La causa judicial que amenaza con manchar el círculo más íntimo de Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a reactivarse. Ana Millán, actual vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y número tres del PP madrileño, suma otro revés en su horizonte judicial que ha trascendido este lunes: el Juzgado de Instrucción número 6 de Navalcarnero prorrogó seis meses más la investigación penal el pasado 25 de marzo que pesa sobre ella. El auto, al que ha tenido acceso ElPlural.com, extiende la instrucción hasta finales de septiembre, justo cuando regresen las sesiones parlamentarias. Pero esta ampliación llega en uno de los momentos más delicados para la dirigente conservadora: el estallido público de un escándalo por haber inflado su currículum cuando se presentó como candidata a la alcaldía de Arroyomolinos.
En aquellos folletos electorales distribuidos entre 2003 y 2007, con el logo del Partido Popular, Millán aparecía como “licenciada en Ciencias Políticas”. Nada más lejos de su titulación real. En su ficha oficial de diputada autonómica figura una diplomatura en Gestión y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid. Una diferencia sustancial. Desde su entorno reconocen que no es licenciada, pero aseguran que “un folleto publicitario no es mentir en el currículum” y se desvinculan de aquella campaña. Sin embargo, la polémica ha reavivado la tensión política en plena sucesión de dimisiones por titulaciones inventadas que ha afectado a representantes de diferentes partidos.
Siete contratos, un ático y una larga sombra judicial
Más allá de los estudios, la preocupación que acecha al PP madrileño se asienta en la causa judicial que ya acumula años de recorrido. Millán está imputada desde 2022 por cuatro posibles delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude a la administración. Todo gira en torno a una relación que la justicia trata de esclarecer entre siete contratos públicos adjudicados entre 2006 y 2011 desde la Concejalía de Juventud de Arroyomolinos —que entonces dirigía— y el empresario Francisco Roselló, cuya empresa Neverland llegó a ingresar más de 660.000 euros. Según la Guardia Civil, Roselló habría contribuido al pago de la hipoteca y la comunidad de un ático de Millán, con transferencias por valor de más de 44.000 euros según expone el último auto de la causa al que ha tenido acceso ElPlural.com. También se identificaron ingresos en efectivo de origen desconocido en las cuentas de la política madrileña.
Lejos de enfriarse, la causa ha vuelto recientemente al punto de partida. En diciembre, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideró “inconclusa” la instrucción y devolvió el caso al juzgado de Navalcarnero para que continuara practicando diligencias. La jueza ha recogido el testigo y en su auto argumenta que necesita más tiempo por la complejidad del asunto, la necesidad de nuevas pruebas —de cargo y de descargo— y la carga estructural del juzgado.
"En el presente caso concurren razones que justifican ampliar el plazo de instrucción a seis meses, pues atendido al resultado de la instrucción hasta ahora practicada, y a la vista de lo solicitado por el Ministerio Fiscal, así como estando pendiente la resolución del recurso interpuesto por el mismo frente al Auto de fecha 13 de junio de 2024, y por lo tanto no constando aceptada la inhibición acordado en el mismo a favor del tribunal Superior de Justicia de Madrid, ante la probable necesidad de practicar nuevas diligencias, tanto de cargo como de descargo (...), es razonable pensar que aquellas diligencias no puedan practicarse en el plazo ordinario de un año, por lo que es necesario ampliar el plazo de instrucción", reza el auto al que ha tenido acceso este periódico.
En paralelo, el 12 de mayo de este año Millán cambió de abogados, y el 29 de julio su nueva defensa presentó un escrito solicitando el sobreseimiento de la causa, al considerar que no hay indicios de delito y que los pagos respondían a una convivencia con su entonces pareja.
La protegida de Ayuso que no cae
Nada de esto ha frenado la ascendente carrera política de Ana Millán. Al contrario: en plena investigación judicial, se ha consolidado como una de las figuras más cercanas a Isabel Díaz Ayuso. Tras las últimas elecciones autonómicas fue ascendida a vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y forma parte de la ejecutiva del PP como vicesecretaria de Organización. Su aforamiento ante el TSJM no ha impedido que la investigación avance, aunque desde el entorno popular insisten en su inocencia y hablan de una operación de desgaste personal contra la presidenta.
En la oposición, sin embargo, la lectura es opuesta. Mar Espinar, portavoz del PSOE en la Asamblea, fue tajante: “Si engañas en el PP siempre hay premio”. A su juicio, Millán debería haber dimitido hace tiempo, no solo por la imputación sino por la falta de transparencia en su trayectoria. También desde Más Madrid se ha insistido en que el caso refleja la falta de ejemplaridad de quienes ocupan los altos cargos de la Comunidad. El contexto, además, es especialmente sensible: tras el caso de Noelia Núñez y otras dimisiones por currículums inflados, la presión para que el PP depure responsabilidades vuelve a escena.
Con la prórroga judicial sobre la mesa desde finales de marzo y sumado al escándalo académico en plena ebullición, Ana Millán permanece fuera de España, según ha recogido El País. Cuando regrese, lo hará sabiendo que su nombre sigue siendo uno de los más incómodos del tablero político madrileño. Y que la jueza que instruye su caso aún no ha dicho la última palabra.
