Desde que se destapara la compra de un ático de “ultralujo” en el distrito de Chamberí por valor de 6,3 millones de euros, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, atraviesa una de sus crisis políticas más ásperas. 

El inmueble, de unos 485 metros cuadrados, fue presentado inicialmente como un espacio que podría utilizarse temporalmente como oficina durante las obras de rehabilitación de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia madrileña. Sin embargo, el propio equipo de Ayuso matizó posteriormente que el destino no estaba decidido ni previsto.

Este escándalo, oculto durante cuatro meses, ha evidenciado la perdida de apoyos políticos y mediáticos de la mandataria, especialmente entre aquellos que formaban parte de su área de influencia o confianza.

Son varios los medios de comunicación ―de toda índole editorial e ideológica― que publican informaciones sustentadas en testimonios internos del Partido Popular de Madrid que arremeten contra la gestión que se ha hecho de la crisis. Es decir, el malestar en el séquito no constituye una hipótesis completamente aislada. 

La presidenta y su principal asesor han optado por enrrocar su posición a través de publicaciones en redes sociales, evitando así su exposición mediática y la asunción de cualquier tipo de responsabilidad. No obstante, la dirección nacional del Partido Popular no parece dispuesta a asumir la crisis como propia. Tanto es así que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y sus principales escuderos ―Miguel Tellado, Ester Muñoz, Alma Ezcurra o Cuca Gamarra― evitan ofrecer la cobertura que brindaron en otras cruzadas de la baronesa 'popular'. 

Otras fuentes internas han afeado incesantemente la falta de decoro y la escasez de explicaciones al respecto. De hecho, son pocas las figuras con peso reconocido las que han acudido a su rescate. “Yo no lo entiendo”, llegó a confesar la portavoz adjunta del PP en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo.

Desde entonces, la Puerta del Sol ha lanzado una ofensiva de contraataque para reposicionar a la presidenta madrileña, quien ha multiplicado exponencialmente sus píldoras inflamadas e hiperbólicas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Prácticamente no ha pasado un solo día de agosto sin el mensaje de Ayuso, ya sea en redes sociales o en las distintas comparecencias públicas.

Los juegos del hambre

Ante este escenario, la reacción del entorno presidencial ha pasado también por intentar determinar de dónde proceden las informaciones que cuestionan la gestión del episodio. Desde el gabinete de la presidencia de la Comunidad de Madrid, consultado por ElPlural.com, se rebaja la existencia de una fractura interna y se cuestiona la utilización de testimonios anónimos para describir una supuesta guerra dentro del Gobierno regional. “Cuando ‘fuentes’ hable con nombre y apellido podré decir algo al respecto”, deslizan desde la cúpula madrileña.

La aseveración contiene una doble lectura política. Por un lado, el equipo presidencial rechaza que las informaciones sobre descontento interno puedan tomarse como prueba de una ruptura mientras sus protagonistas permanezcan en el anonimato. Por otro, revela que en Sol existe plena conciencia de que el problema ya no consiste únicamente en responder a la oposición o a los periodistas, sino también en controlar el flujo de información procedente del propio entorno político. 

El equipo de la presidenta niega una lluvia de cuchillos interna y asegura que el apoyo social de Ayuso sigue intacto. “Deberían haber estado en La Paloma para comprobar su grado de debilidad”, remarcan. No obstante, el episodio resulta especialmente delicado porque Ayuso ha construido buena parte de su fortaleza política sobre una capacidad particularmente eficaz para imponer agenda y absorber las crisis.

La cuestión adquirió además una dimensión orgánica cuandom el PP madrileño reclamó públicamente una mayor movilización de sus cuadros para defender a la presidenta. El mensaje interno para compartir contenidos favorables a Ayuso constituye un elemento documentado que permite constatar que la dirección regional percibía la necesidad de reforzar su defensa pública. 

Un precedente recurrente

El actual episodio tiene un precedente que permite dimensionar el desafío político al que se enfrenta Ayuso. En febrero de 2023, apenas tres meses antes de las elecciones autonómicas y municipales, la presidenta madrileña ya tuvo que afrontar una fuerte contestación social por la situación de la sanidad pública y la huelga de los médicos. Una segunda movilización de la llamada marea blanca, que reunió a más de 200.000 personas en las calles de Madrid, convirtió entonces la gestión sanitaria en uno de los principales focos de desgaste del Gobierno autonómico y en una amenaza para el objetivo de alcanzar la mayoría absoluta. 

Cuatro años después, con una nueva cita electoral en el horizonte, Ayuso vuelve a afrontar una crisis política de envergadura. El escenario, sin embargo, es sustancialmente distinto: ya no se trata de una contestación social vinculada a los servicios públicos, sino de una controversia institucional y patrimonial que ha abierto interrogantes sobre la gestión de recursos públicos y ha puesto a prueba la cohesión de su propio espacio político.

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