Todavía podría quedar mucha tela que cortar en el caso que cerca a Ana Millán, la número 3 de Isabel Díaz Ayuso, bautizada en la izquierda como la ‘Santos Cerdán de la presidenta de la Comunidad de Madrid’ en relación al que fuera secretario de organización del PSOE y que el partido expulsó por corrupción.
La investigación sobre la también vicepresidenta de la Asamblea de Madrid podría entrar en un nuevo punto si el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Navalcarnero atendiera la petición de Más Madrid que pasa por una ampliación -otra más- de trabajo por parte de la Justicia alrededor de la protagonista de estas líneas.
El auto, al que accedía esta semana ElPlural.com de manera exclusiva, concentra cuáles son los motivos por los que el partido de Manuela Begerot eleva esta petición. Básicamente, los apartados que respaldan el objetivo de la formación que es primera fuerza de la oposición son varios, pero todo se puede resumir en que hay diligencias que no se han podido tener en cuenta.
Más concretamente, quedan pendientes las declaraciones testificales de la otrora coordinadora del Ayuntamiento de Arroyomolinos Laura Vallejo Saz, y del marido de Millán, Juan Pedro Santos Ceballos. También faltan por analizar las diligencias derivadas del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Además, destacar que se han denegado algunas diligencias que el partido considera importantes para el correcto desarrollo de la actividad jurídica, a las que se suman las últimas, derivadas en última instancia de las anteriores por su conexión funcional.
Más Madrid subraya igualmente en su escrito la práctica de diligencias de investigación de una representación procesal del Partido Socialista (PSOE) del finales del mes de julio y que solicitó previamente. Tampoco se ha decidido admisión y práctica de estas.
No es la primera prórroga que se lleva a cabo, y es que hace cosa de medio año las autoridades competentes decidieron ampliar el estudio sobre los posibles actos corruptos de una de las personas de máxima confianza de Ayuso dada la complejidad del asunto y que todavía quedaba trabajo por hacer.
Cuatro posibles delitos
En la actualidad son cuatro los posibles delitos que persiguen a Millán: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública en una pieza separada del caso Púnica conocida como caso Nerverland, que debe su nombre a la empresa que habría participado de esta actividad ilícita en caso de que se demuestre como tal.
Hay que remontarse a la época en la que la número tres de Ayuso trabajaba en el Consistorio de Navalcarnero. Por aquel entonces, una Millán que todavía no se encontraba cercada como sí lo está ahora, recibió pagos del empresario Francisco Roselló, al que su concejalía -la de Juventud de Arroyomolinos- le adjudicó varios contratos por valor de más de 660.000 euros en el lustro comprendido entre 2006 y 2011.
El montante, repartido en hasta siete contratos públicos, coincide con ingresos por valor de 660.000 euros que el empresario anteriormente señalado habría ingresado por diferentes métodos de pago. Con el dinero concedido, Roselló contribuyó al pago de la hipoteca y la comunidad de Millán.
Defensa a ultranza de la presidenta
Ayuso siempre ha defendido a su mano derecha, tanto en público como en privado, en varias ocasiones y a pesar de la evidencia. Un ejemplo de ello, de los varios que pueden encontrarse, fue septiembre de 2024, cuando la situación escaló al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y saltaron las primeras alarmas en la oposición. Aquí, la lideresa regional volvió a situarse como víctima.
“Es mi apellido lo que tienen encima (…) Vale el vecino de Ayuso, el primo de Ayuso, el novio de Ayuso… Da igual. Es el apellido y no otra cosa lo que tienes encima”, emplazó.
¿Punto y seguido?
La causa sigue en los juzgados del municipio después de que el Tribunal Superior de Justicia de la capital (TSJM) considerara “inconclusa” la instrucción y devolviera la investigación al municipio.
La justicia confirmó la necesidad de disponer de más tiempo para una correcta investigación dada la complejidad del asunto. Así las cosas, consideró que “en el presente caso concurren razones que justifican ampliar el plazo de instrucción a seis meses, pues atendido al resultado de la instrucción hasta ahora practicada, y a la vista de lo solicitado por el Ministerio Fiscal, así como estando pendiente la resolución del recurso interpuesto por el mismo frente al Auto de fecha 13 de junio de 2024, y por lo tanto no constando aceptada la inhibición acordado en el mismo a favor del tribunal Superior de Justicia de Madrid, ante la probable necesidad de practicar nuevas diligencias, tanto de cargo como de descargo (...)”.
“Es razonable pensar que aquellas diligencias no puedan practicarse en el plazo ordinario de un año, por lo que es necesario ampliar el plazo de instrucción”, concluyó. Mientras tanto, en mayo Millán cambió de abogado y dos meses después recurrió por el sobreseimiento de la causa entendiendo que no existía indicios de delito. Tampoco perdió la oportunidad de referirse a un linchamiento personal, incluso por parte del presidente del Gobierno.
