El Partido Popular de la Comunidad de Madrid, que dirige Isabel Díaz Ayuso, pone trabas a quienes quieren ejercer la fiscalización de sus actividades. Por ello, Más Madrid anuncia que ha abandonado este lunes la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, el órgano de la Asamblea regional encargado de controlar la transparencia de los contratos públicos. Los de Manuela Bergerot aseguran que el PP ha vetado que cubran la presidencia de la Comisión, "como le corresponde" a su partido, y apuntan al "miedo a que Más Madrid siga investigando casos de corrupción".
El partido líder de la oposición pone pie en pared con la dinámica de impedir la investigación sobre sus irregularidades: "Más Madrid no seguirá participando en esta comisión si el PP sigue censurando e imposibilitando su trabajo con normalidad", aseguran. Este episodio es solo uno más de los muchos casos en los que el Ejecutivo regional ha puesto trabas a quienes se deben encargar de fiscalizarles. De las residencias al blindaje de los contratos Covid, pasando por Miguel Ángel Rodríguez y el Hospital de Torrejón, el PP de Ayuso ha convertido la mayoría en la Asamblea de Madrid en un dique contra las investigaciones incómodas.
Esta dinámica les valió sendos varapalos del Tribunal Constitucional, que sentenció que el PP estaba vulnerando el derecho de control parlamentario de los grupos de la oposición. Esto no ha terminado de eliminar esta estrategia de su libro de prácticas, como se demuestra este lunes, pero sí dejó una conclusión que les retrata: la Mesa de la Asamblea no puede usar el reglamento como coartada para impedir el control de la oposición.
El PP impide una vez más el control en la Asamblea
Esa sentencia del Constitucional estimó un recurso de amparo de PSOE y Más Madrid, que denunciaban cómo la Mesa de la Asamblea -que preside en mayoría absoluta el PP- bloqueaba sistemáticamente iniciativas de la oposición que podían señalar irregularidades del Gobierno de Ayuso. Los ejemplos no se terminan, pues la oposición recogían decenas de iniciativas para crear comisiones o pedir comparecencias, mociones y preguntas parlamentarias que no habían superado el filtro de la Mesa.
Uno de los motivos más recurrentes era que los grupos querían poner luz sobre la gestión sanitaria de Ayuso. En julio de 2021, nada más arrancar la anterior legislatura, PP y Vox impidieron que se retomara la investigación sobre las muertes en las residencias durante la pandemia. La negativa a investigar los "protocolos de la vergüenza" se agravó en los años siguientes, con hasta tres bloqueos a abrir comisiones sobre los contratos de emergencia relacionados con el Covid, en pleno escándalo por la operación de mascarillas vinculada al hermano de Ayuso.
La oposición siguió intentándolo, pidiendo en diciembre una comisión de investigación sobre la gestión de Ribera Salud del Hospital de Torrejón, después de que días antes se filtraran audios que apuntaban a que la empresa manipulaba las listas de espera para maximizar su beneficio económico. Una vez más la Mesa de la Asamblea lo rechazó.
Uno de los capítulos en los que más ahondaba la sentencia del TC fue el de Miguel Ángel Rodríguez. En 2024, el jefe de gabinete de Ayuso amenazó a periodistas que trataban de investigar las actividades de Alberto González Amador, novio de la presidenta. En respuesta, la oposición quiso poner a la baronesa frente al espejo en la Asamblea: el PSOE registró cinco preguntas parlamentarias, y Más Madrid propuso su destitución a través de mociones, exigió una condena institucional y el compromiso de la Comunidad de Madrid con la libertad de prensa y contra las amenazas de Rodríguez, y exigió su comparecencia ante la Cámara de Vallecas.
Como ya era costumbre, el 22 de marzo la Mesa de la Asamblea tumbó estas iniciativas, escudándose en que Miguel Ángel Rodríguez no era un miembro del Gobierno, sino un asesor o alto cargo de gabinete, y que por tanto esas iniciativas no debían tramitarse de esa manera. Sobre esto, el Constitucional resolvió en 2026 que la Mesa se debe limitar a analizar cuestiones formales de las mociones, y no puede actuar como filtro político para evitar una discusión incómoda sobre el entorno de Ayuso.
