La sanidad madrileña levanta nuevamente contra la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en forma de huelga indefinida. La convocatoria viene dada en el momento mismo en el que la líder de la región acusa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de falsear las listas de espera en la autonomía y tras el instante en el que un diputado de los populares en la Asamblea, Eduardo Raboso, alardeaba asimismo sobre esta cuestión y mantenía que en los lugares en los que gobierna la izquierda las listas “son casi africanas”.
Los profesionales vuelven ahora a la movilización, como hicieran en el mes de mayo por la temporalidad y las condiciones laborales del sector, en esta ocasión por la intención de la Consejería de Sanidad de reabrir los nuevos 78 Puntos de Atención Continuada (PAC) con la mitad de personal. El parón no es sino un nuevo reflejo del descontento de los sanitarios con el departamento de Enrique Ruiz Escudero, con quien mantienen meses y meses de pulso.
Nueva huelga indefinida contra Ayuso
Los populares mantenían a lo largo de la semana su compromiso de llevar a cabo la reapertura de los SUAPS pero, como han ido explicando, se ubicarían en centros de salud donde operaban los 37 abiertos antes de la pandemia del Covid, 40 Servicios de Atención Rural (SAR) y en otro centro más, recibiendo el nombre de Punto de Atención Continuada (PAC).
Sin embargo, los sanitarios no quedan para nada conformes con las condiciones de la Comunidad de Madrid, que pasan por la reapertura de estos lugares con la mitad de plantilla. Por esta razón, los sindicatos que forman parte de la Mesa Sectorial (CCOO, Amyts, el sindicato de enfermería Satse, CSIT Unión Profesional y UGT) no han tenido más remedio que llamar a una huelga indefinida que comenzará a finales de mes.
Mitad del personal
En un comunicado conjunto, en el que sitúan a los operarios de los SAR como los grandes afectados por la gestión última de Sol, los representantes de los trabajadores comunican que se levantaron de la reunión con la Consejería -la tercera con resultado “nulo”- y llaman al parón para evitar que se modifiquen las condiciones laborales de los profesionales.
Entre las peticiones, emplazan a que no se aumente la jornada -que pasaría de 1.536 horas anuales a 1642,5-, mantener a los SUAR con sus condiciones laborales actuales, de forma que incluyan jornada, adscripción geográfica y funcional o iniciar de forma inmediata un proceso de movilidad interna de Atención Primaria que posibilite a los profesionales acceder al 100% de las plazas disponibles.
Con todo, los sindicatos denuncian el “maltrato” al que se les va a someter a los operarios del Servicio de Atención Rural y de los Servicios de Urgencia de Atención Primaria en tanto en cuanto se van a modificar sus condiciones laborales y a incrementar la presión asistencial.
Así las cosas, mientras el responsable de Sanidad asume que lo que ha hecho la administración es detectar cuándo acuden más los madrileños a estos servicios (90% en horario diurno y un 10% por la noche) e implementar en consecuencia la fuerza en esa franja horaria, los sindicatos lamentan que su movimiento supondrá un claro aumento de las horas de trabajo, así como una modificación “radical” de los turnos y una “previsible minorización de sus retribuciones”.
Situación “desoladora”
“La situación no podría ser más desoladora. La administración no se ha movido ni un milímetro respecto a las primeras propuestas que nos comunicaron de forma oral, sin información de los dispositivos ni el impacto que esperan de las medidas”, lamenta desde AMYTS en declaraciones facilitadas a ElPlural.com, Ángela Hernández, secretaria general del sindicato, quien se refiera al “tremendo empeoramiento que supone pretender cubrir 78 puntos de atención con el personal de los actuales 41 SUAR no nos ha quedado otro remedio”.
Además, añade: “Es una pena llegar a esta situación cuando hay un plan de urgencias y emergencias registrado entre el 2004 y el 2007, que recogía que tenía que ser revisado cada tres años. Nunca se produjo esa revisión y ahora se hacen las cosas deprisa y corriendo”.
En definitiva, el último anuncio sindical pone en jaque nuevamente la gestión de la líder regional con la Sanidad, con quien parece mantener una guerra abierta desde prácticamente el inicio de su legislatura y que se ha agravado durante la pandemia. SUAPS cerrados hasta ahora, condiciones laborales “indecentes” y un largo etcétera sin mencionar la baja inversión en salud mental o la gestión de las residencias durante los últimos años, entre otras cuestiones.
