El magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar ha desestimado el recurso presentado por el eurodiputado ultraderechista Alvise Pérez contra varias de las diligencias acordadas en la investigación sobre la financiación de la campaña con la que concurrió a las elecciones europeas de 2024. En un auto con fecha del 30 de julio, el instructor avala que la Policía rastree los monederos virtuales de criptomonedas vinculados al caso y mantiene los requerimientos de información dirigidos tanto al partido Se Acabó la Fiesta (SALF) como al Tribunal de Cuentas.
Las diligencias fueron solicitadas por el PSOE, personado en la causa como acusación popular, y están relacionadas con los 100.000 euros en efectivo que Alvise recibió de Álvaro Romillo, empresario del sector de las criptomonedas, pocas semanas antes de que se celebraran las elecciones europeas en las que SALF obtuvo representación. El juez considera que las actuaciones acordadas son necesarias para avanzar en la investigación y sostiene que se ajustan al objeto de la causa, para la que el Parlamento Europeo retiró el pasado mes de mayo la inmunidad parlamentaria de Alvise. Una de las principales pretensiones de la defensa del ultraderechista era impedir el rastreo de tres monederos de criptomonedas creados por Romillo, y sus abogados argumentaban que el eurodiputado nunca tuvo en su poder la llamada "frase semilla", la clave que permite acceder a los fondos, por lo que, a su juicio, no podía considerarse titular, poseedor ni disponer de esos activos. El Supremo, no obstante, ha rechazado este argumento y considera que el análisis de los monederos constituye una diligencia necesaria para esclarecer los hechos investigados.
Nuevas diligencias de la investigación
La investigación trata de determinar si parte de los recursos utilizados durante la campaña europea de 2024 pudieron proceder de fuentes que no fueron comunicadas al Tribunal de Cuentas. Entre las conversaciones mantenidas antes de los comicios, Alvise habría trasladado a Romillo, alevosamente, la necesidad de disponer de "fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas" para afrontar gastos relacionados con mítines, publicidad y otros actos electorales. Romillo, además, está investigado en la causa y también en otro procedimiento relacionado con una presunta estafa mediante criptomonedas.
Además del rastreo de los monederos, el instructor ha reclamado al representante legal de SALF diversa documentación contable de la formación. Entre ella figuran los libros de tesorería, balances, inventarios, cuentas de ingresos y gastos, movimientos bancarios, operaciones de capital y los justificantes correspondientes a los pagos realizados durante la campaña de las elecciones europeas. El Supremo también ha solicitado al Tribunal de Cuentas el informe de fiscalización y la documentación presentada por la formación política en relación con aquellos comicios. El magistrado sostiene que las tres diligencias están relacionadas con el objeto de la investigación y con los términos en los que la Eurocámara autorizó que Alvise pueda ser investigado judicialmente.
Los 100.000 euros de Romillo, en el punto de mira
La causa gira en buena medida alrededor de los 100.000 euros que Alvise recibió en efectivo de Romillo el 27 de mayo de 2024, apenas unos días antes de las elecciones europeas. Según las actuaciones incorporadas al procedimiento, el eurodiputado acudió a las oficinas de una de las empresas del empresario para recoger el dinero antes de iniciar una gira para promocionar su candidatura. SALF obtuvo finalmente tres escaños en las elecciones europeas.
Las conversaciones entre ambos son uno de los elementos que se investigan. En ellas, Alvise habría planteado la necesidad de disponer de dinero que no quedara sometido al control del Tribunal de Cuentas y habría hablado con Romillo de sus expectativas políticas y de la posibilidad de convertirse en una pieza decisiva para un eventual Gobierno del PP y Vox. Alvise declaró voluntariamente ante el juez del Supremo en julio del año pasado. En aquella comparecencia reconoció haber recibido los 100.000 euros en efectivo, que, según su relato, estaban distribuidos en fajos de billetes y fueron entregados dentro de una maleta deportiva.
El eurodiputado sostuvo que el dinero correspondía a su participación en un acto relacionado con las criptomonedas celebrado en el Hipódromo de Madrid y explicó que pretendía utilizarlo como un complemento económico ante su decisión de renunciar a parte de sus ingresos. Sin embargo, un informe policial incorporado a la causa cuestiona esta explicación. Los investigadores concluyeron que en las conversaciones entre Alvise y Romillo "no hay dato alguno" que permita acreditar que los 100.000 euros fueran el pago por un trabajo.
El atestado considera acreditada la entrega del dinero y sitúa su origen en la intención de financiar parte de la campaña electoral de SALF. Según la Policía, Romillo tenía además interés empresarial en atraer a seguidores de Alvise como potenciales clientes, aunque era consciente de que su actuación podía terminar contribuyendo a financiar al político.
Las cuentas personales de Alvise, también judicializadas
A su vez, la decisión judicial conocida ahora no cierra todas las diligencias solicitadas en la investigación. El magistrado todavía tiene pendiente pronunciarse sobre la petición del PSOE para acceder a los movimientos de las cuentas bancarias personales de Alvise desde 2023. La defensa del ultraderechista se opone a esta medida porque considera que supondría una investigación prospectiva, es decir, una búsqueda general de información sin una delimitación temporal suficientemente relacionada con los hechos investigados. Como alternativa, los abogados del eurodiputado plantean que, si finalmente se autoriza el análisis, se limite al periodo comprendido entre el 9 de abril y el 9 de junio de 2024, coincidente con la etapa en la que estuvo activa la agrupación de electores SALF que concurrió a las elecciones europeas.
La defensa también había solicitado que la instrucción terminara de forma inmediata y que el procedimiento pasara directamente a la fase de juicio oral. Sus abogados argumentaban que la investigación estaba provocando una "pena de banquillo" debido a la exposición pública y al impacto personal de las actuaciones judiciales. El Supremo tampoco acepta esta pretensión y mantiene abierta la fase de investigación.
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