Cinco años han pasado desde aquellos días oscuros en los que el miedo, la incertidumbre y el sonido de las ambulancias rompían el silencio de Madrid. Era marzo de 2020 y en las residencias de ancianos, donde la vida debería transcurrir con la dignidad que otorgan los últimos años, se libraba una batalla sin cuartel. No contra el virus, que avanzaba implacable, sino contra la indiferencia de un gobierno que decidió que algunos eran prescindibles. Cinco años después, la Comunidad de Madrid sigue sin asumir responsabilidades por lo que ocurrió en aquellos centros. Y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha optado por negar lo evidente: miles de ancianos murieron sin recibir la atención médica que podría haberles salvado.
Durante los meses de marzo y abril de 2020, las residencias de ancianos en Madrid se convirtieron en epicentros de la pandemia. Según datos oficiales, 7.291 residentes fallecieron en estos centros durante ese período. Sin embargo, la administración regional ha cuestionado esta cifra, reduciéndola a 4.100 fallecimientos, lo que ha generado polémica y desconfianza en la gestión de la información.
Los protocolos que decidieron quién vivía y quién no
Uno de los aspectos más controvertidos de la gestión de Ayuso fue la implementación de protocolos que impedían la derivación de residentes a hospitales. Estos documentos establecían criterios de exclusión basados en el grado de dependencia o deterioro cognitivo de los pacientes, lo que resultó en la denegación de atención hospitalaria a miles de ancianos. Esta medida ha sido calificada por diversos sectores como los "protocolos de la vergüenza" y ha suscitado indignación entre familiares y profesionales sanitarios.
Estos protocolos, que fueron revelados por distintos medios meses después, han sido negados en repetidas ocasiones por la presidenta madrileña, a pesar de que existen correos electrónicos y documentos internos que prueban su existencia. En su defensa, Ayuso ha afirmado que dichos protocolos "nunca se aplicaron" y que su gobierno "hizo todo lo posible" para atender a los residentes. Sin embargo, los testimonios de familiares, sanitarios y trabajadores de residencias desmienten categóricamente esta versión.
Las discrepancias internas en el gobierno regional se hicieron evidentes con la dimisión de Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales, en octubre de 2020. Reyero se opuso firmemente a los protocolos de exclusión y advirtió sobre las consecuencias éticas y legales de dichas directrices. Su renuncia puso de manifiesto las tensiones y la falta de consenso en la gestión de la crisis en las residencias.
‘7.291’, el documental que incomoda al gobierno madrileño
En el quinto aniversario de la pandemia, Ayuso ha negado la cifra de 7.291 fallecidos en residencias, calificándola como un "invento que agita la izquierda". Además, ha acusado al gobierno central de una "penosa gestión" del COVID-19 y de "inventarse" cifras para desprestigiar su administración. Estas declaraciones han sido percibidas como una estrategia para eludir responsabilidades y desviar la atención de las críticas hacia su gestión.
El documental 7.291, dirigido por Juanjo Castro, aborda la tragedia vivida en las residencias madrileñas durante la pandemia. Inspirado en el libro Morirán de forma indigna de Alberto Reyero, el documental recoge testimonios de familiares de fallecidos y analiza las decisiones políticas que llevaron a esta catástrofe. Su estreno ha reavivado el debate sobre la gestión de Ayuso y la necesidad de rendir cuentas por las muertes en las residencias.
Coincidiendo con la emisión del documental en RTVE, la Comunidad de Madrid envió una carta a la cadena solicitando la inclusión de un vídeo de Ayuso en el programa. El gobierno regional argumentó que el documental presenta un "marcado sesgo ideológico" y contiene "información que no se corresponde con la realidad". Esta reacción ha sido interpretada como un intento de controlar la narrativa y minimizar las críticas hacia su gestión.
A pesar del tiempo transcurrido, el debate sobre la gestión de Isabel Díaz Ayuso en las residencias sigue más vivo que nunca. Las cifras, las denuncias y los testimonios de familiares de víctimas ponen en evidencia una tragedia que, lejos de ser un capítulo cerrado, continúa generando dolor e indignación. La negativa de la Comunidad de Madrid a asumir responsabilidades y la estrategia de minimizar lo sucedido han provocado un clamor social que exige respuestas.
Ahora, cinco años después, la pregunta sigue en el aire y es la ciudadanía la que debe responder. ¿Cree que el Gobierno de Ayuso abandonó a su suerte a miles de ancianos en las residencias sin asistencia médica adecuada? Tu voto es importante para conocer qué piensa la sociedad sobre una de las páginas más sombrías de la pandemia.
