El pasado lunes, Más Madrid anunció que abandonaba la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, un órgano que, básicamente, se centra en la fiscalización del Gobierno de la Comunidad de Madrid y en la transparencia en favor de la ciudadanía, dos cuestiones que parecen no hacer mucha gracia al Partido Popular, quien insiste en controlarla e impedir que la izquierda forme parte de ella.
Raquel Huerta es diputada del partido que lidera Manuela Bergerot en sede parlamentaria y, de un tiempo a esta parte, el altavoz en la mencionada comisión desde las siglas progresistas. ElPlural.com ha hablado con ella para conocer más detalles sobre este veto constante que también ejerce aquí la administración Sol y las funciones más concretas que tiene la comisión.
Actualmente, la mesa del organismo sigue sin estar constituida porque la lideresa regional impide una y otra vez que la izquierda ocupe un sitio en ella. “Vox, que es quien ejercía la presidencia decidió renunciar, y nosotros hace aproximadamente seis meses empezamos a pedir que se pudiera hacer una votación de la presidencia de cara a que la comisión tuviera un funcionamiento normal”, explica.
Por lo tanto, como la ultraderecha renunció a este sillón, quedaba libre; un lugar que no puede recaer sobre el PP porque ya dispone de dos asientos. “Debe ser plural”, ratifica Huerta amparándose en los estatutos. Sin embargo, los ‘populares’ hacen oídos sordos y mantienen el modus operandi al que acostumbran en otros organismos fundamentales en la Comunidad, como la televisión pública Telemadrid o el Tribunal de Cuentas.
“La presidencia nos corresponde a nosotros o al PSOE, pero el PSOE apoya que sea Más Madrid quien ejerza la presidencia”, concluye. Con todo claro, la diputada afea el “bloqueo frontal y absoluto” del grupo popular que, consideran, solo obedece a un motivo.
Ni contratos menores, ni desiertos
“Están aterrorizados de que Más Madrid tenga la presidencia de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones con lo que ello conlleva”, apunta; y concreta: “El miedo a que podamos sacar otro caso Patio Campus u otro caso Formación Profesional”. “Es la única razón por la que ellos están bloqueando que podamos acceder a la presidencia de esa comisión que es importante”.
Más al detalle, el espacio “se encarga de auditar los contratos que se hacen de la Comunidad de Madrid”. “Desde el principio de la legislatura han limitado qué contratos podíamos llevar”, acentúa, ejemplificando que es en los contratos menores donde más trabas les han puesto: “No nos dejan llevarlos, con lo que eso supone”.
“Y últimamente estaban diciendo que tampoco podíamos llevar contratos que hubieran quedado desiertos. Lo están aprovechando para limitar, además, todos los trabajos que podemos hacer desde la comisión”, subraya. Por todas estas razones, Más Madrid quiere hacerse con la presidencia; para “que esto pueda empezar a cambiar”.
Vetar todo lo que comprometa a la presidenta
Más Madrid se hartaba esta semana de las prohibiciones impuestas desde el partido que gobierna con mayoría absoluta en la Autonomía, unas limitaciones, cuando no la más absoluta de las censuras, que la formación conservadora lleva a cabo en otros organismos -como se ha indicad-, pero también en todo lo que reúne cualquier mínimo atisbo de corrupción.
Así las cosas, la Comunidad de Madrid ha vetado históricamente desde que Ayuso está en el Gobierno investigar lo ocurrido en las residencias de mayores durante el Covid, los contratos en pandemia, cualquier situación relativa al jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, o al Hospital de Torrejón; ejemplo más claro, pero no el único, de la gestión sanitaria que lleva a cabo la administración con sede en la Puerta del Sol.
El Tribunal Constitucional dio la razón a la oposición
El Tribunal Constitucional ya ha dictaminado que esta forma de proceder por parte de la región capital no es correcta y que el Ejecutivo estaba vulnerando el derecho político, pero también ciudadano, a que los grupos de la oposición hagan su trabajo.
La sentencia del TC llegó después de un recurso de ampara de PSOE y Más Madrid, que no dejan de denunciar cómo la Mesa de la Asamblea -con mayoría absoluta del PP y cara más visible Enrique Ossorio- dinamita sistemáticamente iniciativas de las izquierdas que podrían señalar irregularidades en el equipo de la Ayuso o, al menos, comprometerla.
Pese a la decisión del órgano jurídico, en todo este tiempo el parlamento madrileño ha impedido que se investiguen los conocidos como protocolos de la vergüenza que impidieron el traslado de mayores a hospitales durante lo peor del coronavirus, las amenazas a periodistas por parte de Rodríguez o los negocios del novio de Ayuso, Alberto González Amador. Y esto son solo algunos ejemplos.
