Carlos Mur, uno de los autores de los bautizados como protocolos de la vergüenza de la Comunidad de Madrid, consistentes en unos triajes que impidieron derivar pacientes de residencias a hospitales durante la pandemia del Covid-19, declara este lunes ante la justicia por su presunta responsabilidad en que 7.291 personas que fallecieron bajo esas condiciones pudieran recibir asistencia hospitalaria. Declarará en calidad de imputado, podrá hacerlo si lo desea telemáticamente desde Andorra y es ya la quinta vez que es llamado para comparecer, después de hasta cuatro demoras para recoger su testimonio.
Su declaración llega después que Francisco Javier Martínez Peromingo, considerado el ideólogo principal de los protocolos de estos documentos, compareciese ante la justicia el 9 de diciembre. En su declaración culpó a Mur de los posibles elementos discriminatorios de los textos que derivaron, presuntamente, en las 7.291 víctimas mortales.
Citado hasta en cuatro ocasiones, y a la quinta va la vencida
Como precedente a las declaraciones de Peromingo y de Mur, el pasado 26 de mayo de 2025 los dos estaban citados para comparecer como imputados en el Juzgado número 3 de Madrid, pero las declaraciones se suspendieron finalmente después de que los investigados alegasen que no se les había dado traslado de las actuaciones. Semanas más tarde, el 17 de junio, el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés suspendió las declaraciones de los que fueran altos cargos del Gobierno de Ayuso al decidir inhibirse en favor del Juzgado 3 de la capital regional, entendiendo que el mismo "estaba investigando con anterioridad los mismos hechos". Asimismo, el 10 de diciembre Mur debería haber hablado en el Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba, pero también alegó que no había recibido la notificación del Juzgado y, en consecuencia, no fue al organismo jurídico.
En su declaración, Peromingo se mostró en desacuerdo con los mencionados protocolos pese a ser uno de sus ideólogos, y señaló directamente a Mur, predecesor a su vez en el cargo. Concretamente, indicó que la orden de no derivar a los pacientes obedeció a una decisión discriminatoria a la que él se opuso. En sendas causas se estudia también si cometieron delitos de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria a personas enfermas que se encontraban en residencias durante la primera ola de la pandemia al aplicar los citados triajes.
En concreto, los altos cargos imputados son Carlos Mur, que figura como firmante de los protocolos que vieron la luz en marzo de 2020, a su vez director general de Coordinación Sociosanitaria del Ejecutivo madrileño; Francisco Javier Martínez Peromingo, ideólogo del triaje y sucesor de Mur en el puesto, ya mencionados ambos dos, y Pablo Busca Ostalaza como tercero en discordia, que era, en última instancia, máximo responsable del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112) en el momento de la pandemia. También se encuentran imputados los geriatras de enlace de los hospitales Gregorio Marañón y Puerta de Hierro, respectivamente.
"Denegación de prestación sanitaria"
Por su parte, la plataforma Marea de Residencias, que aglutina los clamores de los afectados por la gestión de la pandemia, pide a Mur que "tire de la manta" y cuente todo lo que sabe sobre lo ocurrido en pandemia en los centros de mayores de la Autonomía y que derivó en el fallecimiento de miles de personas sin obtener prestación sanitaria. Hace aproximadamente un año, esta organización denunció a los altos cargos de la Comunidad de Madrid por la comisión de un delito continuado de denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios.
Los afectados consideraban que se ha cometido, como mínimo, una infracción tipificada en el artículo 511 del Código Penal, sin que para su sanción sea necesario esperar a sus consecuencias, sino que basta simplemente con la denegación de la prestación para cometerlo. En concreto, entre los denunciados, además de Mur, Peromingo, Busca, y los geriatras de los centros, se incluye a Antonio Burgueño, autor del Plan de Choque contra la Pandemia aprobado por el Gobierno regional que incluía supuestamente una medicalización de las residencias que nunca se llevó a cabo.
El escrito, al que tuvo acceso ElPlural.com, contiene hasta 60 documentos. Buena parte de ellos ya había sido estudiado y publicado con anterioridad, pero existen otros inéditos, como algunos informes internos del Gobierno madrileño en los que se reflejaba día a día la situación en la que estaban los 475 geriátricos de la región. Estos informes empezaron a elaborarse desde el 18 de marzo de 2020, es decir, desde el mismo comienzo de la pandemia, y aportaban datos como el número de residentes positivos o aislados con síntomas de covid, el número de profesionales contagiados o en aislamiento domiciliario o las necesidades de personal que tenía cada centro. Dos de ellos eran elaborados a diario por parte de la Consejería de Políticas Sociales: uno con los datos de las 25 residencias de gestión pública y otro con las 450 residencias de gestión privada, y eran enviados todas las noches a la Consejería de Sanidad para la correspondiente adopción de medidas. Los denunciantes aportan hasta siete informes, fechados en los días 23 de marzo, 31 de marzo, 7 de abril y 15 de abril, pero solicitaban a la Fiscalía que pida todos los existentes.
Uno de los problemas principales que aquejan estos informes es la necesidad de personal. El texto explica la necesidad urgente de añadir "37 médicos, 146 enfermeros y 756 gerocultoras" a los servicios públicos. En cuanto a la decisión que prohibió el traslado de residentes a los hospitales, otro documento revela que empezó a aplicarse el 13 de marzo de 2020, y que el anuncio del Gobierno de Ayuso para "medicalizar las residencias" consistió, únicamente, en enviar 24 médicos y 25 enfermeras en marzo y abril de 2020, realizando una cobertura muy por debajo de las necesidades de personal de la región.
