificación es que cada fallecimiento se produjo en situaciones distintas.
Más en detalle, la sección 16 de dicho órgano consideró que cada fallecimiento se produjo en circunstancia diferentes en una decisión que no quedó exenta de polémica, ya que la jueza de instrucción número 5, Carmen Valcarce, remitió en julio de 2025 a su compañera María Isabel Durántez, del número. Dictaba que “de no acumularse los procedimientos, tales personas -los imputados- deberán declarar sobre los mismos hechos en incontables ocasiones y que podrían producirse resoluciones dispares”.
En medio de una cascada de imputaciones, la segunda magistrada se encontró con la petición de aunar todo bajo la misma causa al ser éste el primer órgano judicial en pronunciarse y, por lo tanto, el que debe tener preferencia para acumular las pesquisas. Pero se opuso.
La Audiencia Provincial refrendaba ese modus operandi y aseguraba que Durántez había esgrimido argumentos “extensos y fundados” para mantener separadas las investigaciones. En concreto, señalan que el Tribunal Supremo había indicado con anterioridad que el caso de las residencias de Madrid tiene que analizarse fallecimiento a fallecimiento porque las circunstancias son distintas.
Asimismo, la Audiencia entendía que los delitos no son los mismos en cada procedimiento, dado que en algunos supuestos también se ha denunciado el homicidio imprudente y pudiera haber más personas responsables en los hechos.
En última instancia, tacharon de “inabarcable” que hubiera de investigar todos y cada uno de los fallecimientos referidos en la denuncia colectiva”
Ahora, los magistrados deliberarán sobre un recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión. La resolución de que no procedía la acumulación, fue impugnada por Marea de Residencias.
En el contexto de que todas las muertes apuntan a la misma dirección, varias investigaciones señalan como uno de los principales responsables al exdirector de Coordinación Sanitaria, Carlos Mur, firmante asimismo de los protocolos.
Las querellas coinciden en calificar jurídicamente los hechos como un posible delito de discriminación en el acceso a la asistencia sanitaria, al contemplar que se produjo una exclusión sistemática de determinados pacientes por razones de edad, discapacidad o especial vulnerabilidad.
