Más allá de la residencia oficial: Ayuso también se garantiza 14 años de sueldo público cuando deje el cargo

La crisis de áticos en la que está envuelta la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, viene de atrás. La compra de un inmueble de lujo de uso residencial por parte de una empresa pública madrileña ha dejado al descubierto la más que posible intención de la baronesa del Partido Popular (PP) de trasladarse a la vivienda pagada con dinero de la ciudadanía, pero también la posibilidad de que la disfrutase una vez abandonase su cargo público. La figura que permite esto es el Estatuto de expresidentes, que contempla otros muchos beneficios.

El Gobierno de Ayuso aprobó el Estatuto en julio de 2025, asegurando que era “austero”, en palabras del portavoz y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, quien también es, casualmente, el presidente del consejo de administración de Planifica Madrid, empresa que ha comprado el lujoso ático de Chamberí. Gracias a la norma, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid podrá seguir cobrando dinero público durante 14 años después de abandonar sus funciones, ventaja que no parece ser la representación de la frugalidad.

Aparte de poder utilizar el ático de lujo, salvo que finalmente se venda, y otros “medios personales y materiales” durante los cuatro años posteriores a dejar su cargo, Ayuso también tendrá la posibilidad de cobrar cientos de miles de euros durante cinco lustros más. Como expresidenta podrá beneficiarse durante dos años de una compensación económica que asciende al 80% de sus retribuciones anuales, que actualmente se sitúan en los 103.090,92 euros. Es decir, un total de 82.472 euros brutos al año, traducidos en 6.872 euros al mes (5.890 en 14 pagas).

Tan solo estos dos años ya supondrían un coste para los madrileños de 164.944 euros, pero esto es tan solo la punta del iceberg. El Estatuto aprobado por el Gobierno de Ayuso también recupera las labores que antaño podían desempeñar los exlíderes regionales en Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, que fue disuelto en 2015 por la expresidenta Cristina Cifuentes, en favor de la Comisión Jurídica Asesora (COJA). Esto significa que los expresidentes que cumplan determinados requisitos podrán desempeñarse como vocales electivos en el órgano.

Esta modificación no es cosa menor pues, según el propio Estatuto, podrán prestar “servicios de asesoramiento” en la COJA siempre y cuando accedieran a la Presidencia desde comienzos de legislatura y se mantuvieran en el cargo durante al menos dos años. En ese caso, se posibilita su nombramiento como ocales durante seis años, periodo que puede alargarse hasta los doce años si su mandato se alarga más de cuatro años. Ayuso cumple, ya actualmente, con los máximos requisitos, lo que le garantiza más de una década de sueldo público.

Concretamente, la “austera” retribución que recibiría de ser nombrada vocal sería de 750 euros netos por cada vez que acuda a una reunión del organismo. Teniendo como referencia el último año completo, 2025, cuando la COJA se reunió 45 veces, la presidenta cobraría 33.750 euros netos al año. Esta cuantía se traduciría en 12 años, manteniendo inalterado el número de reuniones, en 405.000 euros netos. Si a esta cantidad se suman los 103.090 euros por los dos años de la partida como expresidenta (esta cantidad es bruta y no neta), los madrileños pagarían en torno a medio millón de euros a Ayuso después durante los 14 años posteriores a dejar sus funciones.

Una cantidad para nada desdeñable, “austera” a ojos del consejero de Presidencia y cabeza responsable de la empresa pública que ha comprado el ático de lujo por más de seis millones de euros. Todo a cargo de las arcas madrileñas, del dinero de los ciudadanos, que soportarán también el gasto del personal de apoyo para actividades privadas, de medios auxiliares necesarios de la Comunidad de Madrid y de un servicio de coche con conductor durante cuatro años, además de los gastos de representación.