La Plataforma Ecologista Madrileña ha formalizado una queja ante el Defensor del Pueblo contra la Dirección General de Emergencias de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid por lo que considera una “opacidad injustificada” en el acceso a los datos sobre incendios forestales. El colectivo denuncia que lleva más de un año intentando obtener información desagregada sobre las causas de los fuegos, especialmente los intencionados, y su distribución por municipios, sin recibir una respuesta efectiva por parte de la Administración regional.
La controversia comenzó en junio de 2025, cuando la organización solicitó a la Dirección General de Emergencias, a través de la Jefatura del Cuerpo de Bomberos, las estadísticas completas correspondientes a 2024. La Comunidad facilitó entonces los datos globales sobre el número de siniestros y la superficie afectada, pero dejó sin responder dos cuestiones que los ecologistas consideran esenciales: las motivaciones de los incendios intencionados y el número de fuegos registrados en cada municipio según su causa.
En lugar de proporcionar esa información, la Dirección General derivó a la Plataforma al Cuerpo de Agentes Forestales. El colectivo considera especialmente llamativa esta respuesta porque ambos cuerpos dependen de la misma estructura administrativa y, según denuncia, las estadísticas solicitadas corresponden al ámbito competencial de los Bomberos.
La historia se repitió en 2026. En marzo, la Plataforma volvió a solicitar los datos, esta vez correspondientes al ejercicio 2025. La respuesta de la Administración volvió a ser una derivación a los Agentes Forestales. En junio, tras dirigirse a la Jefatura de este cuerpo, los ecologistas recibieron una nueva contestación: la Comunidad sostuvo que la información debía solicitarse al Ministerio para la Transición Ecológica a través de la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF).
Sin embargo, al consultar el portal oficial del Ministerio, la organización comprobó que la base de datos estatal solo ofrece información actualizada hasta 2023. Es decir, la Administración madrileña habría remitido a los solicitantes a una fuente que todavía no dispone de los datos correspondientes a los dos ejercicios reclamados. Para la Plataforma, esta cadena de derivaciones configura un auténtico “laberinto burocrático” y supone un incumplimiento de las obligaciones de transparencia y de acceso a la información ambiental.
El colectivo llevó además el asunto al Consejo de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Durante la reunión plenaria celebrada el pasado 10 de julio, su vocal ecologista expuso el problema ante el viceconsejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior y el secretario general técnico. Ambos se comprometieron a interesarse personalmente por el caso. Más de un mes después, según denuncia la organización, no han recibido los datos ni una explicación sobre las razones por las que continúan sin facilitarse.
La Plataforma considera que la información solicitada no es meramente estadística. Conocer dónde se producen los incendios y, especialmente, cuáles son las motivaciones detrás de los fuegos intencionados resulta, a su juicio, fundamental para diseñar políticas de prevención eficaces. El objetivo es identificar posibles patrones y actuar sobre las causas antes de que se produzca el incendio.
Las cinco organizaciones que integran la Plataforma —ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, GRAMA, Jarama Vivo y Liberum Natura— reclaman ahora a la Consejería que entregue de inmediato los datos de 2024 y 2025. También advierten de que remitir a la ciudadanía a portales que carecen de información actualizada puede vulnerar el derecho de acceso a la información ambiental reconocido por la Ley 27/2006.
Con la intervención del Defensor del Pueblo, los ecologistas buscan poner fin a lo que califican de estrategia de “desgaste y ocultación” y recuperar un acceso a la información que, aseguran, funcionaba con normalidad hasta 2024.
Los ecologistas cuestionan el compromiso de Ayuso con la prevención: “Al final, cada cual hace lo que le da la gana”
La Plataforma Ecologista Madrileña considera que la respuesta de la Comunidad de Madrid ante los incendios forestales no puede limitarse a la presencia institucional durante las emergencias. “El compromiso político ante los incendios forestales es mucho más que una agenda de actos mediáticos de la presidenta del Gobierno”, sostienen las organizaciones, que reivindican políticas permanentes de protección y conservación del monte madrileño.
Uno de sus principales reproches se dirige a la falta de información. Según explican a ElPlural.com, Madrid se encuentra entre las comunidades que menos datos ofrecen sobre siniestralidad por incendios. Aunque actualmente existe “algo más de información”, denuncian que siguen sin publicarse estadísticas suficientes y que los datos agregados incluidos en el Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción dificultan conocer las causas y los municipios más afectados.
A esta carencia, añaden, se suma que desde 2025 la Dirección General de Emergencias no facilita datos sobre las motivaciones de los incendios intencionados ni sobre los municipios de origen y sus causas. Los ecologistas califican de “sesgada” la información disponible y ponen como ejemplo el incendio de 2025 que afectó a Tres Cantos y Madrid. Aseguran que, pese a que en el monte de Viñuelas se quemaron más de 1.000 hectáreas, los datos facilitados solo atribuyen a Madrid 93,59 hectáreas afectadas. “La deducción es que el incendio de Viñuelas (Madrid) se ha borrado de las estadísticas. Es inexplicable”, afirman.
La Plataforma también cuestiona algunas medidas anunciadas por el Ejecutivo autonómico, como el millón de euros destinado a sustituir arizónicas en setos. Recuerdan que ecologistas y bomberos llevan años alertando del riesgo de estas especies pirófitas y sostienen que “no debería recaer sobre las arcas públicas” una responsabilidad privada.
En materia urbanística, advierten de que la expansión de viviendas aisladas y construcciones dispersas puede incrementar el riesgo. Citan un estudio de 2018 que contabilizó 78.000 construcciones ilegales en suelo no urbanizable y alertan de que la cifra puede haber aumentado. Además, cuestionan el proyecto de Ley LIDER porque permitiría vivienda aislada en suelo rural y eliminaría la referencia actual a la prohibición de reclasificar suelo quemado durante 30 años.
Para la Plataforma, Madrid necesita reforzar la prevención, investigar las causas de los incendios, sancionar a los responsables y limitar las actividades de riesgo durante los periodos de peligro elevado. “La prevención no es arrasar nuestros montes para evitar que se quemen”, recalcan. Su conclusión es tajante: “Al Gobierno regional le queda mucho por avanzar para afirmar que tiene un compromiso real en la lucha contra los incendios”.
"Madrid es una de las comunidades autónomas con mayor porcentaje de causas desconocidas, al menos con la información que se nos facilitaba antes. Además de saber por qué se quema el monte hay que sancionar a los responsables, de eso no hay nada de información. Esto es muy escaso. Por el concepto de 'libertad' de la presidenta, al final, cada cual hace lo que le da la gana", concluyen.
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