La publicación del sumario del caso Plus ultra, compuesto por decenas de carpetas y miles de páginas de documentos, han ampliado el foco sobre la investigación que pesa sobre el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea durante la pandemia. Más allá de la figura de mayor repercusión, José Luis Rodríguez Zapatero, los diferentes informes y pruebas documentales salpican a múltiples empresas, organismos públicos y personalidades, lo que ha llevado a Vox a presentar una denuncia por “posibles irregularidades en la actuación de la Fiscalía y la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales)”.
“Hemos presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para solicitar la apertura de diligencias de investigación sobre la actuación de fiscales y funcionarios públicos en el denominado caso Plus Ultra”, han explicado los de Santiago Abascal a través de sus redes sociales. Esta ofensiva se centra en una conversación intervenida a Miguel Palomero, abogado que gestionaba los negocios en España de Danilo Diazgranados, empresario venezolano. “La fiscal jefa amiga”, se refiere el letrado a una fiscal de la que se desconoce su identidad, aunque Vox plantea diferentes nombres.
La entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado García; la fiscal jefa provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández; y la fiscal encargada del caso Plus Ultra en la sección de delitos económicos, María Luisa Llop Esteban, son las señaladas por la formación de extrema derecha como sospechosas de ser “la fiscal amiga”. Vox pone en duda su pasado, su progresión en la carrera judicial y reclama dilucidar “si existieron comunicaciones directas o indirectas entre cualquiera de las fiscales y los investigados, antes, durante o después de los dictámenes favorables a Plus Ultra”.
Los de Abascal apuntan también al juez sustituto Jaime Serret, por decretar el desbloqueo de 34 millones relativos al rescate, y destacan un mensaje de Palomero cuando la causa ya estaba abierta, en el que traslada a Rodolfo Reyes, máximo accionista de Plus Ultra, que “hay que cortar esto”. Asimismo, Vox también pide investigar el mensaje “10k done”, enviado por Reyes a Julio Martínez, amigo de Zapatero y uno de los principales señalados, que la UDEF vincula a un posible pago de 10.000 euros relacionado con el director del FASEE (Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas), Julián Mateos.
La formación ultra señala a los funcionarios más allá de la responsabilidad disciplinaria (art. 67 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal). “Con independencia de la eventual responsabilidad penal, los miembros del Ministerio Fiscal incurrirán en responsabilidad disciplinaria cuando incumplieren los deberes de su cargo o actuaren con negligencia o abuso en el ejercicio de sus funciones”, expone la denuncia. Por todo ello, presenta una larga lista de posibles delitos cometidos.
Tráfico de influencias, principalmente basado en los mensajes de “la fiscal amiga” y “hay que cortar esto”; cohecho, por los mensajes de “hay que cuidar a los jueces, policías y funcionarios” y “10k done”; prevaricación, si se descubriese que algún fiscal obró en favor de la presunta trama a sabiendas de la injusticia o por influencia; revelación de secretos, si algún miembro del Ministerio Público hubiese trasladado información reservada de la investigación; y obstrucción a la justicia, por la referencia al “Kitchen Gabinet” y la intención de “cortar” la investigación.
Vox pide a la Fiscalía Anticorrupción la apertura de diligencias para esclarecer los hechos presentados, investigar si hubo contacto entre algún fiscal y algún investigado, si se tomaron decisiones desde el Ministerio Público condicionadas por la supuesta trama o si hubo directrices internas influidas. Además, reclama medidas cautelares para evitar el borrado o la alteración de “elementos probatorios, incluidas comunicaciones telefónicas, correos electrónicos, agendas y documentación interna de la Fiscalía”.
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