Como ya adelantamos desde ElPlural.com, el Ayuntamiento de Navalcarnero ha aprobado este jueves en el pleno municipal la apertura de sendos procedimientos sancionadores contra Elecnor por presuntamente incumplir durante casi diez años un contrato público. Todo con la ayuda necesaria de un funcionario, quien habría firmado un documento falso con el que la compañía de energía podría haber recibido los pagos sin haber servido las prestaciones correspondientes. Sin embargo, esta situación podría venir desde el mismo origen de la adjudicación, que se produjo no exento polémica y de forma opaca.

Según fuentes de la Corporación, la empresa es la adjudicataria desde el año 2013 de un contrato de más de un millón de euros anuales -durante 15 años y medio prorrogables- para el mantenimiento integral del alumbrado público. Sin embargo, el Consistorio actual denuncia que esta ha incumplido la prestación de este servicio al no cambiar la iluminación del municipio como establecía la licitación, así como por no llevar un mantenimiento adecuado. La concesión fue ofertada por el anterior ejecutivo de la localidad, liderada en mayoría absoluta por Baltasar Santos, del Partido Popular. 

Desde el Consistorio insisten en que se han percatado de esta situación en 2021 a raíz de las quejas de los vecinos sobre la falta de iluminación en varios parques y zonas públicas del municipio, que los informes técnicos califican como un ''peligro para los ciudadanos''. Preguntados por la tardía de esta corroboración, señalan que todos los documentos están firmados por dicho trabajador público, quien habría tapado esta situación y habría facilitado que la compañía estuviera cobrando la cantidad correspondiente anual por servicios que, ahora se sabe, no prestaron. 

Una contratación ''oscura''

Elecnor consiguió la adjudicación de este contrato en 2013 en medio de polémicas denunciadas, incluso, por los partidos de la oposición. Y es que al menos tres empresas del sector energético advirtieron al Ayuntamiento del PP de la imposibilidad para poder presentarse al concurso debido a los plazos excesivamente cortos que se establecieron. Entre ellas destacan SICE, Endesa y Urbalux, quienes solicitaron al consistorio la ampliación del plazo para poder hacer una ''oferta competitiva''.

Urbalux, además, denunció en un escrito dirigido a la Administración los "escasos datos aportados en los Pliegos", que les planteaban "dudas e incertidumbres que impiden elaborar una oferta sólida y fundamentada''. "Quince días naturales siguientes a la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) son un plazo insuficiente habida cuenta de la magnitud y envergadura de la naturaleza del contrato", señalaron por su parte desde Endesa. Todas las empresas aseguraron que necesitaban al menos 20 días de plazo para realizar una inspección que permitiese "presentar oferta dando cumplimiento a lo exigido en los Pliegos de condiciones".

Ante estas peticiones, el departamento de Contratación del Ayuntamiento de Navalcarnero solicitó un informe a los Servicios Técnicos Municipales para evaluar la procedencia o no de ampliar el plazo. Sin embargo, según fuentes del consistorio, el alcalde se negó, no esperó al escrito de los técnicos y notificó a las empresas su negativa a la solicitud. Finalmente, el contrato se adjudicó a la vasca Elecnor por valor de 844.968,22 euros anuales (más IVA) y para un periodo de 15 años y medio -dos años y medio menos de lo previsto inicialmente en la licitación-.

Deudas e impagos a Elecnor

Estas no son las únicas polémicas que rodean a este contrato, y es que la Administración popular acumuló impagos a la propia empresa de energía desde el mismo inicio de la concesión para el mantenimiento del alumbrado público de la ciudad. Según fuentes del Gobierno municipal, el anterior Consistorio solo pagó una única mensualidad hasta que salió del poder en las elecciones de mayo de 2015, lo que elevó la deuda a más de 2,5 millones de euros.

Tal y como indicaron en su propia web en marzo de 2016, el Ayuntamiento socialista logró un acuerdo para subsanar con una rebaja del 10% la deuda con Elecnor, que demandó al Consistorio por estos impagos. Finalmente, la compañía desistió del procedimiento judicial, renunció a los intereses de demora, que se elevaban a casi 160.000 euros, y se comprometió a practicar una quita por “pronto pago” de 122.215 euros.

Tampoco fue la única deuda que acumuló el gobierno de Santos, quien ha sido imputado en varias causas y ha sido condenado en 2020 a pagar 2,1 millones de euros -junto a un funcionario- por su implicación en los casos de corrupción relativos al polideportivo de la Estación y la Plaza de Toros de la localidad. En concreto, la alcaldía de entonces dejó una deuda de al menos 191 millones de euros y un presupuesto real de 14 millones, frente a los 35,1 millones que aparecían oficialmente en el papel.

Desde este periódico hemos intentado ponernos en contacto con Elecnor en varias ocasiones para conocer su versión pero han rechazado hacer declaraciones y no hemos obtenido respuesta.