El Partido Popular (PP), autoerigido como garante de la independencia judicial, está bloqueando nuevamente el normal funcionamiento de un importante pilar de la Justicia. Los de Alberto Núñez Feijóo se niegan a renovar los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que han finalizado mandato y cuyo relevo corresponde decidir al Senado, donde los conservadores gozan de una mayoría absoluta. El proceder no es nuevo, pues la formación conservadora ya mantuvo bloqueado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante casi seis años, cuando se frustró su intento de “controlar la sala segunda”, la de lo Penal del Supremo, “por detrás”.
El tiempo de demora en el órgano garante de la Carta Magna alcanza ya los ocho meses y todo apunta a que el PP no piensa cambiar su postura hasta, por lo menos, que se produzcan las elecciones generales, que podrían no producirse hasta el verano de 2027. Génova 13 espera salir más reforzado de los próximos comicios y acometer, tras su celebración, una renovación más completa y beneficiosa, al contar con mejores números; no obstante, la versión oficial es la celebración de las diferentes citas con las urnas autonómicas.
Los parlamentos regionales, encargados de proponer a la Cámara Alta los nombres para los nuevos nombramientos, ya están constituidos, después del carrusel de Extremadura, Castilla y León, Aragón y Andalucía; sin embargo, la última excusa, aunque pueda no parecer creíble, es la celebración de la Virgen de la Bien Aparecida, celebración que el Parlamento cántabro y el Senado han presentado como justificación para dilatar los tiempos hasta más allá de septiembre. A la par, las principales cabezas del PP atacan al Constitucional y aseguran que está secuestrado por el Gobierno.
Un posicionamiento que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, lleva denunciando varios meses y que, este lunes, ha recordado, aprovechando la fecha. “Hoy hace ocho meses que el PP incumple la Constitución. Ocho meses sin renovar los cuatro Magistrados del Tribunal Constitucional que tocan al Senado con excusas baratas. Con el CGPJ estuvieron más de cinco años incumpliendo la obligación de renovación”, ha denunciado a través de sus redes sociales. “El PP en el Senado: numeritos, muchos; cumplir la Constitución Española, nada”, ha zanjado.
Por el momento, se desconoce si el Ejecutivo, el Ministerio de Justicia o el PSOE van a realizar algún movimiento para intentar conseguir la renovación, más allá de verbalizar y hacer públicas las quejas por la postura de la oposición. Desde el PP no han respondido, en el momento de publicación de esta noticia, a las preguntas realizadas por este medio, destinadas a averiguar las razones del bloqueo y la fecha que contemplan para iniciar los trámites.
Proceso de renovación del Constitucional
El Tribunal Constitucional está compuesto por doce miembros. Su renovación se prevé cada tres años por bloques de cuatro magistrados: un tercio corresponde al Congreso, otro al Senado y el tercero se lo reparten Gobierno y Consejo General del Poder Judicial. En los dos tercios que respectan a las Cortes Generales, la elección de los jueces requiere de una mayoría cualificada de tres quintos de cada Cámara, lo que busca fomentar el entendimiento entre las principales fuerzas, algo que en los últimos tiempos está brillando por su ausencia.
El mandato de los magistrados elegidos hace nueve años por el Senado concluyó el pasado 17 de diciembre y destaca que entre ellos está el actual presidente, Candido Conde-Pumpido, a quien el PP ha acusado reiteradamente de tumbar sentencias o avalar leyes para favorecer al PSOE y al Gobierno. Si bien ahora que pueden acometer la renovación y sustituirle, los conservadores son reticentes. Una decisión que puede responder a las mayorías necesarias en la Cámara Alta.
Tres quintos son 159 senadores y el PP cuenta con 143 sillones, lo que obligaría a los conservadores a negociar con otras formaciones, sin contar con Vox como muleta para saciar sus ansias de derechizar aún más la Justicia. Esta podría ser la verdadera razón que justificase que los de Feijóo estuviesen esperando a las próximas elecciones, en busca de una mayoría a superior en la Cámara Alta que le permitiese poner a dedo y sin negociar a los magistrados que considere.
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