El Gobierno de Ayuso ejecuta el 3% de los fondos europeos para vivienda y se declara incapaz de construir 990 pisos en cinco años

La vivienda se ha convertido en España en un problema de primer orden, especialmente en regiones donde el coste de la vida se ha encarecido significativamente como la Comunidad de Madrid. La Ley de Vivienda, nacida del Congreso de los Diputados, ve su aplicación circunscrita a las comunidades autónomas, por lo que los gobiernos del Partido Popular la omiten al ir en contra de los principios de defensa a ultranza del libre mercado con los que comulgan los de Feijóo. Por ello, en la Comunidad de Madrid, esa legislación ni está ni se la espera. Pero uno podría pensar que existen otros mecanismos para hacer frente a la crisis habitacional que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso sí tenga voluntad de aplicar. El primero que viene a la mente son los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), el principal instrumento financiero de la Unión Europea para que los Estados miembros se recuperen de la crisis del Covid-19, que hizo aterrizar en la Comunidad de Madrid una partida de 680 millones de euros para planes de vivienda. De todo ese dinero, El Confidencial publicaba en 2023 que se había ejecutado la irrisoria cantidad de un 1%, y en la actualidad, esa cifra solo ha ascendido a aproximadamente un 3%. A su vez, de las 992 viviendas que se prometieron en origen financiadas con estos fondos, se van a construir en plazo solo 358.

La previsión inicial que dio el Gobierno de la Comunidad de Madrid rozaba las mil viviendas de la mano de la Agencia de Vivienda Social (AVS). El límite de plazo para entregarlas con los fondos MRR es el 30 de junio de 2026. De las 992, solo 178 van a construirse completamente en plazo, un lote de Majadahonda con un presupuesto de 6.589.240 millones de euros y otras 180 en Móstoles están en duda porque terminarán al límite con 8.589.770 millones de euros presupuestados. Otros dos lotes de 90 y 71 viviendas en Villa del Prado y Móstoles respectivamente se finalizarán fuera de plazo, en el mes de agosto de 2026 y con presupuestos de 4.094.586 y 2.776.253 millones de euros respectivamente. Otros cuatro lotes de 58, 39, 240 y 136 viviendas en Guadarrama, Valdemoro y Rivas han sido directamente excluidos de la financiación MRR. En total, los lotes construidos han supuesto un gasto de 22.049.849 millones de euros, que suponen un 3,2% de los 680 millones de euros que recibió la Comunidad de Madrid para este propósito.

El portavoz de vivienda de Más Madrid, Jorge Moruno, interpelaba a la Directora General de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, María José Piccio-Marchetti Prado, sobre el asunto. "Corríjame si me equivoco. Se prometieron 992 viviendas públicas de la AVS con fondos del MRR, y con suerte se van a construir en plazo 358. Se han excluido unas 473 de cuatro partidas diferentes", señalaba. 

"Usted indica que eran 992 previstas. Así es, pero como somos una administración responsable, no vamos a comprometer con fondos europeos aquello que no seamos capaces de terminar en julio de 2026. Lo que hemos hecho ha sido ajustar aquellas que se van a financiar de esa manera y que se van a terminar en ese plazo. El resto también se van a ejecutar, pero con una financiación diferente", justificaba Piccio-Marchetti.

No obstante, el tema no se quedaba ahí y Moruno volvía a incidir en su preocupación: "Hay un punto en el que coincidiremos que es preocupante. Que una administracion del tamaño y riqueza de la Comunidad de Madrid no sea capaz de garantizar, en 5 años, la ejecución de dinero con el problema de emergencia habitacional que existe, es un problema. Que una administración como Madrid no pueda garantizar 992 viviendas en cinco años es un problema". Así las cosas, la CAM se declaraba incapaz de cumplir con sus promesas iniciales, y los fondos MRR no ejecutados serán previsiblemente destinados a los municipios para sus propios planes de vivienda.

"Blindan la ideología del rentismo"

De manera ajena a los fondos MRR y a la construcción de nuevas viviendas, pero también engrosando el problema del acceso a un hogar, está la cuestión de los elevados precios del alquiler. La Comunidad de Madrid, para hacer calar su relato y alegar que el problema no es tan acuciante, se basa en los datos del Observatorio de Alquiler, una entidad perteneciente a la inmobiliaria Alquiler Seguro, que fue expedientada en marzo por presuntas prácticas abusivas y propuesta para una multa de 3,6 millones de euros por parte del Ministerio de Consumo, y cuyo contenido está basado en datos de 2019 y 2021 sobre vivienda vacía, anteriores a la Ley de Vivienda. El propio Jorge Moruno explicaba que es "la principal fuente de información que Vox y el PP y sus voceros mediáticos utilizan como fuente para blindar la ideología del rentismo y atacar cualquier política que ellos consideran intervencionista".

Tal y como advertía Iván Auciello para Infolibre, "hay lugares donde directamente se cocinan datos", mismo sentido en el que hablan desde el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Cataluña (DESCA). "Las asociaciones llevamos tiempo reclamando un registro de datos estandarizados sobre esta materia", argumentaba Irene Escorihuela, su directora. Los cruces de acusaciones se han sucedido durante los últimos meses, y uno de los más recientes lo protagonizaba la vicesecretaria de Organización Territorial del PP, Carmen Fúnez, hacia el Gobierno central. La 'popular' aseguraba que la Ley de Vivienda de 2023 ha provocado que haya 120.000 viviendas menos en alquiler.

Tal dato se extrae del citado informe del Observatorio del Alquiler, vinculado a la empresa inmobiliaria Alquiler Seguro, que se dedica, precisamente, al arrendamiento de casas y que tiene un lema tan revelador como 'Protección a propietarios, 0% de morosidad'. Las proyecciones del texto se calculan en base a cuatro fuentes: sus registros, a los que no ofrecen acceso; información de colaboradores, que no se detalla; datos de propietarios particulares, sin especificar, y datos de otros portales, de los cuales tampoco aportan ningún dato.

Del mismo modo, el informe que utiliza el PP para hacer sus acusaciones afirma en otro punto que muchos propietarios han optado por dejar sus viviendas cerradas en lugar de alquilarlas. "En la ciudad de Barcelona, el Ayuntamiento realizó un censo de viviendas vacías en 2019 que señaló que suponían el 1,2% del parque total. Sin embargo, los datos más actualizados del Instituto Nacional de Estadística apuntan a que esa cifra se habría elevado ya al 9,3%, un incremento muy elevado de viviendas vacías que coincide con la Ley de Vivienda y la aplicación de las zonas tensionadas", señala el texto. No obstante, el dato del Ayuntamiento y la serie del INE son de 2021, anteriores a la Ley de Vivienda de 2023, por lo que el cambio porcentual no tiene que ver con la regulación. 

Por otro lado, tampoco se puede leer en el informe ninguna advertencia sobre un posible conflicto de intereses, ya que Alquiler Seguro es una empresa vinculada al sector de la vivienda, en el que tiene intereses económicos que pueden afectar a la credibilidad del contenido de su producción. A su vez, el Ministerio de Consumo abrió en el mes de marzo un expediente sancionador a la empresa por supuestas prácticas abusivas en la gestión de los alquileres, que ha desencadenado en los últimos días en la proposición, por parte de la cartera que dirige Pablo Bustinduy, de multar a la entidad con 3,6 millones de euros. Entre las prácticas señaladas, se estudiaba la presunta imposición a los inquilinos de contratar seguros y otros servicios adicionales no solicitados, lo que vulneraría la Ley por el Derecho a la Vivienda.