Más Madrid pide formalmente una nueva prórroga de la investigación sobre Ana Millán, número tres de Isabel Díaz Ayuso, tal y como ha podido saber ElPlural.com. La formación de Manuela Bergerot ha elevado un escrito al que ha accedido este periódico dirigido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Navalcarnero.
De concederse el visto bueno, la prórroga se traduciría en una nueva extensión del caso después de la que está a punto de finalizar. De hecho, es la cercanía de esa conclusión -el próximo 25 de septiembre- y que “hay razones que justifican ampliar el plazo” lo que ha llevado al partido progresista a esta petición.
Más Madrid alega que queda pendiente la práctica de varias diligencias como son las declaraciones testificales de Laura Vallejo Saz -ex concejala de Educación- y Juan Pedro Santos Ceballos -pareja de Millán-, las derivadas del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, otras denegadas y unas últimas que se deriven de las anteriores por su conexión funcional.
En este sentido, el documento apunta a la solicitud de prácticas de diligencias de investigación de una representación procesal del PSOE a fecha de 29 de julio de este año y que se solicitó meses antes. Sobre ellas tampoco se han decidido admisión y práctica.
Así las cosas, el actualmente principal partido de la oposición en Madrid subraya que “no se puede considerar que se haya cumplido la finalidad de la instrucción”. “(…) Por lo que entendiendo que hay razones que justifican ampliar el plazo de la prórroga, interesamos su ampliación por un nuevo plazo de 6 meses”.
La jueza ya prorrogó la investigación de la causa contra Millán, a su vez actual vicepresidenta de la Cámara madrileña. El auto, al que también tuvo acceso este medio de comunicación, es el que sienta precedente sobre la petición actual, y es que el inicio de esta nueva extensión, en caso de darse, coincide con el final de la anterior.
Corrupción y viviendas de lujo
Ana Millán estuvo en el foco de la polémica durante el verano por supuestamente haber inflado su currículum cuando se presentó como candidata a la alcaldía de Arroyomolinos. La controversia se dio en paralelo al estallido de falsificaciones de CV que se conocieron, siendo el ejemplo más claro el de Noelia Núñez, exdiputada que se vio obligada a dejar su cargo tras la cascada de informaciones que comenzó publicando este periódico.
Pero los estudios no es el punto que más contra las cuerdas mantiene a la protagonista de estas líneas, y es que la que es una de las personas de máxima confianza de Ayuso se encuentra imputada desde 2022 por cuatro posibles delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude de administración.
Más concretamente, lo fraudulento se encontraría en hasta siete contratos públicos que fueron adjudicados a lo largo de cinco años (entre 2006 y 2011) desde la consejería que por aquel entonces la señalada dirigía; la de Juventud de Arroyomolinos. El otro eslabón de este escenario habría sido el empresario Francisco Roselló, propietario de Nerveland, empresa que llegó a ingresar más de 660.000 euros y contribuido así al pago de la hipoteca y la comunidad de Millán.
En el juzgado de Navalcarnero
La causa sigue en los juzgados de la localidad del sur de Madrid después de que el año anterior, en diciembre, el Tribunal Superior de Justicia de la capital (TSJM) considerara “inconclusa” la instrucción y devolviera la investigación al municipio.
La autoridad competente confirmó la necesidad de disponer de más tiempo para una correcta investigación dada la complejidad del asunto. Por aquel entonces, consideró que “en el presente caso concurren razones que justifican ampliar el plazo de instrucción a seis meses, pues atendido al resultado de la instrucción hasta ahora practicada, y a la vista de lo solicitado por el Ministerio Fiscal, así como estando pendiente la resolución del recurso interpuesto por el mismo frente al Auto de fecha 13 de junio de 2024, y por lo tanto no constando aceptada la inhibición acordado en el mismo a favor del tribunal Superior de Justicia de Madrid, ante la probable necesidad de practicar nuevas diligencias, tanto de cargo como de descargo (...)”.
“Es razonable pensar que aquellas diligencias no puedan practicarse en el plazo ordinario de un año, por lo que es necesario ampliar el plazo de instrucción”, concluyó. Mientras tanto, en mayo Millán cambió de defensa y dos meses después recurrió por el sobreseimiento de la causa entendiendo que no existía indicios de delito y acusando a un linchamiento poco menos que personal; mismo argumento que esgrime la propia Ayuso para mantener la protección que ejerce sobre ella desde que estallara la polémica.
