Un juez de Getafe ha acordado imputar por un delito de prevaricación a Carlos Mur, firmante de los conocidos como protocolos de la vergüenza que impidieron el traslado de mayores de residencias a hospitales de la red madrileña durante los primeros días de la pandemia del Covid. El magistrado ha decidido sentarle en el banquillo por un delito de prevaricación.
El magistrado entiende que su juzgado sí es competente para admitir la ampliación de denuncia que presentó el PSOE, aunque lo hace de manera parcial, dado que debe acortar esa investigación “a la orden que se hubiera transmitido al Hospital de Getafe y a la Residencia Geriátrica Los Ángeles”, según se desliza del auto al que ha tenido acceso elDiario.es.
La competencia se extiende a la participación que pudieran haber tenido otros altos carhos sanitarios en aquel momento del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, como Francisco Javier Martínez Peromingo. Se trata de un matiz que el juez hace en su resolución porque entiende que el partido pretendía que se investigaran unas órdenes que “afectan a todo el territorio de la Comunidad de Madrid y que fueron emitidas y confeccionadas a la localidad de Madrid”. Unas órdenes que, por otro lado, solamente tenían “efecto reflejo en la remisión de las mismas a la localidad de Getafe”, en la que ostenta competencia territorial.
En consecuencia, considera “improcedente” parte de la ampliación de la denuncia al entender que “excede claramente su competencia”, concretamente en lo que se refiere a la investigación general del delito de prevaricación.
Causas abiertas en varios juzgados
El cerco de acota contra ex altos cargos de la Comunidad de Madrid por los conocidos como protocolos de la vergüenza contra los que las familias de los residentes llevan años luchando porque se haga justicia. En este sentido, a pesar del rechazo jurídico para que las causas se unifiquen bajo una sola en un solo juzgado como piden las familias, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) podría pronunciarse en el mes de abril, según el medio mencionado.
Mur fue quien puso la rúbrica a los documentos que en última instancia provocaron el no traslado de mayores a centros hospitalarios de la región. Finalmente, se apartó de esa privación a los pacientes que tenían seguro privado.
Dos meses después de aquel marzo de 2020, la Comunidad de Madrid destituyó a Mur, quien a lo largo de estos meses se ha defendido declarando que él únicamente “coordinó, revisó, firmó y envió los documentos” a la viceconsejera de Sanidad, pero que en ningún caso fue el ideólogo de los mismos.
En el cruce de reproches aparece Peromingo, al que el firmante de los protocolos acusó de haber redactado otros borradores de los protocolos o intervenido en la redacción de los originales. Por su parte, el receptor de esas acusaciones reconoce su papel, pero apunta a Mur como responsable de los posibles elementos discriminatorios. Peromingo se mantuvo en la administración Sol hasta julio de 2023.
El PSOE pide ejercer la acusación popular
El PSOE solicita ejercer la acusación popular en esta causa e indica que los hechos, además de ser constitutivos de delito de denegación de prestación sanitaria por motivos discriminatorios encajan también en el tipo penal de la prevaricación administrativa.
Por lo tanto, el partido contempla que “se debe investigar adecuadamente si las órdenes por las que se aprobaron los protocolos respecto de la de la hospitalización de personas con discapacidad y ancianos enfermos con Covid-19 durante la pandemia y que se aplicaron tanto en los hospitales como en las residencias de personas mayores, así como las decisiones de medicalizar las residencias para atenderlos que nunca se llegaron a materializar, pudieran ser constitutivos de otros delitos, en concreto el de prevaricación”.
Alude aquí al informe elaborado por profesionales de varios sectores y liderado por el magistrado emérito del Supremo, José Antonio Martín Pallín. Este trabajo emitía que “muchas de las personas fallecidas durante la pandemia del Covid-19 y que se encontraban ingresadas en residencias dependientes de la Comunidad de Madrid fueron víctimas no sólo de la enfermedad que acabó con sus vidas y la situación de pandemia general sino de las decisiones y protocolos que no contribuyeron a su salvación y que pudieron influir en su resultado fatal o incluso haber anticipado el hecho o haber aumentado el daño por falta de cuidados paliativos adecuados en una residencia”.
