La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, ha utilizado a un cargo público para la compra de otro piso en Chamberí, barrio en el que ya reside junto a su novio, Alberto González Amador, en un inmueble de más de un millón de euros al que hay que sumar el ático, de otro millón.
Para las gestiones de la nueva vivienda, la persona que ha hecho cargo ha sido un asesor de presidencia, quien se ha ocupado de hacer los contactos, concertar la agenda de visitas y participar en la negociación de la compra, según informa elDiario.es.
La persona detrás de la negociación
Se trata de Álvaro Sanz, jefe de despacho de la Secretaría de la Presidencia de la Comunidad de Madrid y que percibe 93.317 euros anuales, según el portal de transparencia de la región. Antes, ejerció como secretario del Partido Popular en Madrid, pero en ningún caso sus labores se corresponden con cuestiones de índole personal como las que le atañen en este caso.
Sanz llevó a cabo las gestiones en este sentido respecto de un piso de unos 100 metros cuadrados en el que la lideresa autonómica habría estado interesada, aunque finalmente no lo compró, según el medio mencionado.
Con cuatro habitaciones, garaje y un jardín, la vivienda se anunciaba hasta hace poco en Idealista y la presidenta acudió a verlo en persona en diciembre del año pasado. En esa ocasión fue con un equipo de escoltas, y después volvió a ir, pero ya con su pareja. El piso, con un precio de salida de 850,000 euros, había que reformarlo y tenía a otros compradores que estaban interesados, pero, más allá del futuro de la vivienda, lo llamativo es que el intermediario de las gestiones (llamadas, mensajes, etc), habría sido el asesor.
Durante el Covid
Sanz ejerce como secretario de la presidenta de Madrid desde el año en el que la política ganó sus primeras elecciones (2019). Se encuentra contratado en la administración pública eventual, lo que implica que obedece a un cargo de confianza, de nombramiento discrecional que, en la práctica, y si bien no es funcionario, contempla el estatus de empleado público mientras desempeña sus funciones.
Su nombre fue mediático durante la pandemia del Covid, dado que se hospedó en uno de los 22 hoteles cedidos por la Consejería de Sanidad para albergar exclusivamente a personal de la Comunidad de Madrid. En su caso, se hospedó en el Slow Suites de Chueca. La explicación oficial fue que vivía con sus padres y era una forma de protegerlos frente al contagio. Coincidió en el tiempo con los días en los que Ayuso se alojó en dos apartamentos de empresario Kike Sarasola por un precio de 80 euros la noche.
Más allá del piso de Chamberí en el que vive con su pareja, y el ático que saltó después a los medios de comunicación, de un millón de euros y que González Amador terminó asimismo adquiriendo a una empresa con una hipoteca de 600.000 euros, el patrimonio inmobiliario de la lideresa autonómica no está exento de polémica.
Nueva polémica inmobiliaria
La controversia ha formado parte de la tónica habitual de Isabel Díaz Ayuso desde el inicio de su mandato, conociéndose que la situación de la empresa de su padre dejó a devolver un préstamo público de 400.000 euros de Avalmadrid en 2011. Ella participó de la operación y él donó sus bienes a sus hijos.
La responsable ‘popular’ ha adquirido históricamente un tono victimista con este tema, aludiendo a la enfermedad de su padre en entrevistas y la preocupación que éste tenía por la herencia y las posibilidades habitacionales que le quedarían sus hijos y su mujer.
Cabe recordar que en algunas de sus intervenciones en materia de vivienda, Ayuso ya percibía un sueldo de la Comunidad de Madrid -como cuando recibió el distintivo de alumna ilustre de la Universidad Complutense (UCM)-, y que actualmente ese montante se sitúa en los 103.903 euros anuales; 8.590 mensuales.
Tan solo un mes después de decir públicamente que tenía ilusión por comprarse una casa -eso fue en una entrevista concedida al diario El Mundo- en 2022, su pareja compró un piso en Chamberi , precisamente, por 850.000 euros, para el que entregó a Hacienda 350.000 euros de entrada, cifra muy similar a la que había defraudado a la Agencia Tributaria en el marco de los delitos por los que se encuentra procesado.
