El PSOE, que ejerce como acusación popular en el caso por el que se investiga al novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por un delito de corrupción en los negocios, ha pedido al juzgado número 19 que instruye la causa una prórroga de seis meses, lo mismo que la Fiscalía, para continuar con las pesquisas.
Los socialistas, tal y como ha adelantado la Cadena Ser, lamentan que el análisis de las posibles acciones delictivas de la pareja de la presidenta madrileña se encuentra en fase incipiente. Además, recuerda que todavía no se ha entregado el informe de la Unidad Central Operativa (UCO), que parece actuar a diferente velocidad en función del caso al que se aluda, acordado el pasado 27 de junio.
El informe de la UCO
Dicho documento debería contener un perfil del empresario investigado en relación con la segunda causa judicial que recae sobre el compañero sentimental de la lideresa regional, que analiza una presunta corrupción en los negocios y administración desleal, una pieza separada de la principal, que se centra en el presunto doble delito fiscal a la Agencia Tributaria.
El pasado mes de noviembre, la UCO reconoció no haber comenzado la investigación. La brigada de la Benemérita indicó en una entrevista concedida al diario El Mundo que “fuentes” de la misma llevaban “solicitando las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento”, pero que no fue posible hasta el 8 de noviembre, cuando el juzgado avaló dicho trámite cuyo objetivo era el inicio de las averiguaciones por parte del organismo que capitanea el coronel Antonio Balas.
Anticorrupción le había instado recién empezado el pasado verano la elaboración del informe. Tal y como tuvo acceso ElPlural.com, en el texto se recuerda el incremento patrimonial del que disfrutó la empresa presumiblemente principal del empresario investigado, Maxwell Cremona, entre 2020 y 2021; mismo periodo de tiempo en el que se le acusa de haber cometido un presunto fraude fiscal a la Hacienda Pública por un valor superior a los 350.000 euros.
Además del PSOE, en este contexto se personó también como acusación particular Más Madrid.
Más allá de la investigación
Este periódico viene publicando durante la última semana informaciones acerca del novio de Ayuso más allá de la investigación que se está llevando a cabo sobre él y en las que aparecen otros vínculos empresariales.
Este medio ha podido conocer que la pareja de la administradora de Sol pagó 17.500 euros en concepto de alquiler por un ‘chalet empresarial’ a uno de sus socios, detenido en Estados Unidos, y que ahora es propiedad de una de las compañías del hijo de Javier Tebas, presidente de La Liga.
En lo que respecta al caso propiamente dicho del empresario, éste sostuvo el pasado mes de febrero que no había cometido los delitos fiscales por los que será enjuiciado, cuando previamente había admitido lo contrario, confesando a través de su abogado el doble fraude fiscal ante inspectores de Hacienda, en 2023. Un año más tarde, acordó con la Fiscalía y la Abogacía del Estado un relato de lo ocurrido en el que admitía dos delitos a cambio de ver rebajada la petición de cárcel a solo ocho meses.
Entretanto, quien ha sido condenado en este tiempo ha sido el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sin pruebas, por revelar datos reservados sobre González Amador. Y desde entonces lo cierto es que el compañero sentimental de la presidenta de Madrid se ha centrado más en este aspecto que en el suyo propio para tratar de eludir responsabilidades, intentado que la sentencia anulara su juicio, algo que no es posible a ojos del Tribunal Supremo.
“Es precipitado e infundado alimentar la impresión de que los jueces llamados a resolver esa causa penal no podrán resolver con profesionalidad y en derecho sobre las pretensiones acusatorias, en su caso, articuladas. Hay que presumir que serán plenamente conscientes de la imposibilidad de utilizar como prueba en el proceso ese mensaje indebidamente difundido. Y que, en consecuencia, saldrán al paso de cualquier intento de introducirlo, de forma directa o indirecta, como elemento probatorio”, señaló el Alto Tribunal.
De México a Costa de Marfil
El origen de la causa penal abierta contra González Amador se encuentra en la declaración defraudatoria que presentó en mayo de 2021. La declaración del Impuesto de Sociedades de Maxwell Cremona incluyó unos gastos de más de 600.000 euros por el pago de una supuesta comisión a una empresa mexicana, MKE. El contrato de colaboración con la firma que el protagonista de estas líneas dictaba que eran necesarios nuevos contratos para abonar comisiones por cada negocio logrado en el país de América Latina, pero nunca existieron contratos, ni negocios por los que pagar comisiones. En el momento en que la Inspección pidió explicaciones, el novio de Ayuso la anuló.
Por otro lado, González Amador había ganado en 2020, durante la pandemia del Covid, casi dos millones de euros por hacer de intermediario en la compraventa de mascarillas poniendo en contacto a una empresa gallega, MAPE, con la catalana FCS.
Asimismo, cuando ya sabía que Hacienda le había abierto una inspección por las facturas falsas de la firma mexicana, presentó la declaración del impuesto de Sociedades del año siguiente e hizo algo similar, aunque en este caso el origen del fraude se sitúa en Costa de Marfil.
La pareja de la baronesa presentó una factura por 922.585 euros a nombre de Gayani, una firma del país africano que supuestamente había intermediado para conseguir que el novio de Ayuso vendiera vacunas al Gobierno de aquel país. Pero ni se hizo un pago a favor de la compañía, ni el Gobierno costamarfileño aceptó la compra de vacunas. Sin embargo, él sí de desgravó un gasto inexistente en este concepto, así como otros menores de empresas andaluzas que también resultaron falsos. Asimismo, su actividad se traslada, por ejemplo, a Miami o Panamá.
